Ayuso trata de blindar la educaci¨®n concertada con un decreto que ampl¨ªa a 10 a?os la vigencia de los contratos
La administraci¨®n presentar¨¢ ma?ana el escrito al Consejo Escolar, donde tiene mayor¨ªa, para aprobar un plazo mayor de los conciertos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha anunciado este martes que ampliar¨¢ a 10 a?os la duraci¨®n de los conciertos educativos, que ahora tienen una duraci¨®n de seis a?os en la autonom¨ªa. Ayuso ha presentado el cambio como un blindaje de los centros concertados ante los cambios que introduce la ley Cela¨¢. Del cambio resultar¨¢n especialmente beneficiados los centros que segregan por sexo, a los que la nueva ley educativa prev¨¦ retirar las subvenciones al t¨¦rmino de los conciertos actualmente en vigor.
¡°La duraci¨®n de la educaci¨®n obligatoria es de 10 a?os y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrile?as esa garant¨ªa¡±, ha afirmado D¨ªaz Ayuso para justificar el cambio. El decreto ser¨¢ presentado este mi¨¦rcoles ante el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, un tr¨¢mite casi sin importancia, pues la Administraci¨®n tiene mayor¨ªa y todo lo que presenta sale adelante
Tanto el PSOE de Madrid, M¨¢s Madrid y Comisiones Obreras han criticado la ampliaci¨®n y han se?alado que la regulaci¨®n general de los conciertos corresponde al Gobierno. Una portavoz del Ministerio de Educaci¨®n se ha limitado a se?alar que cuando la norma del Ejecutivo regional sea publicada ¡°habr¨¢ que hacer un an¨¢lisis jur¨ªdico para comprobar si se ajusta a derecho¡±.
La actual regulaci¨®n de los conciertos educativos est¨¢ incompleta, lo que permite a Ayuso ampliar el plazo de los conciertos. La ley deja la ¨²ltima palabra al Gobierno, que podr¨ªa aprobar un decreto y establecer un plazo m¨¢ximo ¨²nico de duraci¨®n de los conciertos en toda Espa?a. Una decisi¨®n que entra?ar¨ªa dificultades pol¨ªticas para el Ejecutivo y que, de momento, no est¨¢ tomada.
La duraci¨®n general de los conciertos en Espa?a era de cuatro a?os, seg¨²n la regulaci¨®n establecida mediante el Real Decreto de 1985 sobre el Reglamento de Normas B¨¢sicas sobre Conciertos Educativos, aprobado mediante Real Decreto en 1985. Pero la ley educativa todav¨ªa en vigor, aprobada por el PP, cambi¨® la situaci¨®n a favor de los centros privados concertados al establecer que el concierto pasaba a tener ¡°una duraci¨®n m¨ªnima de seis a?os en el caso de Educaci¨®n Primaria, y de cuatro a?os en el resto de los casos¡±.
El mismo art¨ªculo establece que ¡°corresponde al Gobierno establecer los aspectos b¨¢sicos a los que deben someterse los conciertos¡±, entre los que menciona expresamente su ¡°duraci¨®n m¨¢xima¡±. Pero dado que, hasta la fecha, el Gobierno no ha fijado dicha duraci¨®n m¨¢xima, en la pr¨¢ctica, las comunidades aut¨®nomas, a las que la ley encomienda ¡°dictar las normas necesarias para el desarrollo del r¨¦gimen de conciertos educativos¡±, han establecido sus l¨ªmites. Madrid, en concreto, decidi¨® que en todas las etapas la duraci¨®n ser¨ªa de seis a?os, y ahora ha anunciado que quiere ampliarlo a 10.
El Gobierno puede aprobar un decreto estableciendo un l¨ªmite m¨¢ximo al que todas las comunidades tendr¨ªan que atenerse. Pero ese decreto deber¨ªa respetar, por un lado, el marco que estableci¨® la ley del PP (la conocida como ley Wert), que en este punto no ha sido modificado por la ley Cela¨¢: seis a?os como m¨ªnimo para primaria y cuatro para el resto de casos. Y, por otro lado, como dificultad a?adida, el Gobierno ha sacado adelante la nueva ley educativa con el apoyo del PNV y de ERC, y ninguno de estas formaciones es partidaria de que el Ministerio limite la autonom¨ªa educativa de las comunidades m¨¢s all¨¢ de lo estrictamente necesario. Es decir, que responder al movimiento de Ayuso podr¨ªa generar al Gobierno problemas con otros socios.
Cr¨ªticas
Marta Bernardo, del grupo socialista en la Comunidad de Madrid no ha dudado en criticar la medida: ¡°Para empezar, los colegios concertados no van a tener ning¨²n problema con la ley Cela¨¢, eso hay que dejarlo claro porque hay mucha desinformaci¨®n. S¨ª que es verdad que se especifica que los centros que segregan por sexo no van a tener cabida en la educaci¨®n p¨²blica¡±. A los centros concertados, prosigue Bernardo, ¡°se les otorg¨® suelo p¨²blico y esos centros han invertido un dinero; no s¨¦ qu¨¦ les dijeron que pasar¨ªa con el tiempo, pero ahora la situaci¨®n va a ser otra. Creo que ahora el Gobierno de Ayuso tiene que dar alas o excusas para justificarse por las promesas que han hecho¡±. Sin embargo, la propia presidenta ha puesto el acento en otro punto al asegurar que con la ampliaci¨®n del plazo ¡°se ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educaci¨®n concertada alargando la duraci¨®n de los conciertos hasta los 10 a?os, de modo que no vencer¨¢n dentro de dos a?os, sino de dentro de seis¡±.
En la regi¨®n madrile?a hay 1.300.000 alumnos no universitarios distribuidos en 2.083 centros p¨²blicos ¨Dno solo colegios e institutos, tambi¨¦n se incluyen los de r¨¦gimen especial, escuelas de m¨²sica, de idiomas...¨D, 567 concertados, de los que seg¨²n un informe de 2012 de CC OO, 24 de ellos segregan por sexo, y 1.210 privados ¨Dde los que 892 son escuelas infantiles¨D.
¡°Me sorprende que con todo lo que est¨¢ pasando en materia educativa en estos momentos, el Gobierno de Ayuso ponga el debate en los conciertos educativos, que no est¨¢n en peligro con la nueva ley¡±, dice Mar¨ªa Pastor, de M¨¢s Madrid. ¡°Dentro de unos d¨ªas hay 1.117 profesores de refuerzo covid que se van a la calle, hay falta de medios, los recursos acad¨¦micos son preocupantes... Esto demuestra cu¨¢les son las prioridades de este gobierno¡±, sentencia.
En la misma l¨ªnea se ha expresado Isabel Galv¨ªn, de CC OO, que considera que ¡°este proyecto de Decreto no se debe a una necesidad de regulaci¨®n derivada de una circunstancia educativa, sino a querer saltarse el contenido de la Lomloe, que ser¨¢ previsiblemente aprobada y en la que no se modifica nada de lo relativo a la duraci¨®n de los conciertos¡±. Tambi¨¦n, a?ade otro dato, a la necesidad de ponerse la venda ante la previsible ca¨ªda de ¡°poblaci¨®n escolarizable¡±, que tendr¨¢ su repercusi¨®n en el n¨²mero de las unidades de los centros sostenidos con fondos p¨²blicos. Galv¨ªn recuerda que en Espa?a, se redujo el n¨²mero de ni?os de 0, 1 y 2 a?os en 372.000 entre 2009 a 2020, un 25% menos de los que hab¨ªa en 2009, seg¨²n datos del INE. ¡°Concretamente, en Madrid se reduce la poblaci¨®n de 0-2 a?os, entre 2009 y 2020, en un 21,4%. ?Se trata de mantener el negocio, aunque no haya ni?os?¡± .
En qu¨¦ afecta la 'ley Cela¨¤' a la educaci¨®n concertada
Adem¨¢s, las actividades extraescolares de pago no podr¨¢n ofertarse en horario escolar y se van a crear oficinas de garant¨ªas que velar¨¢n por el proceso de admisi¨®n (y a las que los padres podr¨¢n dirigirse para realizar la matr¨ªcula, reduciendo la capacidad de maniobra de los centros para elegir a los alumnos). Se prev¨¦ la reducci¨®n de ratios en entornos desfavorecidos.
Los colegios que segreguen por sexos no podr¨¢n ser concertados. Y desde el proyecto educativo con el que se presenten los aspirantes a dirigir un centro hasta los libros de texto, pasando por la formaci¨®n del profesorado, deber¨¢n fomentar la igualdad.
El criterio principal para adjudicar una plaza ser¨¢ la cercan¨ªa al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar. Todos los centros estar¨¢n obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matr¨ªcula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalizaci¨®n del periodo de admisi¨®n ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros p¨²blicos. Los Ayuntamientos no podr¨¢n ceder suelo para construir centros educativos que no sean p¨²blicos. Se suprime el concepto de ¡°demanda social¡± a la hora de programar las plazas educativas, y se subraya que la ¡°educaci¨®n p¨²blica constituye el eje vertebrador del sistema educativo¡±, instando a las comunidades a garantizar plazas suficientes en esta red.
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