El infierno de los menores tutelados por Madrid: 69 denuncias en a?o y medio por abusos sexuales

Rebeca ten¨ªa 16 a?os y era una menor tutelada por la Comunidad de Madrid cuando Segundo, que la hab¨ªa recogido a las puertas de un centro de menores regional, la encerr¨® en una habitaci¨®n, la desnud¨®, la viol¨® y la oblig¨® a hacerle una felaci¨®n. Esa secuencia, ocurrida en 2017 y recogida en la sentencia (con nombres ficticios) que conden¨® al agresor, resume el horror y las tragedias vitales que se ocultan tras una estad¨ªstica dram¨¢tica. Seg¨²n documentaci¨®n a la que accedi¨® EL PA?S, entre enero de 2022 y julio de 2023 ha habido hasta 69 denuncias por presuntos abusos sexuales sufridos por menores tutelados, 59 ni?as y 10 ni?os. Entre las primeras est¨¢n algunas de las afectadas por la Operaci¨®n Sana, que el a?o pasado destap¨® una red de explotaci¨®n sexual de adolescentes a las que sus explotadores hab¨ªan enganchado a las drogas para controlarlas m¨¢s f¨¢cilmente. Gracias a esa cadena invisible con la que las subyugaban, los proxenetas mov¨ªan a las v¨ªctimas a su antojo entre el pol¨ªgono Marconi, zona habitual de toxic¨®manos y prostitutas, y sus propios pisos, bares y negocios. La juez encargada de la instrucci¨®n del caso decidi¨® este pasado septiembre procesar a 25 personas por agresi¨®n sexual, prostituci¨®n de menores y tr¨¢fico de drogas.

¡°En su pr¨¢ctica totalidad las [69] presuntas agresiones se produjeron en salidas autorizadas de los menores (ocio, fines de semana o vacaciones con familiares) o en ausencias voluntarias de los menores no autorizadas¡±, detalla un portavoz de la Consejer¨ªa de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. ¡°Existe alg¨²n caso de abusos entre los menores del mismo centro residencial detectados y que asimismo han sido denunciados por el equipo educativo¡±, admite. ¡°Los menores protegidos por la Comunidad de Madrid, unos 4.000 de media al a?o, de los que m¨¢s de 1.500 est¨¢n en la red de centros de protecci¨®n, conviven con el mismo r¨¦gimen que los ni?os que viven con sus familias, siendo los centros abiertos, sin que se pueda restringir su salida y llevando una vida normal¡±, ampl¨ªa. ¡°La intervenci¨®n con ellos es, como establece la ley, exclusivamente educativa¡±, recalca este interlocutor. Y subraya: ¡°Han sido precisamente los profesionales de la Consejer¨ªa de Familia, Juventud y Asuntos Sociales los que en la mayor¨ªa de los casos desde su intervenci¨®n han detectado y ayudado a los menores a que relataran la presunta agresi¨®n y han interpuesto la correspondiente denuncia en nombre de la Administraci¨®n regional como responsable de la tutela de estos menores¡±.

El horror, por lo tanto, no espera agazapado ¨²nicamente extramuros, a la puerta de los centros de acogida, y personificado en extra?os. Una minor¨ªa de denuncias afectan a menores que conviven en los centros, seg¨²n la versi¨®n gubernamental, en la que se recalca que entre los supuestos agresores no hay ning¨²n trabajador.

El problema, en todo caso, no es ni mucho menos exclusivamente madrile?o. Ya en 2017, un informe de Unicef, con m¨¢s de 300 entrevistas a responsables, educadores y menores, alertaba de que hab¨ªa casos de explotaci¨®n sexual en centros de siete de las nueve comunidades aut¨®nomas que estudi¨®. La organizaci¨®n no especific¨® cu¨¢les, pero dibuj¨® un panorama t¨¦trico al que luego han puesto cara y ojos ni?as como las afectadas por la Operaci¨®n Sana: ¡°En algunos casos podr¨ªa haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que adem¨¢s les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro¡±, se lee en el documento.

De esta manera, centros de acogida de toda Espa?a han acaparado los focos en los ¨²ltimos meses al denunciarse casos de abusos sexuales en los que las v¨ªctimas eran menores tuteladas por las respectivas administraciones regionales. As¨ª, se han destapado presuntos abusos en Madrid, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana o Pa¨ªs Vasco. Unos dramas que los pol¨ªticos han empleado para su fuego cruzado de acusaciones, mientras las menores afectadas esperaban sus juicios.

¡°Est¨¢n creando un caso donde no lo hay y est¨¢n tapando los casos donde s¨ª suceden¡±, se intent¨® defender en febrero de 2022 y durante un debate parlamentario la presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso, para diluir la pol¨¦mica desatada por la Operaci¨®n Sana en Madrid. ¡°La demagogia es f¨¢cil¡±, a?adi¨®. Y dispar¨® contra los gobiernos de izquierdas de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares: ¡°Los casos conocidos conmocionan a todos. La diferencia entre unos y otros est¨¢ en c¨®mo se act¨²a cuando estos casos suceden. Esta protecci¨®n no ha faltado en nuestros centros, quiero reivindicar el trabajo de nuestros profesionales. En caso de conductas irregulares por parte de los mismos, no tardar¨ªamos ni un solo minuto en actuar, algo que no ha sucedido siempre en otras comunidades con casos mucho mayores en el seno de los mismos centros¡±.

?Qu¨¦ hab¨ªa destapado la Operaci¨®n Sana para monopolizar aquella sesi¨®n parlamentaria de 2022? En enero sali¨® a la luz la detenci¨®n de 37 personas por la explotaci¨®n de, al menos, 10 menores, de las que tres estaban bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. En un principio, el Gobierno neg¨® este extremo incluso en sus redes sociales, algo que tuvieron que acabar reconociendo. La investigaci¨®n policial destap¨® una red que operaba en los bajos fondos de Madrid compuesta por proxenetas que enganchaban a las ni?as a la droga, clientes que las usaban a cambio de saciar su mono y traficantes que las utilizaban como repartidoras de su mercanc¨ªa.

Entre los detenidos, cada uno ten¨ªa un papel determinado, que ha quedado definido en el auto de procesamiento que ha enviado finalmente a 25 de ellos a juicio, a¨²n sin fecha. El m¨¢s destacado era el llamado Kalifa, al que algunas de las ni?as llegaban a considerar su ¡°novio¡± y que era el que primero les daba a probar los estupefacientes, seg¨²n acredita la investigaci¨®n. Muchos de los encausados pertenec¨ªan, adem¨¢s, a bandas juveniles violentas. En el tiempo en el que permanecieron enganchadas a estos hombres, esta droga y esta vida, entraban y sal¨ªan de los centros e incluso llegaron a pedir ayuda, pero no se las lleg¨® a trasladar ni a imponer el r¨¦gimen cerrado para evitar que pudieran volver a manos de sus explotadores. Ten¨ªan tanta dependencia de la hero¨ªna y la coca que desaparec¨ªan durante meses y regresaban a los centros cuando sus condiciones eran lamentables, ni siquiera hac¨ªan caso a las s¨²plicas de sus familias de que abandonaran a esos hombres. Ellos las manejaban a su antojo, haciendo que se montaran en taxis y coches de Uber seg¨²n sus necesidades. ¡°?D¨®nde est¨¢s? Ven a mi casa sin falta prep¨¢rate, c¨¢mbiate¡±, le escribe uno de los detenidos a una menor.

Durante sus salidas, las v¨ªctimas deambulaban entre los descampados de politoxic¨®manos del pol¨ªgono de Villaverde, varios narcopisos entre ese barrio y Puente de Vallecas y algunos domicilios de los procesados que funcionaban como una especie de burdel. Uno de los puntos clave de la investigaci¨®n fue el momento en el que una de las chicas escap¨® de una de esas viviendas despu¨¦s de haber sido agredida sexualmente y retenida y consigui¨® pedir ayuda en un estanco. Se encontraba en condiciones p¨¦simas. Es una de las mayores operaciones contra la explotaci¨®n sexual que implica a centros de menores tutelados de Espa?a.

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