El Colegio oficial de arquitectos de Madrid (COAM) considera que los criterios de adjudicaci¨®n del proyecto de la Ciudad de la Justicia que patrocina el gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso vulneran la ley de contratos del sector p¨²blico y la ley de calidad de la arquitectura, aprobada en junio por el Senado, y por eso ha registrado un recurso especial ante el Tribunal administrativo de contrataci¨®n p¨²blica, al que accedi¨® EL PA?S.

El conflicto, que este ¨®rgano debe resolver antes de mediados de septiembre, pone de nuevo bajo los focos uno de los planes m¨¢s pol¨¦micos del actual ejecutivo del PP. La adjudicataria aportar¨¢ 500 millones para la construcci¨®n del complejo, que reunir¨¢ todos los ¨®rganos judiciales de la regi¨®n. A cambio, lo explotar¨¢ durante 36 a?os, en los que ingresar¨¢ un canon anual de dinero p¨²blico (superando los 2.100 millones en total) al que se sumar¨¢n otros ingresos por alquileres o cobro de aparcamiento (268 millones). La Comunidad calcula que los ingresos de la empresa elegida pueden llegar a superar los 2.800 millones, porque lo previsible es que haya modificaciones del acuerdo durante las cuatro d¨¦cadas que estar¨¢ vigente.

¡°La ley aprobada en junio establece que la calidad de la arquitectura es un bien de inter¨¦s general que debe estar presente en cualquier concurso que convoque la Administraci¨®n. Y lo que estamos viendo es que la Administraci¨®n est¨¢ siguiendo criterios previos¡±, defiende Pablo Olalquiaga, que es doctor arquitecto y vicedecano de COAM. ¡°Los criterios de adjudicaci¨®n de este concurso, con sus baremos, en ning¨²n momento mencionan la calidad de la arquitectura, ni se le atribuye una puntuaci¨®n¡±, a?ade este representante de los profesionales, que tambi¨¦n reclaman un concurso p¨²blico abierto de anteproyectos para la redacci¨®n del Proyecto B¨¢sico, de Ejecuci¨®n y Direcci¨®n de Obra de cada edificio, previo a la licitaci¨®n de las obras en s¨ª.

¡°Defendemos que la ¨²nica manera de garantizar la calidad es la convocatoria del concurso independientemente, con un concurso de ideas puro y duro, que defina la arquitectura, y otro de obras¡±, sigue Olalquiaga. ¡°Un edificio en el que se imparte justicia es sensible en cuanto a la calidad de la arquitectura, como un hospital, donde la gente sufre y padece. No se puede frivolizar y no tener eso en cuenta¡±, a?ade. Y lamenta: ¡°Adem¨¢s, y aunque no es objeto del recurso, la Administraci¨®n [regional] renuncia al tiempo y los recursos p¨²blicos invertidos en el pasado, porque da marcha atr¨¢s y no cuenta con todo lo hecho hasta ahora¡±.

Es un recordatorio de que el proyecto de la Ciudad de la Justicia lleva 20 a?os en el ojo del hurac¨¢n. Durante un tiempo, fue el ojito derecho del gobierno Esperanza Aguirre, que avanz¨® en licitaciones, gastos y proyectos. Su sucesor en el poder, Ignacio Gonz¨¢lez, aterriz¨® el plan: 30 a?os de concesi¨®n, con un coste de 1.752,5 millones de euros (1.448,4 millones m¨¢s 304,1 millones por IVA). Al llegar al poder, Cristina Cifuentes lo fren¨® todo y llev¨® el asunto a la fiscal¨ªa. En medio, un torrente de gastos que ha acabado en los tribunales.

As¨ª, cuando la C¨¢mara de Cuentas investig¨® los balances de la empresa p¨²blica Campus de la Justicia entre 2005 y 2015 concluy¨® que las cifras no cuadraban.

Solo en gastos sin soporte contractual hab¨ªa 4,8 millones de euros, a lo que se a?ad¨ªan dispendios impropios de una compa?¨ªa dependiente de la Administraci¨®n p¨²blica. El proyecto fue presentado 72 veces, y llev¨® aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocaci¨®n de la primera piedra cost¨® m¨¢s de un mill¨®n. La gran mayor¨ªa de empleados cobraban 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la regi¨®n nunca se completara. De aquel proyecto solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal; y una investigaci¨®n judicial a¨²n abierta en la que est¨¢n bajo la lupa cargos de la ¨¦poca de Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien anticorrupci¨®n pidi¨® ocho a?os de c¨¢rcel en enero de 2021.

De hecho, como avanz¨® este diario, el gobierno de D¨ªaz Ayuso consider¨® inservibles todos esos trabajos previos, lo que ha convertido en un dispendio haber pagado millones de euros solo en las maquetas y los planos de algunos de los edificios, por mucho que los firmaran algunos de los arquitectos m¨¢s famosos del mundo, como Norman Foster. ?Quiere decir eso que se ha renunciado a la calidad en la obra para abaratarla?

¡°Siempre hemos dicho que vamos a hacer un proyecto funcional, ejecutivo, y sin grandes alharacas, pero absolutamente digno y por supuesto dentro de todos los est¨¢ndares de controles de calidad acordes a la legislaci¨®n vigente¡±, explica un portavoz gubernamental. ¡°Ah¨ª no se escatima ning¨²n c¨¦ntimo de euro¡±, subraya. Y sobre otros aspectos del recurso de COAM, precisa: ¡°Es la Administraci¨®n la que debe valorar, dentro de los diferentes modelos de contrato que permite la ley de contratos del sector p¨²blico, la que mejor se adapte a los intereses. Y licitar la redacci¨®n de los proyectos b¨¢sico y de ejecuci¨®n junto con la direcci¨®n de obra representa un important¨ªsimo ahorro en el tiempo¡±.

El PSOE pide paralizar el proceso

El objetivo es que la nueva infraestructura, que concentrar¨ªa todas las sedes judiciales de la regi¨®n y dar¨ªa servicio a 30.000 personas al d¨ªa, est¨¦ lista en 2027.

Si el tribunal da la raz¨®n a la Comunidad de Madrid, el plazo para presentar ofertas para construir y explotar la Ciudad de la Justicia concluir¨¢ el 20 de octubre. De los 100 puntos en juego para decidir el ganador, 35 se decidir¨¢n en funci¨®n de la rebaja que planteen los interesados sobre los 2.800 millones que calcula la Administraci¨®n que le acabar¨¢ costando el proyecto. Tambi¨¦n influir¨¢ el uso de energ¨ªas renovables, o los proyectos t¨¦cnicos para la limpieza, vigilancia y mantenimiento de los edificios y las instalaciones, que tambi¨¦n correr¨¢n de la cuenta del adjudicatario. La calidad de los edificios, como denuncia COAM, no influir¨¢ en nada.

Adem¨¢s, Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid, ha reclamado este mi¨¦rcoles por carta a Isabel D¨ªaz Ayuso que detenga el proceso de adjudicaci¨®n, ya que no hay consenso entre los partidos sobre el modelo y apenas quedan unos meses para las elecciones auton¨®micas de mayo de 2023.

¡°Otra vez lo mismo con la Ciudad de la Justicia¡±, se ha quejado el l¨ªder regional de los socialistas. ¡°Otra vez el mismo modelo que ya fracas¨® de Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez, que nos ha costado a todos los madrile?os cientos de millones de euros a todos los madrile?os, sin que hayamos visto nada a cambio¡±, ha seguido. ¡°Y ahora otra vez, en agosto, a ocho meses de elecciones, con los sectores en contra, quieren adjudicar a 40 a?os un contrato de 2.800 millones de euros¡±, ha a?adido. ¡°Vista la falta de consenso, que [D¨ªaz Ayuso] suspenda el proceso, nos reunamos, y si no hay un m¨ªnimo consenso, [mejor] que lo dejemos para despu¨¦s de las elecciones¡±.

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