Educaci¨®n proh¨ªbe a institutos y colegios madrile?os el uso de plataformas educativas gratuitas

Tras el cierre de las aulas en marzo a causa de la pandemia, cientos de centros de ense?anza madrile?os plantaron a EducaMadrid, la plataforma online del Gobierno regional, por sus carencias y sus fallos de conexi¨®n y se pasaron a las que ofrecen gratis los gigantes del sector, principalmente Google, pero tambi¨¦n Microsoft y Apple. Su principal atractivo es su facilidad de uso y su variedad de herramientas, pero hay un escollo: los datos de los alumnos. Ahora, con el curso ya en marcha y cuatro niveles semipresenciales en los institutos y toda la FP, el Gobierno de Madrid las ha prohibido e insta a los centros a volver a EducaMadrid, que asegura haber mejorado, pero los directores de instituto replican que sigue teniendo carencias. ¡°Sin las plataformas gratuitas, no podemos garantizar el derecho a la educaci¨®n¡± de 350.000 j¨®venes, advierte Esteban ?lvarez, presidente de la Asociaci¨®n Directores de Instituto de Madrid (Adimad), que solo pide una cosa a la administraci¨®n: ¡°Que nos dejen trabajar¡±.

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¡°Todo surgi¨® a ra¨ªz de la queja de un padre al recibir el consentimiento informado de un instituto¡± de la capital para permitir que su hijo usara Google Suite, explica ?lvarez, lo que oblig¨® al centro ¡°a consultar a la Comunidad si hab¨ªa alg¨²n problema¡±. Educaci¨®n respondi¨® que s¨ª lo hay, y no menor: en un escrito del d¨ªa 16, el director general de secundaria y FP afirma que el centro est¨¢ ¡°incumpliendo la normativa sobre protecci¨®n de datos" porque ¡°no est¨¢ legitimado para suscribir un contrato de encargo de tratamiento en su propio nombre con el prestador del servicio", "est¨¢ suscribiendo un contrato de adhesi¨®n que no ha sido supervisado por la consejer¨ªa¡± y ¡°de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 16 de julio, los centros deben abstenerse de utilizar cualquier aplicaci¨®n o plataforma cuyo prestador del servicio tenga su sede social en EE UU hasta que se garantice el nivel de protecci¨®n adecuado de la transferencia internacional de datos personales¡±.

Tal y como se tem¨ªan los directores, que se preguntan d¨®nde est¨¢n las 6.100 c¨¢maras y los 70.000 dispositivos prometidos para la ense?anza online, esta resoluci¨®n afecta ¡°a todos los centros p¨²blicos y concertados¡±, a los que ¡°se proh¨ªbe usar cualquier plataforma que no sea EducaMadrid¡±, aclara un portavoz de Educaci¨®n. Dicho portavoz explica que se trata "de un problema t¨¦cnico y jur¨ªdico¡± y que la consejer¨ªa ¡°est¨¢ trabajando para cerrar en breve convenios de colaboraci¨®n con Microsoft, Google y Adobe para adecuar sus pol¨ªticas a la normativa, pudiendo as¨ª ofrecer estas plataformas de manera complementaria a las institucionales¡±. Paralelamente, el Gobierno regional firm¨® el 14 de abril un acuerdo con el Grupo Planeta para ofrecer los recursos y herramientas digitales de aulaPlaneta a los centros p¨²blicos y concertados. ¡°No tuvo ning¨²n coste para la Comunidad¡±, asegura el portavoz.

La prohibici¨®n ha ca¨ªdo como una bomba entre los docentes, que llevan desde marzo us¨¢ndolas y que ya hab¨ªan preparado su programaci¨®n con ellas para 3? y 4? de la ESO (m¨¢s de 135.000 alumnos), Bachillerato (m¨¢s de 108.000) y FP (m¨¢s de 105.000). Han abierto una recogida de firmas a trav¨¦s de Change.org en la que llevan ya casi 2.900 para pedir a la consejer¨ªa que recapacite, ya que los estudiantes empezaron el curso el 9 de septiembre y tienen que recibir online entre dos tercios y la mitad del horario semanal. ¡°No se pueda cambiar toda la programaci¨®n de un d¨ªa para otro¡±, se desespera ?lvarez, que rechaza los argumentos de la Comunidad. Seg¨²n Adimad, usar estas herramientas ¡°no supone cesi¨®n de datos¡± porque ¡°lo ¨²nico que saben las empresas de los alumnos es un alias, un n¨²mero o unas iniciales¡±. Tambi¨¦n recuerda a la consejer¨ªa que si los centros no pueden suscribir un contrato de encargo de tratamiento no podr¨ªan tampoco ¡°contratar una empresa de soporte inform¨¢tico para que arregle las impresoras¡±.

Por su parte, fuentes de Google afirman que la resoluci¨®n ¡°contiene alegaciones que no son ciertas¡±. Su plataforma cuenta con la certificaci¨®n de nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad, los usuarios de Google Suite ¡°no ven anuncios¡± y ¡°son los propietarios de sus datos, no Google¡±, tampoco los venden a terceros y no comparten ¡°informaci¨®n personal almacenada" en sus sistemas. En cuanto a la sentencia, seg¨²n aclara la propia Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, el tribunal aval¨® el uso de las cl¨¢usulas contractuales tipo, que Google usa desde 2012, lo que a su juicio le permite seguir operando en la UE. La empresa confirma que est¨¢ ¡°trabajando con la Comunidad en un acuerdo¡±. Dicho convenio ha sido ya ¡°revisado por Google¡± y solo queda que lo haga el Gobierno regional. En cualquier caso, su firma ¡°responde a una formalidad y no afecta a las garant¨ªas" que ofrecen. ¡°Estamos abiertos a colaborar con la consejer¨ªa", concluye la tecnol¨®gica, que afirma dar gratis sus servicios por su compromiso ¡°con una educaci¨®n accesible¡±. De cobrarlos, estiman su coste en 10,40 euros por usuario al mes, 124,8 al a?o. Gobiernos de comunidades como Murcia, Catalu?a, Navarra, Extremadura, Baleares y Pa¨ªs Vasco usan la plataforma, as¨ª como universidades madrile?as como la Carlos III.

Pero el nudo gordiano es que EducaMadrid ¡°no funciona, se sigue cayendo constantemente¡± y sus funcionalidades son insuficientes, se lamenta el presidente de Adimad, que afirma que su principal defecto es que ¡°no permite la videollamada¡±, con lo que no se pueden dar clases on-line. ¡°EducaMadrid funciona como una escopetilla de plomos y no est¨¢ preparada para el volumen de conexiones que deber¨ªa soportar", corrobora Teresa Jusdado, de UGT Madrid. Educaci¨®n asegura que ha redise?ado la p¨¢gina, le ha a?adido aplicaciones y ha comprado ¡°nuevos servidores, sistemas de almacenamiento de datos y electr¨®nica de red¡±, con un coste de 600.000 euros. ¡°Pr¨®ximamente, se integrar¨¢ el servicio de videoconferencia¡±, promete.

Isabel Galv¨ªn, de CC OO Madrid considera injustificable que la consejer¨ªa ¡°haya cerrado un contrato de exclusividad con una sola empresa¡± y pide ¡°transparencia¡± y que se ampl¨ªe a distintas plataformas, ¡°ya que han ido incapaces de que la plataforma p¨²blica sea suficiente, capaz y ¨²til¡±. Galv¨ªn a?ade que, al margen de la guerra de las plataformas, el verdadero problema de la teledocencia es que ¡°los centros carecen de la conectabilidad necesaria para poder llevarla a cabo¡±.

?scar Mart¨ªn Centeno, del Consejo de Directores de Colegios, apunta a que las plataformas gratuitas podr¨ªan seguirse usando siempre que sea ¡°sin aportar datos personales de ning¨²n tipo¡±, es decir, siempre que los ni?os sean el alumno 23 y no Fulanito P¨¦rez con un 6 en Mates y al¨¦rgico al pl¨¢tano. En todo caso, ¡°la ¨²nica plataforma que se puede usar con total seguridad es EducaMadrid y, de momento, est¨¢ funcionando bastante bien¡±, asegura. Los colegios, no obstante, tienen el 100% de sus clases presenciales. Mientras se resuelve el l¨ªo en los despachos, muchos centros est¨¢n haciendo caso omiso de la orden y siguen mandando a los padres el usuario y la clave para entrar, por ejemplo, en Google Classroom.

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