El Defensor del Pueblo se despide con la Ca?ada Real: ¡°Los compromisos pol¨ªticos no se han cumplido¡±

El Defensor del Pueblo deja su puesto con un ¨²ltimo cometido: tirar de las orejas a las administraciones por el a?o sin luz en la Ca?ada Real Galiana. Con el fr¨ªo ya instalado en Madrid y con la falta de suministro que sufre el sector seis del asentamiento irregular mayor de Europa despu¨¦s de un a?o, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n ha emitido una nueva resoluci¨®n antes de ceder su puesto al socialista ?ngel Gabilondo. ¡°El Defensor del Pueblo observa con grave preocupaci¨®n c¨®mo, despu¨¦s de tantos meses, el problema de la falta de suministro no se ha resuelto y los compromisos de naturaleza pol¨ªtica no se han cumplido¡±, dice en una nota de 10 p¨¢ginas en las que rebate una a una todas las aristas legales que han puesto sobre la mesa el Comisionado del Gobierno y la Comunidad de Madrid. El Defensor no distingue entre administraciones, arremete contra todas por centrar sus soluciones en los realojos, ¡°que son procesos complejos que, por lo general, necesitan varios a?os¡±, y pide que se restablezca la luz, que a los habitantes de la Ca?ada Real se les ofrezca un contrato legal, sin cortes, y que incluso puedan acceder a un bono social aquellas personas que cumplan los requisitos.

Fern¨¢ndez Murag¨¢n inici¨® en octubre de 2020 actuaciones para resolver al problema que afectaba a los sectores 5 y 6 de la Ca?ada y que ahora persiste sobre todo al 6, donde residen m¨¢s de tres millares de personas, un tercio de ellos menores de edad. En diciembre, el Defensor del Pueblo emiti¨® dos resoluciones a la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid y a la Comunidad, en las que instaba a ¡°con car¨¢cter inmediato y urgente, adoptar, en coordinaci¨®n con las autoridades competentes del Estado para la seguridad y la protecci¨®n civil, una soluci¨®n (...), por ejemplo, mediante la instalaci¨®n de grupos electr¨®genos para el abastecimiento a la poblaci¨®n, o cualquier otro sistema apto para tal fin¡±.

¡°Clara vulneraci¨®n de derechos¡±

Ante la falta de soluciones, el Defensor insiste ahora en que hay ¡°una clara vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de las personas afectadas, al ponerse en peligro su salud e incluso su vida¡±. Ha pasado un a?o y todo sigue igual. Y, de nuevo, llega el invierno. Fern¨¢ndez Marug¨¢n recuerda que tambi¨¦n hab¨ªa pedido que se estableciera una acci¨®n coordinada, que se elaborara un diagn¨®stico com¨²n de la situaci¨®n, se estableciera un plan operativo de actuaci¨®n, coordinado entre la Delegaci¨®n del Gobierno y la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de la administraci¨®n regional y se evaluara peri¨®dicamente los resultados obtenidos.

¡°La grave situaci¨®n que viven los afectados reclamaba, ante todo, una actuaci¨®n urgente sobre el terreno, orientada a atajar el problema en el corto plazo. Pues bien, tal actuaci¨®n no se ha producido y son muchas las personas que a d¨ªa de hoy siguen sin suministro el¨¦ctrico en la Ca?ada Real Galiana: unas 2.953 personas, que viven el sector 6. En cuanto al sector 5, si bien dispone de suministro el¨¦ctrico, no puede afirmarse que este suministro re¨²na unas m¨ªnimas garant¨ªas que permitan concluir que el problema haya quedado razonablemente resuelto¡±, recuerda.

El Defensor del Pueblo insiste en que lleva tiempo defendiendo la idea de que la energ¨ªa es esencial para la salud de las personas y para una vida digna, ¡°pues resulta necesaria para la conservaci¨®n y preparaci¨®n de alimentos, lo cual repercute directamente en la salud, derecho que la Constituci¨®n reconoce en el art¨ªculo 43¡å. Tambi¨¦n es necesaria, contin¨²a en su exposici¨®n, para garantizar el derecho a la educaci¨®n, no solo porque los menores en edad escolar en los meses de invierno realizan sus tareas despu¨¦s de la puesta de sol, ¡°sino tambi¨¦n porque cada vez se est¨¢ extendiendo m¨¢s el uso de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n en la educaci¨®n¡±. ¡°De igual modo, la electricidad integra el derecho a una vivienda adecuada al que se refiere el art¨ªculo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales¡±.

El Defensor del Pueblo recuerda a los implicados que visit¨® el asentamiento y vio de primera mano las consecuencias que estaba teniendo. ¡°Personas afectadas por enfermedades pulmonares cr¨®nicas han empeorado su estado; personas mayores que no pueden tomar su medicaci¨®n porque de noche, a oscuras, no pueden encontrar sus pastillas; menores en edad escolar que ven vulnerado su derecho fundamental a la educaci¨®n al no poder realizar sus tareas y asearse convenientemente (durante la visita se refiri¨® un incremento del absentismo escolar vinculado a que los menores son objeto de burla por su olor y falta de limpieza)¡±. Tambi¨¦n insiste en que se dan casos de personas electrodependientes privadas de suministro que apenas pueden recargar las bater¨ªas de sus equipos sanitarios. ¡°Incluso se produjo el ingreso de un reci¨¦n nacido con cianosis debido al fr¨ªo, dado que los reci¨¦n nacidos no son capaces de regular su temperatura corporal¡±, advierte, antes de recordar el caso de una ni?a ingresada el 15 de diciembre de 2020 en el Hospital Universitario Infanta Leonor por inhalaci¨®n de mon¨®xido de carbono.

Fern¨¢ndez Murag¨¢n no se deja nada en el tintero y recuerda adem¨¢s que Naciones Unidas ya avis¨® al Gobierno de Espa?a que no le val¨ªan las explicaciones sobre su falta de responsabilidad en el conflicto abierto. ¡°La situaci¨®n hasta aqu¨ª descrita persiste, y un a?o despu¨¦s, casi tres mil personas vuelven a afrontar sin suministro el¨¦ctrico un nuevo per¨ªodo invernal, que se prev¨¦ especialmente duro, seg¨²n las previsiones climatol¨®gicas¡±. Las cinco Administraciones implicadas ¡ªDelegaci¨®n del Gobierno, Ejecutivo regional y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid¨D firmaron en 2017 un acuerdo que garantizaba los servicios m¨¢s b¨¢sicos hasta el desmantelamiento de todo el sector 6. Los realojos se han ido sucediendo de forma muy lenta en el tramo con menor densidad de poblaci¨®n, aquel que discurre entre el municipio de Getafe, donde nace la Ca?ada, y el vertedero, al costado de esta antigua v¨ªa pecuaria.

Fern¨¢ndez Murag¨¢n tambi¨¦n desgrana en qu¨¦ consist¨ªa aquel pacto: ¡°en tanto no se produzca la consolidaci¨®n de los sectores o el realojo de sus residentes, debe prove¨¦rseles de los suministros b¨¢sicos y entre tales suministros figura expresamente la rehabilitaci¨®n del suministro de luz¡±. ¡°El suministro el¨¦ctrico es, sin duda, la cuesti¨®n m¨¢s atrasada en lo referente a dicho compromiso, dado que la gran mayor¨ªa de las edificaciones no cuenta con contratos¡±. Por tanto, exige no solo que se les provea de luz de manera legal, sino que se haga de manera segura y que adem¨¢s se aplique, cuando se re¨²na los requisitos, ¡°el derecho a beneficiarse del bono social el¨¦ctrico que implica no solo descuentos en la factura sino tambi¨¦n, en determinados casos, la protecci¨®n frente a un corte de suministro¡±.

Todo el conflicto estall¨® porque entre septiembre de 2019 y el mismo mes de 2020 aumentaron un 70% el consumo el¨¦ctrico en la Ca?ada, pero no por el n¨²mero de enganches ilegales a la red de los habitantes, sino por la proliferaci¨®n de plantaciones de marihuana que hicieron que los plomos saltaran por los aires. Ya entonces, el alcalde de la capital, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida, se mostr¨® convencido de que, una vez se desarrollara una operaci¨®n policial para acabar con las plantaciones de droga, se volver¨ªa a la situaci¨®n anterior en la que los ciudadanos viv¨ªan enganchados de manera irregular a la red pero sin sufrir cortes en el suministro. ¡°Lo que pedimos al resto de administraciones es que ejerzan sus competencias tambi¨¦n¡±, coment¨® Almeida, en lo que fue una clara alusi¨®n al Gobierno central por haber descargado ante la ONU toda la responsabilidad de la falta de luz en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Murag¨¢n recuerda que la respuesta de las Naciones Unidas fue clara y concisa: no le va val¨ªan las excusas e instaba a todas las administraciones a poner una soluci¨®n.

Los tira y afloja entre administraciones en torno a la Ca?ada han sido una constante durante este a?o. A principios de octubre, la delegada del Gobierno, Mercedes Gonz¨¢lez, se sent¨® con la presidenta de la Comunidad, Isabel D¨ªaz Ayuso, para avanzarle que en los presupuestos generales del Estado incluir¨¢n cinco millones de euros para realojar a las familias.

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