Alquiler en negro, familias sin casa y un inversor iran¨ª expropiado: el desahucio a cuentagotas de un palacio madrile?o
El juez ordena el desalojo de las primeras nueve familias del antiguo palacio de la Infanta Carlota, en el barrio de Malasa?a, donde viven 190 adultos y 40 ni?os
Son las siete y media de la ma?ana cuando la Polic¨ªa Nacional corta la calle de la Luna, en el madrile?o barrio de Malasa?a. All¨ª est¨¢ situado el antiguo palacio de la Infanta Carlota, un edificio de titularidad municipal expropiado en 2011, en el que viven unos 230 vecinos sin ning¨²n contrato de alquiler: son 190 adultos y 40 ni?os. Pero ayer finalizaba el plazo fijado por el juez para que nueve familias abandonaran el edificio, una decisi¨®n que afecta a unas 40 personas, que se han afanado durante toda la noche en sacar sus pertenencias del edificio. Unas tres horas despu¨¦s del cierre de la calle, llega la comitiva judicial que ha de certificar la salida de los afectados, pese a que no tienen otro lugar donde vivir.
Es el primer paso para desalojar el edificio por completo. El siguiente ya tiene fecha: una segunda orden judicial notificada ayer ordena marcharse el pr¨®ximo 30 de noviembre a otras nueve familias. No se trata de un desalojo por impago de la renta, sino de que el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a los juzgados la recuperaci¨®n de un inmueble de su propiedad, en el que, asegura un portavoz del ¨¢rea de Urbanismo, ¡°existen negocios ilegales de hospedaje en condiciones insalubres¡±.
El antiguo palacio de la Infanta Carlota comparte arquitecto con el Museo del Prado, Juan de Villanueva. Por eso, a mediados de los a?os 2000 la singularidad del inmueble atrajo a un inversor iran¨ª, que lo adquiri¨®. Sin embargo, pronto se desentendi¨® del mantenimiento y la rehabilitaci¨®n del edificio, que fue decayendo. En 2011, en un movimiento pocas veces visto en la capital, el Ayuntamiento lo expropi¨® a este inversor, que cobraba a los vecinos por el alquiler 400 euros al mes en negro. Desde entonces, los inquilinos no han tenido un casero al que pagar y se han convertido, a efectos administrativos, en okupas. En la puerta, ahora custodiada por la polic¨ªa, hay un cartel que atestigua que el edificio es de propiedad municipal.
¡°No entendemos cu¨¢les son las prisas del Ayuntamiento para desahuciar a toda esta gente. Sin cerrar por escrito una soluci¨®n habitacional, muestra su total falta de humanidad¡±, denuncia Jordi Gordon, presidente de la asociaci¨®n de vecinos SOS Malasa?a.
Ni la Junta Municipal del distrito Centro, ni el ¨¢rea de Urbanismo aclaran los planes que tiene el Consistorio para el edificio, aunque s¨ª explican que ser¨¢ un edificio dotacional para el barrio. Adem¨¢s, un portavoz del ¨¢rea de Servicios Sociales es que, desde hace varios meses, est¨¢n valorando la situaci¨®n de todas las familias del edificio, especialmente de las que han recibido la notificaci¨®n de desalojo de los juzgados. Eran en su mayor¨ªa de origen chino y no hablaban espa?ol, por lo que, desde la notificaci¨®n de desalojo hasta ayer, no hab¨ªan presentado ning¨²n recurso, ni tampoco contaban con abogado de oficio. Por eso, explican fuentes municipales, no se ha activado la protecci¨®n del decreto antidesahucios ampliado hasta febrero.
Los Servicios Sociales han emitido ¡°informes de vulnerabilidad de la totalidad de las viviendas¡± ¡ªlo que habr¨ªa permitido a los inquilinos mantener la protecci¨®n del decreto, si as¨ª lo hubiera determinado el juez¡ª y han tratado de citar, durante meses, a todos los desalojados ayer para ofrecerles un alojamiento alternativo.
De las personas que hab¨ªan acudido a servicios sociales, agreg¨® el mismo portavoz, ¡°se han tramitado cinco prestaciones de alojamiento alternativo, de las que finalmente solo una ha querido acceder a ella¡±. El resto declinaron por tener otras opciones de alojamiento. Adem¨¢s, en el ¨²ltimo momento, cuatro personas pidieron una plaza de emergencia y el Samur Social las tramit¨®. Entre ellas, la solicit¨® una mujer de 39 a?os con un beb¨¦ en brazos.
Tres meses
¡±Es inaudito que [el Ayuntamiento] vaya a dejar en la calle a familias en situaci¨®n de vulnerabilidad a las que como mucho les ha ofrecido una habitaci¨®n para tres meses¡±, afirm¨® la concejal de M¨¢s Madrid, Mar Barber¨¢n, que hab¨ªa acudido a apoyar a los desalojados. Como Dolores Sanchez, de 65 a?os, que vive sola. Se queja de dolores en todo el cuerpo, dice que con los a?os el sufrimiento cada vez le afecta m¨¢s. Esta situaci¨®n la tiene muy angustiada. Estuvo pagando durante a?os 300 euros por el alquiler y el agua. Ahora, no tiene un lugar donde vivir. ¡°Yo me aguantar¨¦ aqu¨ª hasta que tenga fuerzas¡±, dice.
Otra inquilina, Ainhoa, de 27 a?os, no pudo pegar ojo en toda la noche. Sab¨ªa que en cualquier momento llegar¨ªa la comisi¨®n judicial y ten¨ªa miedo de que le tocar¨¢ tambi¨¦n a ella. Intentaba salir y pasar el cord¨®n policial con los ojos enrojecidos y la voz nerviosa. Al final, ayer durmi¨® en su cama, pero no sabe hasta cu¨¢ndo. Ella y sus hijas viven en el edificio, porque no encuentran ning¨²n lugar asequible que alquilar en Madrid. Quiere marcharse, pero no tiene trabajo y no se puede permitir pagar una casa. ¡°Necesito un alquiler social para llevarme a mis hijas¡±, lamentaba.
El caso de esta familia es solo uno de las decenas que conviven en el antiguo palacio. Como Ram¨®n Pino, de 55 a?os, que lleva nueve a?os viviendo en el edificio y tampoco tiene d¨®nde ir. Vive con miedo, no sabe cu¨¢ndo ser¨¢ el ¨²ltimo d¨ªa en su casa.
¡±Estos casos se seguir¨¢n dando, y si los vecinos y la sociedad civil organizada dejan de acudir y no son suficientes para paralizar en la puerta un desahucio frente a las patrullas policiales, se seguir¨¢n dando, y las familias quedar¨¢n en la calle como lleva pasando los ¨²ltimos a?os¡±, afirma. ¡±Lo peor es que la futura Ley de Vivienda tampoco ser¨ªa efectiva en el caso de que una familia vulnerable se quedara en la calle como es este caso. El parque p¨²blico de vivienda es tan escaso y las previsiones son tan malas que no hay suficientes, ni una previsi¨®n de reserva para emergencias para casos como este¡±, afirma Fernando Bardera, portavoz del Sindicato Inquilinas e inquilinos de Madrid.
Mientras ve a sus vecinos hacer las maletas, Ezequiel, de nueve a?os, le escribe al alcalde, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida, para pedirle que no lo deje sin casa: ¡°Yo estoy en el cole aqu¨ª en el barrio y he nacido aqu¨ª, mis amigos y todo lo que tengo por favor no nos eche. Tengo miedo¡±.
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