La sorpresa de la multa en el buz¨®n
La Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid ha tramitado casi la totalidad de las sanciones graves impuestas durante el primer estado de alarma
Durante el anterior estado de alarma se o¨ªan comentarios como ¡°esas multas no llegan nunca¡±, ¡°la polic¨ªa las pone para asustar, pero no van a ning¨²n lado¡± o ¡°es imposible que puedan sacar adelante todas¡±. El paso del tiempo y una labor callada de la Administraci¨®n central est¨¢ acabando con esos rumores. Miles de madrile?os est¨¢n recibiendo en los ¨²ltimos meses unas cartas certificadas que les van a hacer rascarse el bolsillo. Y a base de bien. Se trata de las sanciones impuestas por la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid, que hasta este viernes hab¨ªa tramitado 5.175 de las 5.236 propuestas de sanci¨®n por causas graves impuestas durante el primer confinamiento. Es decir, el 98,8%. En los pr¨®ximos d¨ªas, se concluir¨¢n las restantes y comenzar¨¢n con las leves.
Las faltas graves acarrean una sanci¨®n que oscila entre los 601 y los 30.000 euros. Eso s¨ª, al tratarse de personas no reincidentes no pueden superar los 10.400 euros, ya que se ponen en el tramo m¨¢s bajo. Si se pagan en el periodo voluntario, la cuant¨ªa se reduce un 50%. Durante el anterior estado de alarma, la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil y los 112 cuerpos de Polic¨ªa Municipal que hay en la regi¨®n rellenaron 184.178 propuestas de sanci¨®n. Hubo d¨ªas que se superaron las 2.500 y las 3.000, en especial en la operaci¨®n salida de la Semana Santa, cuando miles de conductores con sus familias pretend¨ªan abandonar la regi¨®n e incumplir el Real Decreto 463/2020. La media al d¨ªa fue de unos 600 casos.
Algunas denuncias ¨Clas menos- se basaron en la Ley General de Salud P¨²blica, en lugar de la Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana (la conocida como Ley Mordaza). El primer texto recoge sanciones much¨ªsimo m¨¢s altas. Las leves pueden llegar a los 3.000 euros, mientras que las graves oscilan entre los 3.001 y los 60.000 euros.
La mayor¨ªa de esas propuestas de sanci¨®n fueron impuestas por las polic¨ªas locales, por lo que ser¨¢n sus respectivos Ayuntamientos los encargados de cobrarlas. Eso s¨ª, en el caso de que tengan suficientes recursos para hacerlo. El grueso de esas denuncias recaer¨¢ en el Consistorio de la capital, que a trav¨¦s de su Polic¨ªa Municipal rellen¨® m¨¢s de 50.000 boletines, una de cada cuatro de toda la regi¨®n.
Plazos procesales parados
El periodo para tramitarlas estuvo suspendido durante el estado de alarma, cuando se paralizaron todos los plazos procesales y administrativos. Cuando se levant¨® el confinamiento, tambi¨¦n comenz¨® a correr el plazo para la Delegaci¨®n del Gobierno. Este organismo representante del Ejecutivo central en la regi¨®n cuenta con un a?o para iniciar el procedimiento sancionador y con otro para ejecutarlo, en el caso de las sanciones graves. Si se trata de las leves, se reduce a seis meses. La Delegaci¨®n ha recibido, sobre todo, las denuncias impuestas por la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil.
Entre esas sanciones graves est¨¢n casos tan curiosos como personas que se fueron a pasear a sus perros a la sierra o que fueron hallados a kil¨®metros de sus viviendas con sus mascotas. O quienes salieron a correr por el medio del campo, pese a estar prohibido alejarse de las viviendas. O el conductor que fue parado a decenas de kil¨®metros de su vivienda habitual sin tener un motivo justificado. ¡°Hay mucha gente que ha pensado que nunca les iba a llegar la sanci¨®n, pero lo que debe quedarles claro es que se tramitar¨¢n todas las propuestas que hemos recibido. Estamos ante un problema de salud p¨²blica muy grave y los infractores deben pagar por su irresponsabilidad¡±, reconocen fuentes de la Delegaci¨®n del Gobierno, a cuyo frente est¨¢ el socialista Jos¨¦ Manuel Franco.
Los propios funcionarios de este organismo son los que analizan todo el expediente y ponen la cuant¨ªa de las sanciones, que a veces supera los 2.000 euros. En caso de duda, devuelven el expediente a los polic¨ªas o los guardias civiles que han rellenado la propuesta para pedirles que les aclaren los extremos y poder clasificar en leve o grave la infracci¨®n. O incluso desestimarla. ¡°Lo importante es que se est¨¢ acabando con las m¨¢s importantes¡±, remarcan las citadas fuentes.
Los funcionarios de la Delegaci¨®n comenzar¨¢n a tramitar, una vez terminadas con las faltas graves, las consideradas leves, tipificadas con multas de entre 100 y 600 euros. Lo habitual es que se pongan en su tramo medio (unos 300 euros). El n¨²mero exacto se desconoce en estos momentos ya que est¨¢n almacenadas hasta que abran los expedientes. Eso s¨ª, se calculan que pueden oscilar entre 10.000 y 15.000, tambi¨¦n impuestas en su mayor parte por la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil. En este apartado se dan casos como el due?o de un perro que se ha alejado m¨¢s de lo normal para sacarlo o la persona a la que se ha visto hasta tres veces en un mismo en un supermercado. O los que no llevaban la mascarilla, cuando era obligatoria. ¡°Lo que debe quedar claro es que se van a perseguir todos los actos inc¨ªvicos que han puesto en riesgo la salud de otras personas¡±, a?adieron fuentes de la Delegaci¨®n.
El reto llega ahora con el nuevo estado de alarma en nueve grandes municipios de la regi¨®n y ver si la recepci¨®n de las sanciones del primero cumplen una funci¨®n disuasoria en la poblaci¨®n madrile?a.
El Estado siempre cobra
?Y si el infractor se negara a pagarla? Si en los juegos de azar se dice que la banca siempre gana, en las multas del Estado -lo que incluye los Gobiernos regionales y los Ayuntamientos- se puede decir que siempre se cobran, salvo que haya una insolvencia real y prolongada en el tiempo. El Estado aplicar¨ªa un gravamen del 5% por iniciar la v¨ªa ejecutiva de recaudaci¨®n. En caso de que se llegue al apremio, la cuant¨ªa sube un 20%. Es decir, que la multa tipo (600 euros) llegar¨ªa a los 721,2 euros. El Estado en este caso tiene diversos procedimientos para cobrar esa deuda. Para ello, se valdr¨¢ del embargo de los bienes del deudor. Esto incluye las cuentas corrientes, parte del salario o de la pensi¨®n, bienes inmuebles o cualquier devoluci¨®n que tenga pendiente por parte de la Administraci¨®n, entre otras.
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