Madrid entra en la guerra del agua y se abre a recurrir hasta el Constitucional contra el plan hidrol¨®gico del Tajo

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel D¨ªaz Ayuso, ha entrado en la guerra del agua y est¨¢ dispuesta a llegar hasta el Tribunal Constitucional si hace falta para defender sus intereses frente al decreto estatal que regula el uso del r¨ªo Tajo. As¨ª lo recoge un contrato licitado por el Canal de Isabel II, y ganado por el despacho Ram¨®n y Cajal, para estudiar y, en su caso, litigar, nueve aspectos de la norma que abren un nuevo frente contra el Gobierno que preside Pedro S¨¢nchez. Ya lo avis¨® la propia D¨ªaz Ayuso en mayo de 2022: ¡°El plan hidrol¨®gico del Tajo quiere reducir el agua de Madrid¡±. De esta manera, la regi¨®n capitalina se une a un pulso en el que llevan enzarzados desde hace a?os las regiones de Castilla-La Mancha (donde se capta el agua), Andaluc¨ªa, Comunidad Valenciana o Murcia (donde se recibe, y que tambi¨¦n han anunciado su recurso ante el Tribunal Supremo). Y no solo eso. En pleno esprint hacia las elecciones municipales y auton¨®micas del 28 de mayo, el Gobierno de D¨ªaz Ayuso encuentra otro motivo para confrontar con el de S¨¢nchez, con el que ya ha chocado en materia sanitaria, fiscal, econ¨®mica o internacional.

El n¨²cleo del conflicto est¨¢ en el embalse de Valmayor que, con una capacidad de 124,4 hect¨®metros c¨²bicos, es el segundo m¨¢s importante de la Comunidad de Madrid. De ¨¦l dependen para beber 1,7 millones de madrile?os, el 25% de la poblaci¨®n, seg¨²n el Gobierno regional. Y la nueva regulaci¨®n condiciona a una autorizaci¨®n previa del Estado que el embalse pueda recibir agua del r¨ªo Alberche, a trav¨¦s del trasvase San Juan-Valmayor.

¡°Esto no ha sucedido en ninguna comunidad aut¨®noma¡±, se quej¨® hace casi un a?o Ayuso. ¡°Nunca, dentro de una misma concesi¨®n, se ha pedido esta autorizaci¨®n previa¡±.

Pero no es el ¨²nico punto conflictivo, seg¨²n Madrid, que invertir¨¢, para empezar, 35.000 euros en prepararse para una batalla legal que calcula que durar¨¢ como m¨ªnimo cuatro a?os.

As¨ª, seg¨²n la documentaci¨®n consultada por este diario, el Canal de Isabel II entiende que sus intereses se ven afectados en lo que se refiere al ¡°mantenimiento del principio de supremac¨ªa del uso del agua para abastecimiento a poblaciones en todo momento y especialmente a situaciones de sequ¨ªa o escasez¡±; el ¡°establecimiento de una autorizaci¨®n previa a la realizaci¨®n de un trasvase entre embalses de diferentes sistemas de explotaci¨®n de la Demarcaci¨®n¡±; ¡°de un r¨¦gimen de caudales ecol¨®gicos en masas de agua¡±; la ¡°imposibilidad de establecer caudales ecol¨®gicos al azud de Las Nieves y Pozo de los Ramos por carecer de capacidad de regulaci¨®n¡±; o la ¡°ausencia de justificaci¨®n de los caudales generadores establecidos¡±; la ¡°falta de definici¨®n de los par¨¢metros y condiciones de calidad de los caudales ecol¨®gicos que se definan¡±.

¡°El Canal no tiene servicios jur¨ªdicos propios¡±, explica un portavoz gubernamental. ¡°Por ello se ha contratado a un despacho, porque como venimos diciendo desde hace tiempo, no estamos a favor del Plan Hidrol¨®gico del Tajo, ya que perjudica a los madrile?os al reducir el agua para el embalse de Valmayor¡±, a?ade. ¡°Se va a estudiar a fondo el real decreto, y todas sus aristas, para ver c¨®mo proceder¡±.

El acuerdo detalla que Madrid est¨¢ dispuesta a apurar todas sus opciones: ¡°Las actuaciones a desarrollar en la defensa jur¨ªdica de Canal de Isabel II consistir¨¢n en el estudio de la documentaci¨®n, elaboraci¨®n de informes, (...) preparaci¨®n y decisi¨®n de la estrategia de defensa (...) y, en general, dem¨¢s actuaciones judiciales o extrajudiciales que resulten procedentes en derecho en todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento o procedimientos que resulte necesario o preceptivo tramitar para dar cumplimiento al objeto del contrato¡±.

Estrategia en los tribunales

Que la Comunidad de Madrid est¨¦ dispuesta a llegar hasta el Constitucional solo profundiza la estrategia implementada por su Gobierno desde que D¨ªaz Ayuso lleg¨® al poder, en agosto de 2019. En los casi cuatro a?os transcurridos desde entonces, el Ejecutivo madrile?o ha acudido a los tribunales contra 12 decisiones del Estado de todo tipo: desde la gesti¨®n de la pandemia, hasta los curr¨ªculos educativos, pasando por la pol¨ªtica fiscal. Y ahora llega el turno del agua.

?Cu¨¢l es el origen del conflicto? El Gobierno de Espa?a aprob¨® el 24 de enero la planificaci¨®n hidrol¨®gica de las 12 cuencas de los r¨ªos que son de su competencia por extenderse por varias comunidades aut¨®nomas. Por primera vez, el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica fij¨® un caudal ecol¨®gico para el r¨ªo Tajo, como le exig¨ªan cinco sentencias del Tribunal Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas desde hace 22 a?os. Pero establecer ese caudal ¡ªun m¨ªnimo de agua que debe circular¡ª tiene consecuencias m¨¢s all¨¢ de la cuenca, en Alicante, Murcia y Almer¨ªa. Porque ese caudal reducir¨¢ la cantidad de agua que se trasvasa desde la cabecera del Tajo al Mediterr¨¢neo y que se usa para consumo dom¨¦stico, pero fundamentalmente para regar los cultivos.

Desde entonces, el punto de control m¨¢s importante se encuentra en la Comunidad de Madrid, concretamente en Aranjuez, donde se establecer¨¢ de manera progresiva un caudal m¨ªnimo: para 2023 deber¨¢ ser de 7 metros c¨²bicos por segundo, en 2026 subir¨¢ a 8 metros c¨²bicos y en 2027, a 8,6.

Como consecuencia, fuentes del Gobierno estimaron entonces que el trasvase hacia el Mediterr¨¢neo podr¨ªa reducirse en una horquilla de 70 a 110 hect¨®metros c¨²bicos anuales en el peor de los escenarios (el trasvase medio anual ronda los 320 hect¨®metros c¨²bicos). Pero, para suplir esta ca¨ªda, el ministerio apuesta por el agua desalada.

Frente a ese dise?o del trasvase, los gobiernos de Andaluc¨ªa (PP), Murcia (PP) y Comunidad Valenciana (PSOE, Podemos y Comprom¨¬s) no solo han apoyado las movilizaciones del campo para denunciar los miles de empleos que ser¨¢n destruidos, seg¨²n sus c¨¢lculos. Tambi¨¦n han anunciado su intenci¨®n de acudir al Tribunal Supremo. Y ahora tienen nueva compa?¨ªa en esa estrategia judicial: la Comunidad de Madrid.

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