La ¡®ley Cela¨¢¡¯ diseccionada por seis protagonistas

En marzo se abre el plazo de matriculaciones del curso 2021-2022, y la intenci¨®n del Gobierno es que la Lomloe (Ley Org¨¢nica para la Modificaci¨®n de la LOE) ¨Dm¨¢s conocida como ley Cela¨¢¨D eche entonces a andar. EL PA?S disecciona a trav¨¦s de seis protagonistas (tres padres y tres docentes) la octava reforma educativa de la democracia, que afecta a 8,2 millones de alumnos y, como todas, nace precedida de una gran bronca y sin pacto de los grandes partidos.

El fin de los guetos

El gran objetivo de la ley Cela¨¢ es lograr una equidad en la escuela que no existe. Hoy nueve de cada 10 ni?os sin recursos y ocho de cada 10 hijos de inmigrantes est¨¢n escolarizados en la escuela p¨²blica, pese a que esta instruye al 67,1% del alumnado (la concertada al 25,5% y la privada al 7,4%). Hasta el siempre cauto Andreas Schleicher, director de las pruebas de calidad educativa PISA, reprocha el escenario: ¡°La privada en Espa?a se ha convertido en una forma de segregar a los alumnos por su contexto social, pero no parece muy efectiva a la hora de elevar la educaci¨®n, al menos de acuerdo con los resultados de PISA¡±.

El Gobierno considera que la ense?anza subvencionada (sufragada con los impuestos de todos) deber¨ªa arrimar m¨¢s el hombro. Entre las ONG que luchan por deshacer los guetos est¨¢ Save The Children, donde trabaja la psic¨®loga Sara Adri¨¢n, que coordina el Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (CRIA) Puerto Rubio en Madrid. En este espacio luminoso y colorido, un grupo de maestras y asistentes sociales atienden a un centenar de chicos cuyos padres no pueden ayudarles con las tareas por su escasa formaci¨®n o su insuficiente conocimiento del castellano. La ayuda escolar es ¡°fundamental¡± para estos menores. El conocido como ¡°olvido veraniego¡± se traduce en su caso en un retroceso acad¨¦mico de un mes. Mientras que los alumnos pudientes aprenden viajando, los desfavorecidos apuran esas horas de bochorno consumiendo televisi¨®n.

Si un ni?o no costea la clase complementaria, tiene que abandonar el aula en el 10% de los centros concertados de siete comunidades analizadas en un informe encargado por los padres de la escuela p¨²blica (CEAPA) y de la patronal de la privada (CICAE). En Madrid, asegura la consultora, ocurre en el 28% de los concertados. Sea exagerada o no la cifra, lo cierto es que esta discriminaci¨®n se vive en las aulas, y por eso algunas ONG reclamaron con ¨¦xito al Gobierno que saque las actividades de pago de la jornada lectiva.

¡°Estamos en contacto con la docena de centros ¨Dp¨²blicos o concertados religiosos¨D en los que estudian y nos cuentan en qu¨¦ flojean, qu¨¦ deberes tienen¡±, cuenta Adri¨¢n, a quien le gustar¨ªa que algunos colegios se implicasen m¨¢s. Todos los alumnos vienen derivados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. La psic¨®loga reclama m¨¢s medios para los centros mantenidos por el Estado sin distinguir su titularidad. Durante la pandemia, la ONG dej¨® a los chicos una tableta para poder seguir las clases, relata, y muchos no pueden devolverla porque no han llegado las prometidas por las Administraciones

Madrid es la segunda regi¨®n de Europa que m¨¢s segrega en los colegios (tambi¨¦n en los p¨²blicos). ?A qu¨¦ se debe? ¡°A la segregaci¨®n geogr¨¢fica de los grupos sociales, pero tambi¨¦n al establecimiento de una zona ¨²nica para la elecci¨®n de centro, las pruebas estandarizadas, la promoci¨®n de los centros concertados o la diferenciaci¨®n entre centros biling¨¹es y no biling¨¹es en ingl¨¦s¡±, se se?ala en un reciente art¨ªculo de la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educaci¨®n. Por eso en la ley se prev¨¦ que prime al escolarizar a un ni?o la cercan¨ªa al centro. Cada autonom¨ªa fijar¨¢ para cada escuela un cupo de alumnos con necesidades especiales ¨Dlas ratios ser¨¢n menores en zonas sensibles¨D, habr¨¢ ¡°plazas vivas¡± para matriculaciones durante el curso (muchas veces de inmigrantes), no se podr¨¢ ceder suelo p¨²blico para construir un colegio privado o los procesos de admisi¨®n ser¨¢n m¨¢s transparentes.

La fusta de la concertada

La ense?anza concertada religiosa ha movilizado todo su arsenal en contra de la ley Cela¨¢, y en el primer batall¨®n est¨¢n siempre dos de estos colegios ¨DTajamar (chicos) y Los Tilos (chicas)¨D, que se enclavan a escasos dos kil¨®metros del centro de Save The Children, los tres en el obrero distrito de Puente de Vallecas de Madrid. El Opus Dei inaugur¨® Tajamar en 1958 entre escombreras por expreso deseo de su fundador, Jose Mar¨ªa Escriv¨¢ de Balaguer, que quer¨ªa escolarizar a parte de los 12.800 ni?os marginados del barrio, seg¨²n se cuenta en su p¨¢gina web.

Pablo T¨¢uler, padre de nueve hijos y presidente de la Ampa del colegio ¨Dque imparte una FP muy reputada¨D, insiste en que el centro no segrega. ¡°Casi todos los alumnos [2.000] son del barrio. El hijo de un conductor de la EMT, de un taxista.... y el 20% es inmigrante. Hay chinos, venezolanos, alg¨²n sirio...¡±, relata, aunque reconoce que parte viene de otras zonas con m¨¢s poder adquisitivo (Moratalaz, Vic¨¢lvaro o Rivas). Los chicos de familias sin medios, sin embargo, no se mueven de barrio y por eso la ley termina con la zona ¨²nica, premia la cercan¨ªa a la casa. ¡°?Por qu¨¦ me obligan a ir a esta pescader¨ªa de abajo de mi casa si me gusta la de m¨¢s all¨¢?¡±, critica T¨¢uler, de 46 a?os, profesional en el sector financiero, el ¡°autoritarismo¡± de la ley.

Este padre, que echa de menos m¨¢s consenso en la tramitaci¨®n de la ley y que no se gestara tras la pandemia, asegura que en Tajamar ¡°solo¡± hay que pagar una cuota de 114 euros mensuales y existen ayudas para los necesitados (que van de 220 euros a 560 por curso). ¡°Lo hemos hablado con el colegio, hay becas, quien tenga solo 10 euros que ponga eso¡±, relata. Sin embargo, en la web aparecen muchos otros conceptos a abonar. Por ejemplo, en ense?anza primaria se desglosan como gastos mensuales 30 euros por cada asignatura de la que se reciba una hora m¨¢s a la semana (se ofertan hasta seis materias), 20 de gesti¨®n de tabletas, 10 de ¡°comunicaci¨®n en l¨ªnea¡±, 30 de kidscare (telemedicina) o 50 de ¡°interevaluaci¨®n¡±.

El Gobierno quiere frenar esta sangr¨ªa de dinero ¡ªson cuotas irregulares y muy popularizadas, que adem¨¢s las familias se desgravan aunque est¨¢ prohibido¨D, pero es un hecho que la concertada est¨¢ infrafinanciada. La Generalitat catalana cifra en 145 millones de euros el desequilibrio. Ante este d¨¦ficit presupuestario, la ley propone que una comisi¨®n eval¨²e la merma econ¨®mica y la tenga en cuenta en pr¨®ximos Presupuestos. El PP, que como el PSOE ha pasado de puntillas por este espinoso asunto cuando gobierna, lleg¨® a montar una mesa de negociaci¨®n con la concertada en 2011, pero nadie se sent¨® en ella hasta 2018, ya con Isabel Cela¨¢ como ministra.

T¨¢uler defiende la separaci¨®n de sexos en el aula. El desarrollo de las mujeres, sostiene, es anterior al de los hombres, y esas dos velocidades no conviven bien en clase. ¡°Los chicos con las chicas no comparten espacio, pero ligan fuera¡±, explica el padre, pues sus edificios est¨¢n pegados. El Gobierno cree que estos centros discriminan y para ¡°fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres¡± pretende quitarles el concierto, pero parece muy complicado. El Tribunal Constitucional y el Supremo no han visto segregaci¨®n en sus sentencias ante intentos previos en Andaluc¨ªa, y por eso los socialistas no incluyeron la medida en el anteproyecto, pero han terminado cediendo ante la insistencia de Podemos.

La discapacidad como instrumento

¡°Todos los a?os hay problemas con ni?os que no se matriculan en el centro [ordinario] que quieren porque no hay auxiliar educativo, se nos discrimina¡±, se desespera ?ngela Rodr¨ªguez, de 36 a?os, madre de Noa, de tres a?os, que tiene S¨ªndrome de Down. Esta terapeuta ocupacional y su marido, Javier, echaron los papeles para el colegio p¨²blico de su barrio en Oviedo muy convencidos de su decisi¨®n. Se puede ir andando y acudir¨ªan los amiguitos de Noa de la escuela infantil. ¡°Antes la cr¨ªa no andaba segura y la cog¨ªan de la manina en los ejercicios de psicomotricidad¡±, recuerda con ternura ?ngela.

En el dictamen de escolarizaci¨®n el orientador determin¨®, en paralelo, que la peque?a iba a necesitar durante el curso un maestro de audici¨®n y lenguaje, otro de pedagog¨ªa terap¨¦utica y un auxiliar educativo. Y de ah¨ª las malas noticias en julio. Le denegaron a Noa la plaza por falta de este ¨²ltimo en el centro y la derivaron a otro colegio m¨¢s lejos en el que no la han matriculado. ¡°?Si ten¨ªa 11 puntos, han entrado ni?os con muchos menos!. La est¨¢n discriminando cuando yo no he pedido nada. ?Han sido ellos!¡±, se indigna ?ngela.

En teor¨ªa con la nueva ley todos los centros tendr¨¢n medios para escolarizar a ni?os como Noa. Ella ha vuelto a la escuela infantil del pasado curso mientras sus padres, como otra pareja en Gij¨®n, siguen batallando por la plaza con abogados. ¡°Me preocupa porque van pasando las semanas y los ni?os van avanzando y ella, que va a su ritmo aprendiendo, no est¨¢ all¨ª¡±, cuenta apenada la madre. Desde la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de Asturias explican que se combina la voluntad de los padres y los recursos existentes y Noa ha sido admitida en una escuela de su ¨¢rea de influencia que cuenta con especialistas y auxiliares.

Si un tema escuece al Gobierno es el tema de la discapacidad, principal arma del movimiento Stop Cela¨¢, que insiste en denunciar que la nueva norma acabar¨¢ conduciendo a la desaparici¨®n de las escuelas especiales. ¡°Los centros de educaci¨®n especial no se van a cerrar. Se?or¨ªas, dejen de jugar con la vulnerabilidad, de enfrentar a este Gobierno con un tema tan delicado y tan sensible¡±, reclam¨® el pasado jueves a las bancadas de la derecha Luz Mart¨ªnez Seijo, portavoz socialista de Educaci¨®n en el Congreso. La idea es adaptar en el plazo de 10 a?os las escuelas tradicionales para que puedan acoger a m¨¢s ni?os con discapacidad y que asistan a los centros de educaci¨®n especial ¨Dque servir¨¢n de referencia y formar¨¢n a los docentes¨D aquellos escolares que no puedan ser atendidos ¡°en el marco de las medidas de atenci¨®n a la diversidad de los centros ordinarios¡±, es decir, solo los que necesiten educaci¨®n ¡°muy especializada¡±, seg¨²n la norma. Las familias contrarias a la nueva regulaci¨®n consideran que al limitarse de ese modo el papel de los centros de educaci¨®n especial, tendr¨¢n que acabar cerrando por falta de recursos. Visto el revuelo, el Gobierno insiste en que en la aplicaci¨®n de la norma se tendr¨¢ en cuenta ¡°la voluntad de las familias¡± en la escolarizaci¨®n, pero las familias creen que no les da garant¨ªas de que puedan elegir llevar a sus hijos a la educaci¨®n especial. Un 17% de los estudiantes espa?oles con discapacidad (35.000), asisten ahora a centros especiales. Los cr¨ªticos con la ley desconf¨ªan de que con la norma todos los colegios vayan a tener medios adecuados y adem¨¢s creen que hay problemas de convivencia e integraci¨®n muy dif¨ªciles de superar en un centro ordinario.

El Comit¨¦ de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU ha reprendido a Espa?a por la falta de integraci¨®n de estos menores, al hilo del caso del alumno Rub¨¦n Calleja, tambi¨¦n con S¨ªndrome de Down, que fue forzado a abandonar su centro de primaria a los 11 a?os e inscribirse en un centro especial. La resoluci¨®n ha llegado con una d¨¦cada de retraso. Rub¨¦n tiene ya 21 a?os. El Comit¨¦ Espa?ol de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la ONCE o Down Espa?a son grandes promotores de la inclusi¨®n. Otras muchas entidades, en cambio, se han adherido a la plataforma Inclusiva, s¨ª, Especial tambi¨¦n, para protestar por la ley.

La guerra del castellano

La barcelonesa Ana Losada preside la Asamblea por una Escuela Biling¨¹e (AEB) de Catalu?a y este mi¨¦rcoles protest¨® ante el Congreso por la decisi¨®n en la ley de que el castellano deje de ser referencia como lengua vehicular para todo el Estado, una expresi¨®n que aparece por primera vez en 2013 en la ley Wert. Esa era la l¨ªnea roja para que Esquerra apoyase la norma. La AEB analiz¨® hace unos meses 2.214 programas educativos de las escuelas p¨²blicas catalanas y no hall¨® ninguno en el que la lengua vehicular fuese el castellano, por lo que en realidad el art¨ªculo de la ley Cela¨¢ no cambia nada. ¡°Solo en 126 centros incluyen en alguna etapa alguna asignatura en castellano, que suele ser Educaci¨®n F¨ªsica, Pl¨¢stica¡­¡±. En la concertada m¨¢s de lo mismo. Asegura que solo tienen constancia de que en 12 centros subvencionados ¨Dhay 1.305¨D oferten en primaria m¨¢s de dos horas de castellano a la semana.

Losada, de 52 a?os, matricul¨® a su hija en su colegio concertado de Hospitalet. Hasta 5? de EGB ella estudi¨® en castellano y desde entonces la mitad de las materias en catal¨¢n. Un escenario muy diferente al de su hija, que cursaba solo dos horas en espa?ol a la semana, las de Lengua, hasta que en 2016 un tribunal ¨Dampar¨¢ndose en sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a¨D dict¨® que recibiese el 25% del curriculum en castellano tras interponer Losada un recurso. La escolar ya est¨¢ en secundaria y estudia (y con ella sus compa?eros de clase) en este idioma tres horas de Lengua y Literatura y tres horas y media de Ciencias Sociales. En su momento Losada, licenciada en Historia, se sali¨® del chat del colegio por la tensi¨®n. Con el tiempo, ¡°la situaci¨®n se ha normalizado mucho¡± e incluso ¡°muchos padres en privado me han agradecido que sus hijos estudien m¨¢s en castellano¡±.

Los promotores del art¨ªculo en la ley aseguran que el objetivo es ¡°facilitar los programas de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica¡± de las autonom¨ªas con lengua cooficial y sostienen que los escolares catalanes tienen un dominio del castellano igual o superior a la media. ¡°El Gobierno ha mandado un mensaje: no se puede estudiar en castellano en todo el Estado. Con este cambio, el Gobierno vasco puede transformar el r¨¦gimen de tres sistemas educativos (castellano, euskera y mixto) a uno y que no pase nada¡±, discrepa Losada. Insiste en que no quiere volver a tiempos de Franco: ¡°Mi hija, criada en un ambiente castellanoparlante, deber¨ªa de estudiar el 60% del tiempo en catal¨¢n (y el 40% en castellano) y el ni?o de Vic, que solo escucha catal¨¢n en casa, al rev¨¦s, un 60% en castellano¡±. El catal¨¢n lo escriben el 65,3% de los habitantes, cuando en 1981 eran apenas un 31,5%, seg¨²n datos de la Generalitat.

Educaci¨®n al alcance de todos

Ernesto Guti¨¦rrez-Crespo es orientador en el Centro Integrado de FP Elorrieta-Erreka Mari de Bilbao. El Pa¨ªs Vasco se enorgullece de tener por tradici¨®n una tasa baja de abandono temprano de las aulas (el 7,3% de los j¨®venes tienen como mucho el t¨ªtulo de ESO), cuando la espa?ola sonroja y lidera la cola en Europa con un 17,9%. Guti¨¦rrez, pedagogo y psic¨®logo, no duda de la raz¨®n: ¡°En Euskadi la inversi¨®n es mucho mayor. Y eso se ve en las ratios por clase, en la atenci¨®n a la diversidad, el apoyo...¡±. Si Espa?a quiere mejorar sus ¨ªndices ¨Dya no cumple la meta que le marc¨® la UE del 15% de abandono este a?o¨D no queda otra que invertir m¨¢s en la formaci¨®n, porque en esto tambi¨¦n somos farolillo rojo. La ayuda a los rezagados mengu¨® un 90% en los a?os del ministro de Educaci¨®n popular Jos¨¦ Ignacio Wert. El Gobierno se ha comprometido a aumentar el gasto hasta llegar al 5% del producto interior bruto en 2025. En 2017, ¨²ltimo a?o del que hay datos, supuso el 4,24%.

En 2030, el 65% de las ofertas de empleo requerir¨¢n profesionales con cualificaciones medias y un 35% con altas ¡ªseg¨²n un estudio de la UE¨D, y el ministerio es consciente de que hay que lograr como sea que todos los escolares tengan una m¨ªnima preparaci¨®n. Hoy uno de cada tres ha repetido al menos una vez a los 15 a?os y es un mecanismo de frustraci¨®n, adem¨¢s de tener un alt¨ªsimo coste econ¨®mico (3.340 millones de euros al a?o, seg¨²n el ministerio). ¡°No sirve de nada la repetici¨®n si no se rompe con lo anterior y se apuesta por nuevas metodolog¨ªas. Hay que hacer un plan personalizado¡±, sostiene Guti¨¦rrez-Crespo, presidente de la Asociaci¨®n de Psicopedagog¨ªa de Euskadi. Pone el ejemplo del aprendizaje colaborativo basado en retos de FP que se aplica en su comunidad.

La nueva ley contempla que en primaria solo se pueda repetir una vez y no m¨¢s de dos antes de cumplir los 16 a?os. El propio ministro ??igo M¨¦ndez de Vigo, que sustituy¨® a Wert, lo reconoci¨® en este peri¨®dico: ¡°He comprendido que repetir curso no es la soluci¨®n¡±.

La ley Cela¨¢ permite aprobar bachillerato con un suspenso, un hecho que ha creado un gran esc¨¢ndalo, pero que es pr¨¢ctica habitual en los claustros. La norma termina tambi¨¦n con los itinerarios tempranos que fuerzan al alumno a decantarse hacia asignaturas de FP o bachillerato con 14 a?os. Guti¨¦rrez est¨¢ de acuerdo con su desaparici¨®n, que condiciona la vida del menor desde muy pronto y, sobre todo, valora que haya pasarelas que permitan siempre seguir estudiando. ¡°Est¨¢ bien que no sean itinerarios excluyentes, que con unas asignaturas se pueda pasar al bachillerato desde el FP Medio¡±, opina. En 3? de la ESO, los alumnos que vayan mal podr¨¢n matricularse en un programa de diversificaci¨®n curricular (que simplifica el curriculum), que continuar¨¢ en 4? y permitir¨¢ obtener el t¨ªtulo. La idea tambi¨¦n es que desaparezcan los compartimentos estanco de las asignaturas ¨D¡°el rol del profesor debe ser otro¡±, piensa¨D, que las autonom¨ªas decidan m¨¢s contenidos de la programaci¨®n y dar m¨¢s libertad de acci¨®n a los centros, hoy ahogados en papeleos y cors¨¦s.

Religi¨®n a la deriva

Al madrile?o Pablo Coronado, diplomado como maestro de Educaci¨®n F¨ªsica, parte de la familia y de sus amigos le han recomendado que se recicle con unas oposiciones y deje de ser profesor de Religi¨®n, ahora que la asignatura va a perder fuerza en la escuela y puesto que no es funcionario. Sin embargo, ¨¦l, padre de cuatro hijos, no tiene dudas: ¡°La gente busca estabilidad, pero yo me sigo agarrando a lo que el Se?or ha querido, y es educar a los ni?os en los valores que sus padres desean¡±.

Los acuerdos con el Vaticano de 1979 ¨Dque el Gobierno quiere renegociar¨D impiden que salga de la jornada la clase de Religi¨®n, pero ahora esta materia no tendr¨¢ una alternativa. Aparecer¨¢ ¨Dsi el alumno elige Religi¨®n¨D en su bolet¨ªn de notas, aunque no computar¨¢. Eso, de facto, supondr¨¢ que en la escuela p¨²blica o concertada no religiosa (minoritaria) muchos alumnos que la escog¨ªan para mejorar su nota en bachillerato ¨Den vez de Franc¨¦s o Dibujo T¨¦cnico¨D o pensando en una beca no la cursen, lo que puede suponer una p¨¦rdida de puestos de trabajo de profesores de Religi¨®n, porque no son funcionarios ¨Dson propuestos por el obispo y su sueldo lo sufraga el Estado¨D, sino indefinidos o temporales. ¡°Se dice mucho que la Lomce [ley Wert] nos favoreci¨®, pero dej¨® en manos de las comunidades la duraci¨®n de las clases y en algunos sitios se imparte 45 minutos a la semana¡±. El Estado invierte al a?o 300 millones en el pago de los 12.994 profesores de Religi¨®n (datos del curso 2018-2019).

¡°Los acuerdos dicen que Religi¨®n tiene que tener un trato equiparable a las dem¨¢s disciplinas fundamentales y no se va a cumplir¡±, se queja Coronado, que representa a los profesores de esta materia en el sindicato ANPE. ¡°Lo que se est¨¢ haciendo en Espa?a es ir a contracorriente de Europa¡±, enfatiza. En otros pa¨ªses ¨Dno es el caso de Francia¨D hay una materia alternativa que plantea dilemas desde un punto de vista aconfesional. ¡°Eso es lo que la Conferencia Episcopal ha propuesto al Gobierno. Una asignatura sobre de d¨®nde venimos, hacia d¨®nde vamos, la importancia del otro, los actos de solidaridad¡­¡±, enumera. Los obispos lamentaban este viernes que su propuesta ¡°no ha recibido respuesta por parte del ministerio¡±.

?Qu¨¦ har¨¢n los escolares que no cursen Religi¨®n si no hay alternativa? La ley es muda, se deja en manos de los centros y las autonom¨ªas. Otro motivo de gresca mientras el PP lleva al Constitucional la ley Cela¨¢.

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