La fiscal concluye que Metro actu¨® con ¡°absoluto desprecio¡± a la seguridad de los trabajadores en el caso del amianto, pero pide archivarlo

La Fiscal¨ªa ha pedido archivar el caso del amianto del Metro de Madrid al considerar que no se pueden atribuir los delitos investigados a ning¨²n responsable concreto de la empresa, dependiente de la Comunidad de Madrid. El ministerio p¨²blico ha tomado esta decisi¨®n pese a concluir que la compa?¨ªa ¡°expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores¡±; y despu¨¦s de que el Gobierno regional, tras a?os de peleas, anunciase hace dos semanas que hab¨ªa cerrado un acuerdo con los sindicatos y las v¨ªctimas para indemnizar con 7,3 millones de euros a los afectados. Este acuerdo implica que las partes ¡°renuncian al ejercicio de acciones penales, civiles y laborales¡±, seg¨²n concret¨® entonces el Ejecutivo de la popular Isabel D¨ªaz Ayuso.

A lo largo de un detallado informe de 30 p¨¢ginas, fechado este lunes y al que tuvo acceso EL PA?S, la fiscal Alejandra Navarro pide al Juzgado de Instrucci¨®n 23 de la capital poner punto final a las pesquisas, que arrancaron el 23 de julio de 2019, cuando el ministerio p¨²blico present¨® una denuncia tras una investigaci¨®n previa de 16 meses. Entonces, solo se ten¨ªan registrados dos muertos y se hab¨ªa reconocido a dos trabajadores como enfermos por ¡°exposici¨®n al amianto¡±. A d¨ªa de hoy, seg¨²n la acusaci¨®n, esas cifras se han multiplicado: se han contabilizado 13 fallecidos y a 7 empleados se les ha reconocido la enfermedad.

¡°Es un hecho constatado que Metro Madrid expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores, dado que conoc¨ªa de la existencia de amianto en lugares y equipos desde 2003¡±, recalca el informe de la fiscal, que remacha: ¡°Conoc¨ªa la empresa que sobre MCA [material con amianto] se efectuaban tareas que supon¨ªan desprendimiento de fibras de amianto y los riesgos para la salud de los trabajadores [...] La ocultaci¨®n del riesgo a los trabajadores supuso una desprotecci¨®n absoluta y un desprecio intolerable a su seguridad¡±. La compa?¨ªa p¨²blica depende de la Comunidad, gobernada por el PP desde 1995.

El informe recoge duras cr¨ªticas a la compa?¨ªa. Por ejemplo, para el ministerio p¨²blico resulta sorprendente que, entre 2003 y 2006, se adoptaran medidas para eliminar ¡°el riesgo de amianto¡± ¡ªencapsulando las piezas que conten¨ªan este material mediante ¡°un proceso de barnizado o pintura con capacidad de aislarlo¡±¡ª. Pero que, sin embargo, desde 2006 y hasta 2017, se permitieran desarrollar trabajos sin haber ¡°evaluado ni planificado el riesgo de exposici¨®n¡±. ¡°No se alcanza a entender¡± esta forma de actuar, insiste la fiscal, que explica c¨®mo se ¡°taladraron, seccionaron, cortaron, remacharon y lijaron¡± piezas con amianto durante esa d¨¦cada: ¡°Sin que se adoptara ninguna medida, con absoluto desprecio a la seguridad de los [operarios], dado que ni siquiera conoc¨ªan que las piezas que manipulaban conten¨ªan amianto, poniendo de esta forma en peligro grave su vida e integridad¡±.

¡°Los trabajadores han sufrido las consecuencias de la pasividad de la empresa¡±, prosigue el ministerio p¨²blico en su informe, donde tambi¨¦n calcula el n¨²mero de afectados. Adem¨¢s de los 13 fallecidos y los 7 reconocidos con la enfermedad, la fiscal estima que, al menos, otros 907 empleados se vieron expuestos al riesgo y siguen activos a d¨ªa de hoy; a los que se suma un ¡°n¨²mero indeterminado¡± de operarios que ya no est¨¢n en la empresa.

Pese a las irregularidades, se diluye la posibilidad de condenar a alguien por un delito contra los derechos de los trabajadores, en opini¨®n de la Fiscal¨ªa. Durante la instrucci¨®n se ha llegado a imputar y a interrogar a siete responsables de la empresa, pero no se cuentan con pruebas suficientes para ¡°atribuir¡± los hechos a ninguno de ellos, ¡°ni a ninguna persona conocida¡±.

Seg¨²n afirma la fiscal sobre los cargos responsables entre 2006 y 2017, ¡°no ha sido posible determinar sin g¨¦nero de dudas que conocieran los informes de 2003¡±, en referencia a los documentos que dieron luz verde a la adopci¨®n de medidas de seguridad hasta 2006 y que acabaron ¡°extraviados¡± por ¡°ignoradas circunstancias¡±. Tampoco se ha acreditado que supieran que exist¨ªa amianto en las instalaciones o equipos. Ni se les puede atribuir que ¡°omitieran dolosamente la adopci¨®n de medidas de seguridad frente al amianto o que ocultaran intencionadamente su existencia¡±.

El ministerio p¨²blico introduce otro elemento clave a la hora de pedir el archivo de la causa contra ellos: no se les puede atribuir el delito ¡°por el mero hecho de la posici¨®n o cargo¡± que ostentaban, ¡°por muy alto que este sea¡±. Se debe probar su participaci¨®n directa. Y, en este punto, la fiscal resalta la dificultad de conseguirlo en ¡°estructuras jerarquizadas¡±, con complejas cadenas de mando, como el Metro de Madrid, con m¨¢s de 7.000 empleados. ¡°La delegaci¨®n de funciones, y por tanto, de la capacidad de decisi¨®n, recae en un grupo diverso de personas que ejercen alg¨²n tipo de mando y direcci¨®n dentro de la empresa, lo que hace dif¨ªcil la afirmaci¨®n de la responsabilidad criminal [...] Esa jerarquizaci¨®n puede conducir a la paradoja de que cuanto m¨¢s relevante sea la capacidad de decisi¨®n, m¨¢s lejano se encuentra el responsable respecto de las acciones u omisiones llevadas a cabo por los ¨²ltimos eslabones¡±.

El ministerio p¨²blico celebra los siete millones de euros que la Comunidad abonar¨¢: ¡°Es una de las mayores indemnizaciones conseguidas en Espa?a por la exposici¨®n al amianto¡±. Y la fiscal tambi¨¦n recalca que, aunque este acuerdo con el Gobierno de Ayuso en ¡°modo alguno puede erradicar el dolor de las v¨ªctimas y de sus familias¡±, implica que la compa?¨ªa desistir¨¢ de impugnar todos los procedimientos que los afectados abran en la jurisdicci¨®n social. Eso ¡°facilitar¨¢ una r¨¢pida respuesta ante la posible existencia de nuevos casos de personas trabajadoras de Metro, a las que se les reconozca una enfermedad profesional a posteriori, garantizando la misma cuant¨ªa indemnizatoria¡±.