Una residencia de mayores echa a la calle a una mujer por resultar conflictiva

Una residencia de mayores de Madrid puso el viernes en la calle a una mujer de 69 a?os que llevaba casi seis a?os viviendo en ese centro. Alrededor del mediod¨ªa, los sanitarios y trabajadores sociales se encontraron a la mujer sentada en un banco cercano. Fueron avisados por la residencia, el centro Los Nogales Hortaleza, en el este de la capital. La empresa, una cadena con 10 hogares de mayores en Madrid, alega que la mujer era una usuaria problem¨¢tica que hab¨ªa incumplido el c¨®digo de conducta, pero la asociaci¨®n de defensa de los derechos de residentes Pladigmare responde que la expulsi¨®n fue ilegal e inhumana porque deb¨ªa haber seguido un proceso de desahucio que garantizara a la mujer un alojamiento alternativo. La salud de la mujer expulsada es especialmente fr¨¢gil porque tiene diagnosticada agorafobia, un miedo a los espacios abiertos.

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La mujer expulsada estaba en la calle sin sus pertenencias cuando llegaron en su auxilio un grupo de trabajadores del Samur Social, el servicio del Ayuntamiento de Madrid que atiende a las personas sin hogar. Hac¨ªa mucho calor en Hortaleza, un barrio obrero de calles estrechas y bloques de pisos de ladrillo. Hablaron con el director de la residencia, Henry Polo, quien les explic¨® que hab¨ªan rescindido el contrato por mal comportamiento y que la familia hab¨ªa sido avisada con semanas de antelaci¨®n. Como los empleados sociales no encontraron en ese momento una r¨¢pida soluci¨®n de alojamiento, una ambulancia traslad¨® a la mujer al servicio de urgencias del Hospital Ram¨®n y Cajal, para que desde all¨ª tomaran una decisi¨®n sobre su futuro.

Una trabajadora social llam¨® en torno a las 13.00 a Concha Larena, la hermana de la expulsada. Concha se encontraba en una comisar¨ªa porque conoc¨ªa las intenciones de la residencia desde finales de julio y ese d¨ªa decidi¨® poner una denuncia. Esta es la conversaci¨®n ligeramente editada para su mejor comprensi¨®n y para ocultar la identidad de la residente. (Puede escuchar el audio al clicar sobre la foto superior).

-Nosotros hemos llegado all¨ª, porque nos han activado y su hermana ya estaba en la calle.

- ?C¨®mo? Disculpe. ?Me est¨¢ diciendo que a mi hermana la han sacado a la calle?

-Claro. A su hermana.

-?Sin orden judicial?

-Eso es. Cuando hemos llegado all¨ª nos dijeron que ya le hab¨ªan informado, ?vale? y entonces claro, nos hemos encontrado con ella en la calle. Est¨¢bamos con el equipo de intervenci¨®n de Samur sanitario y no pod¨ªamos contactar con usted porque, mira que lo hemos intentado.

-S¨ª, es que yo estaba en la comisar¨ªa.

-Entonces claro, ella no se pod¨ªa quedar ah¨ª.

-Es que ella donde ten¨ªa que estar es donde estaba antes de ponerla en la calle. Que sepa usted, y esto me lo ha dicho mi abogado y no la estoy recriminando a usted, Dios bendito, pero sin una orden judicial a mi hermana no la pod¨ªan sacar a la calle. Adem¨¢s, con la enfermedad que tiene, que es agorafobia entre otras cosas.

-Yo estoy con usted, porque eso lo s¨¦.

La mujer expulsada segu¨ªa este lunes por la noche en el Hospital Ram¨®n y Cajal, seg¨²n le dijeron por tel¨¦fono a Concha. Los trabajadores sociales de ese hospital madrile?o est¨¢n buscando una residencia alternativa, pero no es f¨¢cil porque la mujer no est¨¢ vacunada y hay centros que se oponen a recibirla, seg¨²n le han explicado a Concha.

Como un despido laboral

Seg¨²n Concha, la residencia lleva a?os queriendo deshacerse de su hermana alegando que causa problemas de convivencia. Como soluci¨®n a conflictos con otras compa?eras de dormitorio, la residencia propuso que pagara 500 euros m¨¢s por una habitaci¨®n individual, pero esa opci¨®n estaba fuera del presupuesto de la mujer. Desde que ingres¨® en septiembre de 2015, la mujer ha pagado cerca de 1.800 euros mensuales por una habitaci¨®n compartida. Concha afirma que su hermana ha pagado ¡°religiosamente¡± hasta este mismo mes.

Concha no tiene la tutela judicial de la expulsada, pero la residencia contacta con ella frecuentemente porque es la familiar de referencia, el punto de contacto preferente que tienen todos los usuarios de un hogar de mayores.

El 30 de julio, el director Henry Polo cit¨® a Concha para informarle en persona de su decisi¨®n de expulsar a la hermana. En el despacho entr¨® tambi¨¦n la hermana, quien a pesar de sus problemas psiqui¨¢tricos, es plenamente consciente y tiene autonom¨ªa f¨ªsica. All¨ª mismo le dijo con rabia al director que ella no se iba. Este, sin perder el tono cort¨¦s, les inform¨® de que ten¨ªa un plazo de 15 d¨ªas para marcharse. El director les entreg¨® una carta en la que les informaba de que todo aquello era posible de acuerdo a ¡°los art¨ªculos 26 y 27 del Reglamento de R¨¦gimen Interior de la residencia y a la decimos¨¦ptima estipulaci¨®n, apartado tercero del contrato de admisi¨®n¡±.

A Concha aquellos t¨¦rminos y maneras le parec¨ªan los de un jefe informando a una empleada de un despido, una manera impropia de echar a una persona de su hogar. Se puso manos a la obra. Contact¨® a la asociaci¨®n Pladigmare, que denunci¨® los hechos a la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Para disgusto de Miguel V¨¢zquez, presidente de Pladigmare, la Fiscal¨ªa dio la raz¨®n a la residencia. El 12 de agosto archiv¨® las diligencias de investigaci¨®n decretando que el caso no violaba la ley madrile?a que recoge los derechos de las personas que viven en residencias. Seg¨²n el art¨ªculo 14 de esta ley, la 11/2002, para limitar el derecho de un residente a permanecer en uno de estos centros hace falta una resoluci¨®n administrativa o judicial.

A pesar de lo que dice esta ley, la fiscal no llev¨® el caso ante un juez. ¡°Nos encontramos ante la rescisi¨®n unilateral del contrato que un¨ªa a ambas partes, usuaria y residencia, por los motivos y dentro de los plazos previstos en el clausulado de dicho contrato y las normas de r¨¦gimen interno del centro¡±, resolvi¨® la fiscal, Mar¨ªa Piedad Guti¨¦rrez. La fiscal destac¨® que la expulsada tiene apoyo familiar: ¡°En modo alguno queda desamparada¡±.

Nos encontramos ante la rescisi¨®n unilateral del contrato que un¨ªa a ambas partes

Mar¨ªa Piedad Guti¨¦rrez, fiscal de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid

La Comunidad de Madrid ni siquiera abri¨® una investigaci¨®n, como solicitaba Pladigmare. En un correo electr¨®nico, el Cira, el servicio de inspecci¨®n de la consejer¨ªa de Familia y Pol¨ªtica Social, le inform¨® que se trata de un asunto ¡°contractual privado¡±.

Para Los Nogales, la respuesta de la Fiscal¨ªa es prueba de que actuaron correctamente. ¡°Se ha hecho todo lo posible para proteger al conjunto de residentes ante comportamientos reiterados que perjudicaban con gravedad la convivencia y compromet¨ªan el bienestar del resto de personas mayores que viven en el centro¡±, le dice a este peri¨®dico un portavoz del grupo.

¡°En todo momento se ha tratado de buscar soluciones sin que ninguna de ellas diera resultados. As¨ª, finalmente, solo se ha actuado cuando la justicia ha respaldado la decisi¨®n. En todo momento se ha mantenido informada tanto a la familia en primera instancia, como a las autoridades despu¨¦s, para asegurar la protecci¨®n de esta persona¡±, a?ade el portavoz.

El presidente de Pladigmare cree que la resoluci¨®n de la Fiscal¨ªa de Madrid contraviene claramente la letra de la ley madrile?a que protege a los residentes. Su asociaci¨®n ha frenado casos parecidos de otras personas que iban a ser expulsadas de una residencia sin orden judicial. ¡°Cuando les hemos avisado de que lo que iban a hacer es ilegal, han dado marcha atr¨¢s¡±, dice V¨¢zquez.

La Fiscal¨ªa Provincial de Madrid suele dar la raz¨®n a ¡°quienes tienen la sart¨¦n por el mango¡±, critica V¨¢zquez, quien se?ala como prueba el escaso avance de las investigaciones abiertas por el triaje de los hospitales durante la primera ola de la pandemia.

Pladigmare recuerda que Los Nogales Hortaleza es un centro tristemente conocido por un episodio de maltrato que trascendi¨® a los medios de comunicaci¨®n en abril de 2019. Entonces, un familiar revel¨® gracias a una c¨¢mara oculta c¨®mo tres trabajadores de este hogar de mayores hab¨ªan maltratado f¨ªsica y verbalmente a dos residentes.

La Comunidad anunci¨® que el centro se enfrentaba a una multa de hasta 600.000 euros, pero en realidad los datos oficiales indican que se ha quedado en 78.622,86 euros. La empresa asegura que fue un caso aislado, al margen de la empresa y de la direcci¨®n, y que los tres empleados fueron despedidos.

?Tienes m¨¢s informaci¨®n? Escribe a fpeinado@elpais.es al reportero de la secci¨®n Madrid Fernando Peinado

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