La alcaldesa de El Escorial declara en el juzgado por el retraso en la exhumaci¨®n de dos v¨ªctimas de la Guerra Civil

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota L¨®pez Esteban, del Partido Popular, declarar¨¢ este mi¨¦rcoles en el Juzgado de Primera Instancia por un posible delito de prevaricaci¨®n administrativa por las trabas en la exhumaci¨®n de los hermanos Manuel y Antonio Lape?a Altab¨¢s, fusilados en 1936 pocas semanas despu¨¦s del comienzo de la Guerra Civil en Villarroya de la Sierra (Zaragoza). Posteriormente, en 1959, los restos de los hermanos fueron trasladados al valle de Cuelgamuros (antes valle de los Ca¨ªdos), de donde su familia exige que sean exhumados para devolverlos a Calatayud.

Ante la ralentizaci¨®n del proceso, la justicia investiga la actuaci¨®n de la alcaldesa del PP por su negativa a conceder, el verano pasado, la licencia de obra que permite el acceso a las criptas de la Bas¨ªlica que dependen del Ayuntamiento de El Escorial. La alcaldesa fue denunciada por las v¨ªctimas, quienes hace casi siete a?os, en marzo de 2016, obtuvieron el respaldo de la justicia a una digna sepultura, que todav¨ªa no se ha cumplido.

La negativa de la alcaldesa a conceder la licencia lleg¨® despu¨¦s de que la Junta de Gobierno local acordara proceder a la exhumaci¨®n de los restos del interior del valle y recuperar los de los aragoneses. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratific¨® la legalidad de la exhumaci¨®n, lo que obliga a reactivar la licencia municipal de acuerdo al mandato de Patrimonio Nacional. Seg¨²n los denunciantes, la actitud de la alcaldesa, ¡°supone un abuso contra la reparaci¨®n de las v¨ªctimas¡±. En caso de resultar culpable de prevaricaci¨®n, la sentencia lleva aparejada la inhabilitaci¨®n de la edil, aunque este no es el objetivo de la denuncia, sino que se haga efectiva la exhumaci¨®n de los hermanos, aclara a este peri¨®dico el abogado Eduardo Ranz, que lleva el caso.

La oposici¨®n al PP en San Lorenzo de El Escorial ha cargado contra la alcaldesa por el injustificado retraso que atribuyen a maniobras y presiones de partidos como Vox que, sin embargo, no forman parte del Gobierno local. A Esteban Tettamanti, concejal de Podemos en el Ayuntamiento, le preocupa ¡°qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s de la paralizaci¨®n¡±. ¡°Son asociaciones que conocemos perfectamente. Estos no defienden el valle de da?os, sino un supuesto legado, y lo hacen con u?as y dientes¡±, se?al¨® a la prensa. Los grupos de oposici¨®n denuncian que la actitud de la alcaldesa ¡°va contra los Derechos Humanos de miles de familias, que tienen a sus familiares all¨ª de forma ilegal¡±.

La alcaldesa, por su parte, justifica el retraso se?alando que la decisi¨®n a¨²n puede ser recurrida, al tiempo que ha denunciado ser v¨ªctima de ¡°coacciones¡± y ataques injustificados de los defensores de la Memoria Hist¨®rica. Seg¨²n L¨®pez Esteban, se ha hecho un uso partidista del caso y defiende que ¡°el proceder del Ayuntamiento viene determinado por los informes y se ajusta a la legalidad¡±. ¡°El ¨²nico inter¨¦s de este Ayuntamiento, en este y en cualquier otro procedimiento en vigor, es cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente y, c¨®mo no, las sentencias que pueda dictar la justicia, sin cuestionar esta alcald¨ªa en ning¨²n momento las resoluciones judiciales¡±, ha escrito en un texto firmado por la propia edil.

Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoci¨® en 2016 el derecho de los familiares a recuperar sus cad¨¢veres enterrados en el valle para trasladarlos a su localidad natal, aunque los tr¨¢mites se han demorado desde entonces. El juzgado reconoci¨® el derecho de un hijo y sobrino y de una nieta y sobrina-nieta de los fallecidos a darles ¡°digna sepultura¡±, ya que ¡°el derecho de la persona a ser inhumada conforme a los ritos de la religi¨®n que profesa forma parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa, que comprende¡±, se?al¨®.

El Consistorio considera que todav¨ªa cabe recurso contra la decisi¨®n del TSJM, que levant¨® la medida cautelar que imped¨ªa desenterrar miles de restos de v¨ªctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, por lo que se ha negado a facilitar el ¨²ltimo tr¨¢mite que permitir¨ªa la exhumaci¨®n de m¨¢s de 100 familias que llevan a?os luchando para recuperar los restos de represaliados enterrados all¨ª sin consentimiento. Tras el retraso, los familiares de las v¨ªctimas anunciaron una querella contra la alcaldesa tras enviarle dos cartas para explicarle que los restos de sus familiares llegaron all¨ª ¡°tras haber sido violada su tumba y profanado su cad¨¢ver¡±.

Originarios de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), los hermanos Lape?a Altab¨¢s fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, pero en 1959 fueron enterrados nuevamente en el valle de los Ca¨ªdos. Manuel Lape?a, adem¨¢s de veterinario, era un miembro destacado de la CNT y fue fusilado un mes despu¨¦s del levantamiento militar sin juicio alguno. Su hermano Antonio, herrero de profesi¨®n y simpatizante del movimiento obrero, fue fusilado en las tapias del cementerio municipal dos meses despu¨¦s de su hermano tras permanecer huido. En su caso tampoco hubo juicio ni condena y ninguno se hab¨ªa visto envuelto en acciones violentas.

Seg¨²n el censo del Ministerio de Justicia, en Cuelgamuros est¨¢n enterrados los restos de 33.833 personas ¨Dcasi la mitad sin identificar¨D de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados all¨ª entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el pa¨ªs. Desde hace a?os, 104 familias pelean para recuperar a sus parientes enterrados sin su consentimiento en el valle de los Ca¨ªdos y la Asociaci¨®n por la Recuperaci¨®n e Investigaci¨®n Contra el Olvido (Arico) ha denunciado el retraso y ¡°seis a?os de reuniones, palabras vac¨ªas y mentiras¡±.

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