La justicia mantiene que el PP tiene derecho a acceder a los datos de las subvenciones al hermano de Ximo Puig

La sala especial de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado el recurso presentado por la Agencia Antifraude y ratifica la sentencia, dictada en 2020, que reconoce el derecho del PP a acceder a la documentaci¨®n sobre las subvenciones otorgadas por la administraci¨®n valenciana a las empresas de Francis Puig, hermano del presidente Ximo Puig. De esta manera, la justicia da la raz¨®n, por tercera vez, a los populares, que esgrimen la vulneraci¨®n del derecho a la participaci¨®n pol¨ªtica por la negativa a entregar dicha documentaci¨®n.

Las subvenciones a las empresas de Francis Puig est¨¢n siendo investigadas por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Valencia, que dirige las pesquisas ante un presunto fraude de subvenciones. La petici¨®n de informaci¨®n se remonta a 2019 cuando, tras una denuncia a las empresas de comunicaci¨®n del imputado, el PP solicit¨® a la Agencia Antifraude la documentaci¨®n sobre las ayudas investigadas. La Agencia, una entidad adscrita a las Cortes valencianas y creada para impulsar la ¨¦tica pol¨ªtica y prevenir la corrupci¨®n, se neg¨® a aportar la documentaci¨®n a los populares alegando que pod¨ªa comprometer las actuaciones para esclarecer los hechos. El PP acudi¨® entonces a los tribunales. El TSJ le dio la raz¨®n en una primera ocasi¨®n, en una sentencia que dict¨® que la negativa de Antifraude vulneraba el derecho a la participaci¨®n pol¨ªtica. La Agencia recurri¨® entonces ante el Supremo y ante la sala especial del TSJ. El Supremo, en febrero de este a?o, rechaz¨® el recurso e incluso le conden¨® a pagar las costas, al igual que ha hecho ahora el Tribunal Superior de Justicia.

La investigaci¨®n judicial se centra en las subvenciones otorgadas, entre 2015 y 2018, por la Generalitat valenciana y la de Catalu?a a las empresas Comunicaci¨® dels Ports y Mas Mut Produccions, de las que Puig es consejero Delegado y administrador. Seg¨²n el propio director de la Agencia Valencia Antifraude, Joan Llinares, la cifra total de la suma de los expedientes de contrataciones de la Generalitat Valenciana adjudicados a Francis Puig que est¨¢n bajo investigaci¨®n judicial, asciende a ¡°entre 520.000 y 530.000 euros¡±.

Ambas empresas han obtenido desde 2015 ayudas econ¨®micas para el fomento del valenciano. Seg¨²n se?al¨® el PP en la denuncia presentada a la consejer¨ªa de Educaci¨®n, con el fin de que se devolvieran las ayudas, los datos aportados por Francis Puig en la solicitud de las subvenciones, que se conced¨ªan en consonancia a la audiencia de los medios, no son cre¨ªbles. Adem¨¢s apuntan a que en la documentaci¨®n se aprecian otros indicios de irregularidad: ¡°personas cuyo salario se utiliza como gasto duplicadamente en distintas partidas, medios de comunicaci¨®n que comparten contenidos pero reciben subvenci¨®n separadamente¡±, por lo que apuntan a la duplicidad de las facturas. ¡°Tambi¨¦n llama la atenci¨®n la relaci¨®n de gastos de que disponen las mercantiles para la obtenci¨®n de las subvenciones pues la mayor¨ªa de los gastos se encuentran duplicados e, incluso, triplicados¡±, sostienen.