La federaci¨®n de gais y lesbianas alerta de que el pacto PP-Vox en Baleares los deja indefensos en casos de discriminaci¨®n

El acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para hacer presidenta de Baleares a Marga Prohens, investida la tarde de este jueves con la abstenci¨®n de los ultras, contiene una frase que ha pasado casi desapercibida, pero que para la federaci¨®n estatal LGTBI deja al colectivo indefenso ante actos discriminatorios: ¡°Se revertir¨¢ la inversi¨®n de la carga de la prueba¡±. Figura al final del punto 81 de los 110 que contiene el pacto, tras el compromiso de ambos partidos de ¡°garantizar la protecci¨®n de las mujeres en espacios de intimidad, como vestuarios o ba?os,¡± y de evitar que sean discriminadas en competiciones deportivas o empleos p¨²blicos reservados al sexo femenino. Es decir, impedir que accedan a ellos mujeres trans o, como dice Santiago Abascal, ¡°hombres que se autoperciban mujeres¡±. Prohens ha sido investida con los 26 diputados de su partido y la abstenci¨®n de los 8 de Vox, y con el voto contrario de los 25 diputados de la oposici¨®n, compuesta por PSOE, M¨¦s y Podemos.

A cambio de la abstenci¨®n de Vox, Prohens se ha comprometido, adem¨¢s, a modificar la ley auton¨®mica contra la LGTBIfobia, aprobada por amplio consenso en 2016. Esta norma contiene un art¨ªculo, titulado precisamente Inversi¨®n de la carga de la prueba, seg¨²n el cual, cuando haya ¡°indicios fundamentados¡± de que alguien ha sido discriminado por raz¨®n de su orientaci¨®n sexual o identidad de g¨¦nero, corresponder¨¢ al denunciado aportar ¡°una justificaci¨®n objetiva y razonable de las medidas adoptadas y su proporcionalidad¡±.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, eso significa que si alguien impide a una persona LGTBI acceder a un local p¨²blico, se niega a darle un servicio o una prestaci¨®n a la que tenga derecho y existen ¡°indicios fundamentados¡± de que esta negativa responde a su orientaci¨®n sexual, ser¨¢ el demandado quien tendr¨¢ que justificar por qu¨¦ act¨²a as¨ª. Este principio no se aplica a los procedimientos penales y tampoco a los expedientes administrativos sancionadores. No se trata de castigar conductas hom¨®fobas, sino, antes de llegar a ese punto, de obligar a quienes act¨²en de modo aparentemente discriminatorio a dar explicaciones de su conducta.

Uge Sangil, presidenta de la Federaci¨®n Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y m¨¢s (FELGTBI+), advierte de que el pacto entre el PP y Vox es ¡°muy preocupante¡±, pues coloca en una ¡°situaci¨®n de indefensi¨®n¡± a las personas discriminadas por su orientaci¨®n sexual. ¡°Es muy raro que alguien te diga expresamente que no te deja pasar a un local o no te atiende porque eres gay. Es m¨¢s frecuente que te discriminen sin decirte por qu¨¦ y, si la ley no les obliga a hacerlo, es casi imposible demostrar que es por tu orientaci¨®n sexual¡±.

En teor¨ªa, la supresi¨®n de este art¨ªculo en la ley auton¨®mica no deber¨ªa desproteger a los miembros del colectivo LGTBI+ en Baleares, pues la ley trans del Estado, de febrero de este a?o, lo reproduce de manera casi textual. Sin embargo, el acuerdo entre PP y Vox en Baleares tambi¨¦n incluye el compromiso de ambos partidos de ¡°exigir la derogaci¨®n¡± de la ley estatal.

Si esta decayera tambi¨¦n, a¨²n quedar¨ªa la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminaci¨®n de julio de 2022, m¨¢s conocida como ley Zerolo, en homenaje al exdirigente socialista y activista homosexual, que ampli¨® la llamada inversi¨®n de la carga de la prueba a todos los casos de discriminaci¨®n; no solo por raz¨®n de orientaci¨®n sexual, sino tambi¨¦n de nacimiento, sexo, raza, religi¨®n, opini¨®n, edad, discapacidad o cualquier otra. Adem¨¢s, en la Ley Org¨¢nica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, de 2007, se recoge el mismo principio: la necesidad de que sea el demandado el que justifique cualquier discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo.

El motivo por el que esta cl¨¢usula se repite en tantas leyes espa?olas es porque se deriva de una directiva europea, de 15 de diciembre de 1997, ¡°relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminaci¨®n de sexo¡±. Esta directiva, de obligado cumplimiento para Espa?a, se?ala que cuando una persona presente ¡°hechos que permitan presumir la existencia de discriminaci¨®n directa o indirecta, corresponde a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneraci¨®n del principio de igualdad de trato¡±.

Esta directiva se refiere a la discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo, pero fuentes jur¨ªdicas estiman que, en el marco de la legislaci¨®n europea y los tratados internacionales, es aplicable a cualquier otra forma de discriminaci¨®n. Por eso, las mismas fuentes se preguntan si el PP quiere desmontar esta salvaguarda de defensa para todos los colectivos, incluidos mujeres y discapacitados; o solo para las minor¨ªas sexuales, lo que supondr¨ªa una forma de discriminaci¨®n.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo, considera que la denominaci¨®n inversi¨®n de la carga de la prueba es incorrecta jur¨ªdicamente, pero advierte de que, aunque PP y Vox deroguen una a una todas las leyes citadas, cualquiera que discrimine a otro estar¨¢ obligado a explicar por qu¨¦ lo hace si no quiere ser castigado, ya que el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n espa?ola proh¨ªbe cualquier forma de discriminaci¨®n.