La Fiscal¨ªa investiga la expulsi¨®n de una mujer mayor de la residencia donde vivi¨® seis a?os

La Fiscal¨ªa investiga la expulsi¨®n el viernes de la semana pasada de una mujer fr¨¢gil y dependiente que llevaba seis a?os viviendo en la residencia de mayores Los Nogales Hortaleza, en Madrid. Pilar Larena, de 69 a?os, fue echada a la calle sin sus pertenencias y con la ayuda de cinco agentes de la Polic¨ªa Nacional porque, seg¨²n el director del centro, causaba problemas de convivencia. Pilar es una persona con varias patolog¨ªas psiqui¨¢tricas diagnosticadas y un grado dos de dependencia reconocido (el segundo m¨¢s alto en la escala).

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La Fiscal Especial para la Protecci¨®n de las Personas Mayores, una sala nueva creada en noviembre en el Tribunal Supremo tras el abandono de los mayores durante la primera ola, est¨¢ revisando las circunstancias de la expulsi¨®n en coordinaci¨®n con la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid, seg¨²n una portavoz de la Fiscal¨ªa General del Estado. ¡°Este seguimiento continuar¨¢ para averiguar las circunstancias concretas en que se llev¨® a cabo la efectividad de la rescisi¨®n del contrato, sobre las que no se hab¨ªa previamente informado o concretado, a fin de actuar como proceda¡±, le dice a este peri¨®dico la portavoz.

Juristas consultados creen que la expulsi¨®n fue ilegal y vulner¨® derechos fundamentales como la libertad personal, la libertad de residencia, la inviolabilidad del domicilio y la intimidad. Pilar no fue o¨ªda por un juez o por la administraci¨®n y tampoco ten¨ªa a disposici¨®n un alojamiento alternativo.

Los juristas consideran que, como ocurre en impagos de alquiler y otras situaciones de conflicto con el propietario, es necesario abrir un proceso de desahucio con todas las garant¨ªas para la persona que va a quedarse sin vivienda. Se?alan que en otros casos distintos a una vivienda ordinaria, como un hotel o una cama de hospital, la jurisprudencia ha entendido que debe intervenir un juez.

¡°Si el Tribunal Constitucional ha entendido que una habitaci¨®n de hotel es el domicilio de una persona, m¨¢s derecho a¨²n debe tener una persona que vive en una residencia de mayores¡±, dice la catedr¨¢tica de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Inmaculada Vivas Tes¨®n. ¡°Aqu¨ª hace falta un juez. Hay una clara vulneraci¨®n de derechos¡±.

Se desconoce si son comunes las expulsiones de residentes, puesto que es posible que en otras ocasiones no hayan trascendido a la prensa. La asociaci¨®n de defensa de los derechos de los mayores Pladigmare teme que sea una pr¨¢ctica habitual. Su presidente, Miguel V¨¢zquez, dice que en al menos una ocasi¨®n tuvieron conocimiento de una residencia madrile?a que planeaba expulsar a un mayor. Cuando Pladigmare les advirti¨® de la ilegalidad, la residencia dio marcha atr¨¢s, seg¨²n V¨¢zquez.

Los Nogales, una cadena con diez residencias en Madrid, defiende la actuaci¨®n de Henry Polo, el director del centro de Hortaleza. Destaca que Polo avis¨® a Pilar de sus plan de romper el contrato con ella el 30 de julio y que le dio un plazo de 15 d¨ªas que ampli¨® por una semana m¨¢s, hasta cumplir finalmente con su advertencia el viernes de la semana pasada.

En ese ¨ªnterin, la asociaci¨®n de derechos de los mayores de residencias Pladigmare denunci¨® a la Fiscal¨ªa y a la Comunidad los planes de la residencia. Nadie fren¨® las intenciones de Polo. Entendieron que la salida de Pilar era un asunto entre partes privadas donde no cab¨ªa inmiscuirse. Tras la denuncia de Pladigmare, la fiscal madrile?a Mar¨ªa Piedad Guti¨¦rrez archiv¨® las diligencias de investigaci¨®n el 12 de agosto, dando la raz¨®n a la residencia porque hab¨ªa dado un preaviso y porque la fiscal entendi¨® acreditado que Pilar hab¨ªa violado el contrato y las normas de conducta del centro. La fiscal resalt¨® que Pilar tiene ¡°apoyo familiar¡±, a pesar de que su hermana Concha, que no tiene la tutela, tampoco fue consultada.

Pilar ha relatado c¨®mo cinco agentes de polic¨ªa la sacaron de su hogar y la sentaron en una silla de pl¨¢stico en la calle hasta que aproximadamente una hora despu¨¦s lleg¨® un dispositivo de sanitarios y trabajadores sociales para socorrerla. La llevaron a un hospital porque era mediod¨ªa y estaba haciendo mucho calor. El relato de Pilar coincide con la descripci¨®n de lo sucedido en el audio de una trabajadora social del Ayuntamiento de Madrid que hizo una llamada telef¨®nica a Concha.

¡°Me sent¨ª maltratada. Vejada, vejada y vejada¡±, le ha dicho Pilar a este peri¨®dico. Pilar se encuentra desde este mi¨¦rcoles en una residencia de la sierra de Madrid donde las visitas est¨¢n restringidas a causa de un brote de coronavirus. Trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid la derivaron all¨ª a pesar de que ella no est¨¢ vacunada por decisi¨®n propia. Su hermana Concha ha puesto una denuncia por la expulsi¨®n y quiere ampliarla con la declaraci¨®n de Pilar. Pladigmare pide a la Comunidad de Madrid que sancione a Los Nogales y cese al alto cargo madrile?o que ignor¨® su solicitud de parar la expulsi¨®n.

Alternativas a la expulsi¨®n

La ley madrile?a que regula la actividad de las residencias de car¨¢cter social, la 11/2002, contiene un dec¨¢logo de derechos de los usuarios. Uno de ellos es el derecho a ¡°acceder, permanecer y cesar en la utilizaci¨®n del servicio o centro por voluntad propia¡±. La norma dice que este derecho podr¨¢ ¡°ser objeto de limitaciones en virtud de resoluci¨®n administrativa o judicial¡±.

A juicio de los especialistas, esta norma busca la misma protecci¨®n que tienen otras personas en su domicilio, ya que las residencias de mayores son viviendas donde los residentes est¨¢n empadronados. En otros ¨¢mbitos, las normas protegen a personas vulnerables. La Ley estatal de autonom¨ªa del paciente estipula que en el caso de que una persona no acepte el alta en un hospital, la direcci¨®n del centro debe ponerlo en conocimiento del juez para que confirme o revoque la decisi¨®n.

Es preciso un desahucio, pero la fiscal archiv¨® el caso sin una m¨ªnima investigaci¨®n

Inmaculada Vivas Tes¨®n, catedr¨¢tica de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla

Los juristas consultados desaprueban la valoraci¨®n que hizo la fiscal el 12 de agosto. ¡°Es preciso un desahucio, pero la fiscal archiv¨® el caso sin una m¨ªnima investigaci¨®n¡±, agrega Vivas Tes¨®n. ¡°?Comprob¨® que lo alegado por la residencia para resolver el contrato era cierto? ?Y que su hermana estaba en condiciones de prestarle los cuidados que Pilar necesita? Ello solo puede verse en un procedimiento judicial con todas las garant¨ªas¡±.

Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, se?ala que el caso de Pilar es uno m¨¢s que prueba la necesidad de incrementar la vigilancia sobre el sector de las residencias. ¡°Las administraciones p¨²blicas tienen mucha responsabilidad¡±, apunta. ¡°En Madrid, la Fiscal¨ªa sigue el patr¨®n de archivar las denuncias contra residencias a pesar de tratarse de graves casos de discriminaci¨®n, como sucedi¨® en la primera ola con la falta de derivaciones hospitalarias¡±.

Los Nogales Hortaleza tambi¨¦n pod¨ªa haber tomado otras medidas si no ten¨ªa capacidad para cuidar a Pilar. Pod¨ªa haberlo comunicado a la Comunidad de Madrid o pod¨ªa haberla denunciado a un juez, pidiendo medidas cautelares para as¨ª mantener la convivencia, valoran los especialistas. Vivas Tes¨®n recuerda que la residencia pod¨ªa haber puesto en conocimiento de las autoridades la situaci¨®n para estudiar si era oportuno instar un procedimiento de incapacitaci¨®n judicial, el cual acaba de ser reformado y a partir del 3 de septiembre se llamar¨¢ de provisi¨®n de apoyo.

Miguel ?ngel Ramiro Avil¨¦s, profesor de Filosof¨ªa del Derecho en la Universidad de Alcal¨¢, dice que de haber solicitado la ayuda de la Comunidad, quiz¨¢s Pilar hubiera podido ser ingresada en un centro especializado para personas con enfermedades mentales. ¡°El problema es que hay muy pocos recursos en Madrid para la salud mental, que sigue siendo un agujero negro de nuestro sistema¡±, a?ade.

?Tienes m¨¢s informaci¨®n? Escribe a fpeinado@elpais.es al reportero de la secci¨®n Madrid Fernando Peinado

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