Cientos de empresas reclaman indemnizaciones por las restricciones en Catalu?a

Centenares de empresas catalanas han iniciado procesos para intentar ara?ar indemnizaciones de las administraciones por los efectos de las restricciones que tomaron para frenar la propagaci¨®n de la covid. La complejidad del proceso y la incertidumbre sobre los resultados en una situaci¨®n de fuerza mayor est¨¢n generando dudas a la hora de dar el paso. Despachos de abogados y plataformas especializadas est¨¢n dirigiendo un procedimiento con diferentes estrategias judiciales, aunque todo apunta a que todas acabar¨¢n, tras a?os de espera, en el mismo sitio: el Tribunal Supremo.

El secretario general del Gremio de Empresarios de Discotecas de Barcelona y Provincia, Ram¨®n Mas, explica que la organizaci¨®n est¨¢ buscando diferentes puntos de vista de abogados para trasladarlos a sus asociados y darles m¨¢s argumentos con los que poder decidir. En su opini¨®n, ¡°las empresas m¨¢s grandes, que tienen que soportar unos costes fijos mayores probablemente s¨ª que lo hagan, quiz¨¢s las peque?as no lo tengan tan claro¡±. El director del Gremio de Restauradores de Barcelona, Roger Pallarols, defiende que se trata de ¡°una reclamaci¨®n claramente fundamentada¡±, pero tambi¨¦n asume que ¡°no existe certeza absoluta¡± sobre cu¨¢l puede ser el resultado de las demandas, que deben seguir dos v¨ªas: primero la reclamaci¨®n previa a las administraciones (que deben responder en un m¨¢ximo de seis meses) y, tras su negativa, apelar a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

El tiempo apremia y, aunque ya se han presentado las reclamaciones preliminares ante la Administraci¨®n del Estado, ser¨¢ en los pr¨®ximos meses cuando se produzca la gran cascada de procedimientos. Una de la cuesti¨®n que puede influir es c¨®mo llega a los afectados los 11.000 millones de euros de ayudas anunciadas por el Gobierno, de los que la Generalitat podr¨¢ gestionar poco menos de 1.000 millones.

Empresarios y abogados piensan en dos tipos de recursos econ¨®micos que se podr¨ªan recuperar, aunque sean parcialmente. Por un lado, los costes fijos que han tenido que seguir sufragando pese a tener el negocio cerrado o con restricciones que limitaban parcialmente su negocio. En esa partida se incluyen desde los alquileres hasta los suministros b¨¢sicos, pero ha entrado incluso la posibilidad de incluir en esas partidas los expediente de regulaci¨®n temporal de empleo (ERTE) o los cr¨¦ditos ICO (con el pago de intereses) que no se tendr¨ªan que haber solicitado de no ser por la afectaci¨®n de la pandemia. Adem¨¢s de esos gastos est¨¢ el lucro cesante, ese beneficio que se ha esfumado en el ¨²ltimo a?o a causa de la asunci¨®n de las restricciones. Se cuantifica asumiendo como referencia los ingresos en los tres ejercicios previos al inicio del estado de alarma. La necesidad de cuantificar ese impacto ha obligado a activar a peritos para calcular las p¨¦rdidas ocasionadas a cada empresa, que tiene que presentar su demanda de forma individualizada.

Diego Solana, socio del despacho Cremades y Calvo Sotelo, asume que el r¨¦gimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones p¨²blicas excluye las causas de fuerza mayor por su car¨¢cter imprevisible, pero considera que tienen una opci¨®n que puede ser exitosa y, sobre todo, defiende que en situaciones an¨®malas como la actual se puede llegar a crear nueva jurisprudencia. La defensa de su despacho, que lleva varios centenares de casos en Catalu?a, se basa en el art¨ªculo 3.2 de la ley de 1981 que rige los estados de alarma: ¡°Quienes, como consecuencia de la aplicaci¨®n de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, da?os o perjuicios o actos que no les sean imputables, tendr¨¢n derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes¡±.

Restricciones y sin ayudas

La plataforma Peacovid-19 argumenta su demanda ¡°por base constitucional y legalidad ordinaria¡±, explica uno de sus fundadores y arquitecto jur¨ªdico, Juli Prat. ¡°Hemos visto ayudas irrisorias, que no llegar¨¢n a cubrir el 2% del da?o, y que casi se convert¨ªan en t¨®mbolas¡±, se?ala el exdiputado de Ciutadans Jean Castel, actualmente secretario general de la plataforma, que tambi¨¦n se centra en primera instancia en reclamaciones patrimoniales dirigidas al Consejo de Ministros. En el caso de Peacovid-19 en diciembre pasado lanzaron las primeras reclamaciones, al haberlas dividido en diferentes periodos, en funci¨®n del marco general que determinaba las restricciones.

La estrategia que est¨¢ siguiendo, en cambio, el despacho que defiende a clubes y entidades deportivas es diferente. En su caso, se centra en las medidas que ha tomado la Generalitat como autonom¨ªa con las competencias delegadas durante la pandemia, tomadas de forma conjunta por los consejeros de Salud e Interior y con el concurso del Procicat. ¡°No fue el Estado el que tom¨® las decisiones en Catalu?a a partir de junio y la cuesti¨®n es que quien las tom¨® no contaba con las condiciones para tomarlas¡±, se?ala Silvia Requena, abogada de Interpartes, quien cuestiona que los argumentos para afectar a unos tipos de servicios y no otros ¡°no se ajustan a una explicaci¨®n normal: fueron arbitrarios¡±. Requena cuestiona, por ejemplo, que se cerraran gimnasios pese a que en esas instalaciones se hayan registrado pocos contagios.