Una concejal del PP de Alcorc¨®n, investigada por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcorc¨®n, Susana Mozo, est¨¢ siendo investigada por un juzgado de la localidad por la posible comisi¨®n de los delitos de malversaci¨®n y de prevaricaci¨®n. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2, Juan Ram¨®n Rodr¨ªguez Llamos¨ª, entiende que la edil y consejera de la empresa municipal de la vivienda firm¨® en 2012 un contrato de liquidaci¨®n de las obras del Centro de Creaci¨®n de las Artes de Alcorc¨®n (CREAA) por un valor de 34 millones de euros. Mozo carec¨ªa de los poderes necesarios para una transacci¨®n por un montante tan alto, adem¨¢s de que el contrato no ten¨ªa los informes t¨¦cnicos preceptivos, seg¨²n el auto al que ha tenido acceso EL PA?S.

La denuncia contra Susana Mozo fue interpuesta por la actual alcaldesa de Alcorc¨®n, Natalia de Andr¨¦s (PSOE), el 20 de marzo de 2019. En una primera instancia, fue archivada por el juzgado de Alcorc¨®n, pero De Andr¨¦s recurri¨® ante la Audiencia Provincial de Madrid que oblig¨® a reabrir el caso y estudiarlo a fondo.

Los hechos se remontan a 2012 cuando la Empresa Municipal de Gesti¨®n Inmobiliaria de Alcorc¨®n (Emgiasa) hab¨ªa entrado en concurso voluntario de acreedores, en tiempo en que era alcalde el actual consejero de la Vivienda y de Administraci¨®n Local de la Comunidad de Madrid, David P¨¦rez. La segunda teniente de alcalde, Susana Mozo, era la consejera delegada de la entidad local. Seg¨²n los c¨¢lculos del PP en aquellas fechas, el pasivo de esta empresa era de unos 330 millones de euros. Por ello, el equipo de gobierno del PP acudi¨® el 29 de febrero de 2012 al concurso voluntario, que recay¨® en el Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 6 de Madrid. Sin embargo, quedaba por rematar el CREAA, una enorme inversi¨®n en la zona de los Castillos del barrio de San Jos¨¦ de Valderas que iba a realizarse con las plusval¨ªas de la venta de locales, aparcamientos y pisos sociales levantados en el municipio, en especial en la zona del Ensanche Sur.

El CREAA estaba en aquella ¨¦poca pr¨¢cticamente terminado, a falta de algunos remates y de la entrega de la obra civil al Ayuntamiento de Alcorc¨®n. Sin embargo, la consejera delegada de Emgiasa decidi¨® firmar un contrato con la uni¨®n temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcci¨®n y Ferrovial Agroman, por el que liquidaba las obras tras pagar 33.993.505 euros, seg¨²n el contrato al que ha tenido acceso este peri¨®dico. En concreto, la empresa municipal abonar¨ªa algo m¨¢s de 29 millones de euros por certificaciones de obra y devoluciones de retenciones en met¨¢lico. El capital restante (4,97 millones, por lucro cesante, acopios y retirada de las instalaciones de obra, entre otros conceptos) se saldar¨ªan con la entrega de bienes inmobiliarios -aparcamientos y locales, entre otros-, mediaci¨®n la daci¨®n en pago. Para ello, se contratar¨ªa incluso una empresa especializada en tasaci¨®n, para que lo realizara a precio de mercado. El contrato incluye incluso una cl¨¢usula de confidencialidad, por el que las partes se comprometen a no revelar a terceros su contenido.

Ante estos hechos, el magistrado Rodr¨ªguez Llamos¨ª entiende que hay que abrir un procedimiento abreviado contra Susana Mozo, actual concejal en la oposici¨®n. El juez entiende que ha podido cometer los delitos de malversaci¨®n y de prevaricaci¨®n, recogidos en los art¨ªculos 432 y 404 del C¨®digo Penal. El primero puede acarrear una pena de prisi¨®n de dos a ocho a?os de prisi¨®n, mientras que el segundo lleva la inhabilitaci¨®n para ser cargo p¨²blico de nueve a 15 a?os.

El auto mantiene que Susana Mozo ¡°firm¨® en su condici¨®n de cargo p¨²blico aprobado por el Ayuntamiento de Alcorc¨®n sin tener poderes para ello¡±. Carec¨ªan, seg¨²n el escrito, de facultades especiales para resolver el contrato del CREAA: ¡°Estaba facultada ¨²nicamente para firmar contratos hasta el l¨ªmite de 90.000 euros¡±. Por lo tanto, excedi¨®, y por mucho, la cuant¨ªa de la liquidaci¨®n de las obras. Tampoco est¨¢n justificadas la devoluci¨®n de las cantidades por la direcci¨®n facultativa de la obra, seg¨²n el escrito judicial. A todo ello se suma que no est¨¢n certificados por los t¨¦cnicos la devoluci¨®n de 2,4 millones de euros en concepto de acopios.

El magistrado concluye en su escrito que la actuaci¨®n de Mozo ¡°pudiera haber causado un grave perjuicio para el patrimonio de la empresa p¨²blica en particular y de fondos p¨²blicos en general, al abonarse cantidades sin contar con la justificaci¨®n t¨¦cnica preceptiva¡±. El auto, contra el que cabe recurso, obliga a que se d¨¦ traslado al fiscal y a la acusaci¨®n particular ejercida por Natalia de Andr¨¦s para que formulen acusaci¨®n contra la concejal del PP o pidan el archivo de la causa. Tambi¨¦n pueden solicitar pruebas complementarias antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento.

La concejal del grupo municipal del PP declin¨® ayer declaraciones sobre el auto del Juzgado n¨²mero 2 de Alcorc¨®n, ya que el caso est¨¢ siendo tramitado en los juzgados.