La Comunidad de Madrid rectifica un informe de una de sus juristas y permite que un proyecto inmobiliario incumpla la Ley de Vivienda

La Comunidad de Madrid ha rectificado a una de sus juristas que hab¨ªa emitido un informe contrario a los intereses de un proyecto inmobiliario en el norte de la almendra central, en el solar de las hist¨®ricas cocheras de Metro de Cuatro Caminos. El dictamen de junio hab¨ªa concluido que esta operaci¨®n en tr¨¢mite de aprobaci¨®n por el Ayuntamiento de Madrid deber¨ªa cumplir con la nueva ley estatal de vivienda, que entr¨® en vigor en mayo, y que increment¨® del 10% al 20% la reserva de suelo para vivienda protegida en los nuevos proyectos. Un mes m¨¢s tarde, la Comunidad emiti¨® un segundo informe que rectificaba al anterior y entend¨ªa que la nueva ley no era de aplicaci¨®n a este proyecto en curso. Los informes, a los que ha tenido acceso EL PA?S y han sido adelantados por Eldiario.es se refieren a una pol¨¦mica operaci¨®n que se ha enfrentado desde 2014 a la oposici¨®n de vecinos y defensores del patrimonio y a una sentencia en contra del Supremo.

Los dos informes fueron elaborados por la Comunidad a petici¨®n del ¨¢rea de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que solicitaba resolver las dudas sobre esta ley que la presidenta Isabel D¨ªaz Ayuso ha dicho que incumplir¨¢ la ley cuando sea ¡°lesiva¡± para la propiedad. La norma entr¨® en vigor en mayo cuando el equipo de Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Almeida tramitaba una modificaci¨®n del Plan General de Urbanismo de 1997 para hacer posible la operaci¨®n en Cuatro Caminos. Esa misma modificaci¨®n hab¨ªa sido anulada por el Supremo en 2019 pero fue retomada por Almeida porque entend¨ªa que los reproches de los magistrados se limitaban a aspectos formales.

El primer informe hab¨ªa sido firmado el 19 de junio por la letrada jefe del servicio jur¨ªdico de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Mar¨ªa Elena L¨®pez de Ayala. Sin embargo, su firma no aparece en el segundo documento, del 24 de julio, que fue rubricado por el abogado general de la Comunidad de Madrid, Luis Banciella.

Consulte a continuaci¨®n el primer dictamen jur¨ªdico emitido por la Comunidad de Madrid

Consulte a continuaci¨®n el segundo dictamen jur¨ªdico emitido por la Comunidad de Madrid

Detr¨¢s de la operaci¨®n se encuentra el grupo Ibosa, que en 2014 compr¨® en una subasta los terrenos a Metro de Madrid por 88 millones de euros. El dinero lo aportaron cooperativistas que se unieron al proyecto. La no aplicaci¨®n de la Ley de Vivienda tiene un gran impacto lucrativo para los interesados porque hab¨ªan proyectado 62 viviendas protegidas, y de haber cumplido con el 20% de la ley tendr¨ªan que haber reservado 88. El proyecto contempla tres edificios de vivienda, siendo uno de ellos una torre de 25 plantas que se convertir¨ªa en uno de los edificios residenciales m¨¢s altos de la capital.

La Consejer¨ªa de Vivienda justifica el segundo informe diciendo que hab¨ªa que aportar una soluci¨®n a los cooperativistas evitando que tuvieran que iniciar ¡°un nuevo expediente ya con el condicionante de la ley aprobada por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez¡±.

¡°Se evaluaron nuevos argumentos ante la inseguridad jur¨ªdica que genera la Ley de Vivienda en diversos ¨¢mbitos y se sometieron a la evaluaci¨®n de la Abogac¨ªa de la Comunidad de Madrid¡±, responde a este peri¨®dico un portavoz. ¡°Gracias a este segundo informe no ha sido necesario reiniciar el expediente¡±.

Los cr¨ªticos del proyecto han visto a lo largo de nueve a?os c¨®mo el proyecto sal¨ªa adelante con el apoyo de la administraci¨®n. Quer¨ªan proteger las hist¨®ricas cocheras, el primer edificio construido por Metro de Madrid, en 1918, en avenida Reina Victoria, n¨²mero 9. Sin embargo, en medio del conflicto, en 2021, las cocheras fueron demolidas.

La asociaci¨®n Madrid Ciudad y Patrimonio considera que la rectificaci¨®n a la letrada auton¨®mica es el ¨²ltimo ejemplo del apoyo del Ayuntamiento de Madrid a los intereses econ¨®micos. ¡°Este es una presunta prevaricaci¨®n al servicio de la empresa privada. Parecen sus abogados. No les ha importado que la operaci¨®n se salte las leyes o el valor cultural de las cocheras¡±.

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