Galicia pelea en Madrid por la demanda hist¨®rica que m¨¢s la une: la gesti¨®n y gratuidad de la AP-9
El PP de Rueda, BNG y PSdeG-PSOE intentan por cuarta vez que el Congreso apruebe una ley que acabe con los peajes ¡°inasumibles¡± de la autopista que conecta al 60% de los gallegos

Pocas reivindicaciones concitan mayor acuerdo en Galicia, desde A Coru?a a Vigo, que la gratuidad de la AP-9, la autopista de peajes desbocados que vertebra la franja atl¨¢ntica en la que vive el 60% de la poblaci¨®n. Se abri¨® en los albores de la democracia e iba a ser liberada de pago en 2013, pero decisiones de gobiernos del PSOE y del PP han condenado a sus 25.000 conductores diarios a seguir pagando hasta 2048 un total de 25 euros por recorrer 220 kil¨®metros y a cargar con continuas subidas de tarifas. Los portavoces de los tres partidos con representaci¨®n en el Parlamento gallego han defendido este martes en el Congreso de los Diputados una ley para traspasar la v¨ªa a la Xunta y acabar con sus peajes ¡°inasumibles¡±.
La tramitaci¨®n de la norma ha salido aprobada con 309 votos a favor y 33 noes de Vox. Es el cuarto intento en ocho a?os y habr¨¢ que ver si esta vez el barco llega a puerto. Alberto Pazos (PP) ha alertado contra un posible bloqueo del Gobierno de Pedro S¨¢nchez porque el ministro de Transportes, ?scar Puente, ya ha puesto pegas a la petici¨®n. Ana Pont¨®n (BNG) ha reprochado al PSOE que utilice ¡°sin ning¨²n rubor¡± las ¡°excusas¡± que en su d¨ªa esgrimi¨® el Ejecutivo de Mariano Rajoy para cuestionar la transferencia. La AP-9 ¡°ya est¨¢ pagada, deber¨ªa ser nuestra¡±, ha reivindicado, por su parte, el socialista Jos¨¦ Ram¨®n G¨®mez Besteiro, que denuncia la ¡°sangr¨ªa¡± que esta v¨ªa de peaje supone para ¡°las econom¨ªas familiares y la competitividad empresarial¡±.
El traspaso de la AP-9 estaba ya en el programa electoral de Alberto N¨²?ez Feij¨®o cuando en 2009 se present¨® por primera vez a la Presidencia de la Xunta. El representante del PP de Alfonso Rueda, que se ha expresado en gallego pese a la oposici¨®n de su partido al uso en el Congreso de las lenguas cooficiales, ha citado unas palabras de su l¨ªder, ausente en su esca?o, para reclamar que Galicia ¡°no puede conformarse con menos¡± de lo que ya disfrutan otras comunidades. ¡°Se?or¨ªas, atiendan la llamada y Galicia sabr¨¢ reconocerlos entre los buenos y generosos¡±, ha emplazado Pazos en alusi¨®n a la letra del himno gallego. Vox rechaza la medida y acusa a los populares de ¡°mimetizarse con el nacionalismo¡±: ¡°Nosotros tendremos cero esca?os [en Galicia], pero no nos vendemos¡±.
PP y PSOE se culpan mutuamente de los a?os transcurridos desde que se plante¨® esta demanda por primera vez. Para la nacionalista Pont¨®n, la demora se explica porque ¡°las fuerzas estatales se alternan en la discriminaci¨®n a Galicia¡± y recuerda que el millonario rescate de las radiales de Madrid se ejecut¨® ¡°sin problema¡± porque la petici¨®n vino ¡°de la banca y las grandes constructoras¡±.
Bruselas investiga si la concesi¨®n es ilegal
El traspaso de la autopista a la Xunta no es la ¨²nica v¨ªa que se ha abierto para intentar levantar las barreras de la AP-9. La Comisi¨®n Europea (CE) tramita un expediente contra Espa?a que puede acabar en la anulaci¨®n de la concesi¨®n. Bruselas investiga si la pr¨®rroga del contrato con la concesionaria que aprob¨® el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar fue ilegal, ya que no se convoc¨® un concurso p¨²blico. ¡°Cada vez estamos m¨¢s cerca de la anulaci¨®n de la concesi¨®n. La CE se ha puesto seria con esto¡±, asegura Diego Mara?a, portavoz y fundador de la asociaci¨®n de consumidores En Colectivo que denunci¨® ante la UE.
Bruselas ha enviado una segunda carta de emplazamiento al Gobierno de Espa?a por la supuesta ilegalidad del contrato y le ha dado hasta finales de este mes para presentar alegaciones. El Ejecutivo de S¨¢nchez podr¨ªa asumir ya que la ampliaci¨®n de la concesi¨®n es nula y liberar la AP-9 indemnizando a la concesionaria Audasa, o seguir defendiendo aquella medida de Aznar a la espera del dictamen definitivo de la Comisi¨®n Europea. El ministro Puente ya ha avanzado que ve inviable rescatar esta autopista porque, sostiene, costar¨ªa 4.000 millones de euros.
La cifra se la ha copiado Puente al Gobierno de Rajoy, que se escud¨® en ella en 2016. Sin embargo, la propia Audasa estima la compensaci¨®n que le corresponder¨ªa en unos 1.000 millones. ¡°Audasa debe de estar frot¨¢ndose las manos porque el ministro ha cuadruplicado lo que puede reclamar¡±, ironiza Mara?a, quien advierte de que la transferencia a Galicia de la v¨ªa ¡°no soluciona el problema, pero s¨ª acerca la soluci¨®n¡±: ¡°Todo lo que sea acercar la autopista a una gesti¨®n de la Xunta es positivo porque desde aqu¨ª la percepci¨®n es distinta a la de Madrid, que pasa ol¨ªmpicamente de los gallegos¡±.
Grandes beneficios para una concesionaria de capital extranjero
La AP-9 pasa por cinco de las siete ciudades (Ferrol, A Coru?a, Santiago, Pontevedra y Vigo) y ¡°sustenta buena parte de la econom¨ªa y de la movilidad cotidiana¡± de la comunidad, tal y como se puede leer en la propuesta debatida este martes. Sus peajes est¨¢n entre los m¨¢s caros de Espa?a y la concesionaria bate r¨¦cords de beneficios. En 2023, Audasa gan¨® 82 millones, un 25% m¨¢s que en el ejercicio anterior. Esta compa?¨ªa naci¨® p¨²blica, pero el Gobierno de Aznar la privatiz¨®. Hoy est¨¢ en manos del grupo It¨ªnere, propiedad al 100% de accionistas extranjeros con el fondo holand¨¦s APG a la cabeza.
La compa?¨ªa se embolsa al a?o 60 millones de dinero p¨²blico. Son fondos que le inyecta la Administraci¨®n a trav¨¦s de bonificaciones y peajes en sombra para rebajar algo la elevada factura que pagan los conductores en la AP-9. Sus peajes subieron en enero un 6,55%, entre las mayores alzas de Espa?a. Esta infraestructura es ¡°una mina¡± para It¨ªnere, subraya Mara?a, porque la empresa ha ido retrasando ¡°al m¨¢ximo¡± la amortizaci¨®n de la infraestructura para as¨ª repartir m¨¢s dividendos.
El texto de la proposici¨®n de ley org¨¢nica bendecido por el PP de Rueda y por el PSdeG incluye cr¨ªticas a la pr¨®rroga de la concesi¨®n y a medidas aprobadas por dos ministros gallegos de Fomento de ambos partidos. El socialista Jos¨¦ Blanco primero y la popular Ana Pastor despu¨¦s permitieron a la adjudicataria de la v¨ªa financiar obras y bonificaciones con aumentos extraordinarios de peajes que, seg¨²n admite ahora la propuesta, suponen ¡°un agravio comparativo para Galicia¡± con ¡°consecuencias de especial relevancia¡±. Entre los perjuicios de aquellas decisiones se citan ¡°la p¨¦rdida de competitividad¡± de las empresas, el ¡°trasvase de tr¨¢fico a las carreteras convencionales¡±, el ¡°incremento de la siniestralidad¡± o incluso ¡°m¨¢s emisiones de gases de efecto invernadero¡±. Ninguno de estos dos exministros est¨¢ ya en pol¨ªtica: Blanco tiene una consultora para asesorar a empresas y Pastor acaba de fichar por una compa?¨ªa aseguradora.
Todos los partidos en Galicia consideran ¡°econ¨®mica y socialmente inasumible mantener las condiciones actuales de los peajes¡± de esta autopista y reclaman una ¡°gesti¨®n m¨¢s directa y m¨¢s pegada al territorio¡± porque ¡°conllevar¨¢ una mayor sensibilidad, que redundar¨¢ en una mejora de la calidad del servicio¡±. Su traspaso a la Xunta se intent¨® en el Congreso de los Diputados por primera vez en 2016. Hubo dos tentativas m¨¢s, pero todas se estrellaron en alg¨²n punto de su tramitaci¨®n en la carrera de San Jer¨®nimo. ¡°?Ser¨¢ esta la definitiva o van a seguir burl¨¢ndose de la ciudadan¨ªa gallega?¡±, pregunt¨® este martes Pont¨®n desde el estrado.
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