El Sindicato de Inquilinas anuncia las dos primeras huelgas de alquiler en dos edificios en Catalu?a
Vecinos de fincas de Salou y Sentmenat han comenzado o se disponen a dejar de pagar el alquiler a la propiedad y lo ingresar¨¢n en una cuenta com¨²n
Tres semanas despu¨¦s de la masiva manifestaci¨®n que pidi¨® en Barcelona una bajada del precio de los alquileres y que apuntaba a la convocatoria de una huelga de alquileres, el Sindicato de Inquilinas ha presentado este mi¨¦rcoles el caso de los dos primeros edificios de Catalu?a que recurrir¨¢n a esta f¨®rmula para mejorar la situaci¨®n de sus inquilinos. Son dos inmuebles de Salou (Tarragona) y Sentmenat (Barcelona) que en origen eran de protecci¨®n, promovidos por la obra social de La Caixa y ahora gestionados por InmoCriteria, a quienes los inquilinos llevaron a los tribunales por supuestas cl¨¢usulas abusivas en sus contratos. En el caso de Salou, el edificio acaba de ser comprado por la Generalitat. Los vecinos han comenzado o se disponen a protagonizar en marzo huelgas que consisten en dejar de pagar el alquiler a la propiedad, pero lo ingresar¨¢n en una cuenta com¨²n. El objetivo es presionar para mejorar sus condiciones.
En Salou (Tarragona), las viviendas se han comenzado a desclasificar de su condici¨®n de protegida en los ¨²ltimos a?os y ha sido comprada por la Generalitat para blindar a las familias que quedan. De 80 pisos que tiene la finca, hay 40 vac¨ªos y el resto siguen alquilados o algunos se vendieron. En total, son 23 las familias que se han sumado a la protesta, el 62% de los inquilinos. La vecina Kika Aguilera ha explicado que ¡°desde hace cuatro a?os InmoCriteria no ha renovado contratos cuando finalizaban¡±. ¡°Han ido a saco amenazando para que nos march¨¢ramos: que nos embargar¨ªan la cuenta, que nos desahuciar¨ªan, que tendr¨ªamos que pagar los costes del juicio...¡±, relata Aguilera, que lleva dos a?os sin contrato, desde que se le acab¨®, pero ingresa cada mes el alquiler en una cuenta corriente. En el edificio de Salou la huelga consiste en devolver los ¨²ltimos dos recibos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que la propiedad ha cobrado irregularmente: el cobro del IBI en vivienda protegida fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo y los inquilinos de Salou dejan de pagar, por ahora, los dos ¨²ltimos recibos, a la espera de si la Generalitat elimina las cl¨¢usulas abusivas cuando comience a gestionar las viviendas.
El Sindicato de Inquilinas asegura que InmoCriteria ¡°ha cobrado m¨¢s de 10 millones de euros en concepto de IBI solo en Catalu?a¡±. Fuentes de InmoCriteria responden que no comentan la situaci¨®n, que ¡°se est¨¢ estudiando caso a caso¡±. Sobre la compra por parte de la Generalitat, aseguran que no se ha formalizado todav¨ªa.
En el caso de Sentmenat (Vall¨¨s Occidental), la inquilina Marta Carrillo ha explicado que la idea es comenzar la huelga el pr¨®ximo 1 de marzo y que se han fijado como condici¨®n que se sume a la protesta un 25% de los inquilinos, una cifra que, asegura, alcanzar¨¢n. ¡°Hemos creado un registro de huelguistas, porque en la asamblea de ayer [por el martes por la noche] faltaba gente. Nuestra huelga consistir¨¢ en ingresar los recibos en una cuenta mancomunada y comunicarlo a La Caixa, y a servicios sociales o la Agencia de la Vivienda en el caso de personas que reciban ayudas¡±. ¡°Somos dos promociones de vivienda protegida, todav¨ªa vigente, que llevamos a?os de asedio, falta de mantenimiento, precios abusivos, y hasta 16 cl¨¢usulas abusivas en los contratos que firmamos personas que cumplimos los criterios para solicitar vivienda p¨²blica¡±, ha a?adido y ha pedido que la Generalitat compre todas las fincas de InmoCriteria.
¡°La revuelta de las llaves¡±
El portavoz del Sindicato, Enric Aragon¨¨s, ha asegurado que estas propuestas son ¡°los primeros pasos de un movimiento huelguista que sale del clamor que se escuch¨® en la manifestaci¨®n Ni un euro m¨¢s, huelga de alquileres¡± y que ha calificado de ¡°revuelta de las llaves¡±. Aragon¨¨s ha se?alado que estas dos fincas forman parte del paquete de vivienda protegida de alquiler que la antigua obra social de La Caixa promovi¨® entre 2002 y 2012 y ahora gestiona InmoCriteria. En total son 38 promociones en municipios de Catalu?a. ¡°La huelga es un acto de desobediencia colectiva de retenci¨®n del pago del alquiler, como medida de fuerza para negociar una mejora de las condiciones¡±. El Sindicato exige a la Generalitat que compre todas las fincas, la paralizaci¨®n de los desahucios previstos y la retirada de cl¨¢usulas abusivas.
Estas promociones forman parte del paquete que, a trav¨¦s del Sindicato, present¨® una demanda colectiva contra InmoCriteria pidiendo la nulidad de lo que considera ¡°cl¨¢usulas abusivas¡± en los contratos de alquiler de centenares de inquilinos de un total de 37 fincas repartidas en 23 municipios catalanes (entre las que ahora secundan la huelga) y que en origen hab¨ªan sido de protecci¨®n oficial. Entre las cl¨¢usulas denunciadas, sobre las que se busca que se declare la nulidad, la organizaci¨®n cita la obligaci¨®n de que los inquilinos paguen gastos, el Impuesto de Bienes Inmuebles, un seguro de impago, que deban ingresar el alquiler en una cuenta de CaixaBank o que domicilien la n¨®mina o la pensi¨®n en la misma entidad financiera.
El Grup d¡¯Habitatge de Sants logra frenar el mismo d¨ªa dos de los tres desahucios previstos
El barrio barcelonés de Sants ha sido este miércoles el escenario de tres intentos de desahucio, de los cuales solo uno se ha ejecutado. Montserrat, de 75 años y enferma de cáncer, ha cedido ante la Promotora Coliseum, que se ha negado a renovar el contrato tras 50 años residiendo en el mismo piso. Javier, quien en 2020 perdió el empleo en plena pandemia y al finalizar su contrato, la finca de la calle de Bacardí la adquirió el fondo de inversión Second House. El lanzamiento se ha paralizado a la espera de acceder a un alquiler social. El tercero y el que más manifestantes ha congregado, alrededor de un centenar, ha sido el de Abdul y sus tres hijas, todas menores de edad. Finalmente y tras una ardua negociación con la propiedad, activistas del Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) han forzado un aplazamiento de seis días, ya que la menor de las tres se encontraba en el inmueble y estaba enferma. También está pendiente de obtener el asilo político por haber tenido que huir de Marruecos, donde estaba amenazado por su tarea como activista.
Hacia las 11.30, un grupo de aproximadamente 100 personas han bloqueado el paso de la calle de Sugranyes, donde residen Abdul y sus hijas desde hace cinco meses. El pasado noviembre le llegó la orden de desahucio, pero la presión del GHAS ha logrado frenarlo durante seis días. “Llevo semanas negociando con el propietario, que dispone de los 15 pisos que conforman el bloque. Le ofrecí pagar el límite de alquiler que marca la nueva regulación de los alquileres y se negó”, ha defendido Abdul. Todo apuntaba a que el propietario llegaría a un acuerdo con Abdul, ya que este dispone de dos avales, quienes también se han personado en la concentración, pero tampoco ha surtido efecto. El administrador de la finca, la procuradora y el representante legal de la propiedad no han accedido y han asegurado que “no darán marcha atrás” al ser un proceso que, en palabras del administrador, se ha alargado demasiado.
Desde el GHAS han denunciado coacciones de la comitiva judicial para que Abdul firmara el documento que prorroga el desahucio hasta el 17 de diciembre. “Es un mecanismo de desgaste que utilizan para que los afectados cedan ante la presión. Tanto la comitiva como los Mossos han sido muy agresivos porque no le han dado ningún margen de maniobra”, han resaltado al finalizar la protesta.
El Servicio de Intervención en Procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) ha ofrecido a Abdul que se incorpore al programa Reallotgem, dependiente de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y que capta inmuebles del mercado privado en condiciones de habitabilidad para ampliar el parque de vivienda social disponible. La agencia alquila directamente la vivienda y garantiza a la propiedad un contrato de arrendamiento de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos actualmente en vigor.
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