Los inspectores de Ayuso exigen a las residencias criterios de calidad ¡°desfasados¡± de hace 34 a?os

El m¨ªnimo que exigen los inspectores del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso a las residencias de mayores sigue siendo una norma de 1990, cuando el sector estaba tan desregulado que eran comunes los centros clandestinos en chal¨¦s y las necesidades de cuidadores eran menores porque el alzh¨¦imer no causaba tantos estragos. Los est¨¢ndares de entonces han sido superados por criterios m¨¢s exigentes en otras comunidades e incluso en Madrid, que es m¨¢s rigurosa con los 111 centros que reciben financiaci¨®n p¨²blica para plazas concertadas, pero para buena parte de un sector compuesto por casi 500 centros el list¨®n no ha cambiado desde hace 34 a?os.

Esta llamativa situaci¨®n ha sido denunciada esta semana por la asociaci¨®n de familias Pladigmare en una nota de prensa. Pladigmare cree que los distintos Gobiernos del PP en Madrid han actuado en connivencia con las empresas. Esta asociaci¨®n resalta que, siguiendo ese baremo de 1990, los inspectores est¨¢n dando por bueno el cumplimiento de un m¨ªnimo de 35 trabajadores por cada 100 usuarios, un criterio inferior a las aspiraciones de calidad del Ministerio de Derechos Sociales y otras comunidades, que exigen ratios de casi 50 trabajadores por cada 100 usuarios.

Para las familias en Madrid esta tolerancia es frustrante, dice Pladigmare. Cuando ponen reclamaciones porque sus mayores est¨¢n desatendidos, la Unidad T¨¦cnica de Quejas de la Consejer¨ªa les deniega la raz¨®n porque la residencia cumple con los ratios de la orden, la 612/1990, como ha podido comprobar EL PA?S.

Dotar a las residencias de m¨¢s profesionales es considerado como una clave para mejorar el servicio, pero las empresas del sector se resisten. Para ellas el coste de su plantilla supone el 60% o m¨¢s de sus gastos de operaci¨®n. Fuentes empresariales advierten de que tendr¨ªan que subir los precios que pagan las familias.

Con los a?os, las comunidades han elevado los m¨ªnimos de trabajadores y la propia Comunidad de Madrid ha mejorado este requisito para ciertos tipos de residencias como las 111 que reciben a usuarios con plazas concertadas (un contrato por el que la Comunidad paga a las empresas esas plazas a cambio de que cumplan unos criterios de calidad).

Fuentes del sector indican que otras comunidades han elevado su m¨ªnimo en a?os recientes, siguiendo la iniciativa del Gobierno central que ha tratado de poner de acuerdo a las autonom¨ªas para elevar la calidad. No obstante, Madrid se ha resistido a seguir estos proyectos, que considera una invasi¨®n estatal de su competencia sobre los asuntos sociales.

El primero de esos esfuerzos gubernamentales data de 2008, dos a?os despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la innovadora ley de dependencia. Entonces, las comunidades firmaron con la Secretar¨ªa de Estado de Derechos Sociales un acuerdo que introdujo el concepto de acreditaci¨®n: S¨®lo las residencias acreditadas pod¨ªan acoger a personas beneficiarias del cheque servicio de la Ley de Dependencia (este es un pago que va directamente a la cuenta bancaria del residente). Ese acuerdo establec¨ªa el ratio de 47 trabajadores por cada 100 usuarios y 28 gerocultores por cada 100 usuarios. Madrid, que se abstuvo junto a seis regiones, considera que ese acuerdo no es vinculante. Otras comunidades que s¨ª votaron a favor aprobaron un decreto de acreditaci¨®n, pero Madrid nunca ha tomado esa medida, de modo que su manera de acreditar a los centros ha seguido siendo el est¨¢ndar de 1990.

En 2022, a ra¨ªz del debate sobre la devastaci¨®n de la pandemia en las residencias, el Gobierno impuls¨® un nuevo pacto auton¨®mico que endurec¨ªa a¨²n m¨¢s las ratios de acuerdo con un calendario de cumplimiento hasta finales de esta d¨¦cada. Madrid y otras ocho comunidades votaron en contra. Madrid critic¨® que el proyecto carec¨ªa de una memoria sobre su impacto econ¨®mico y, de nuevo, la invasi¨®n de competencias por parte del Estado.

El Imserso, que particip¨® en esos dos pactos con las autonom¨ªas, dice que sus servicios jur¨ªdicos consideran que Madrid est¨¢ obligada por el acuerdo de 2008, porque a diferencia de 2022, entonces se decidi¨® que todas las comunidades estar¨ªan obligadas con independencia del sentido de su voto.

Sin embargo, desde muy pronto se puso en duda esa interpretaci¨®n. El director del portal Inforesidencias, Josep de Mart¨ª, dice que las comunidades consideraron ¡°papel mojado¡± el pacto de 2008, que est¨¢ basado en la buena fe porque el Gobierno central no ten¨ªa mecanismos para vigilar su aplicaci¨®n.

Con todo, de Mart¨ª cree que la mayor¨ªa de residencias de Madrid tienen hoy una plantilla muy superior a la requerida por la orden de 1990. ¡°Algunas tienen ratios de 55 empleados por cada 100 usuarios. No llegan a los niveles de Suecia o Noruega donde los ratios rondan los 100 empleados por 100 usuarios, pero ya es una cantidad importante¡±.

Pladigmare, sin embargo, duda de la buena voluntad de las empresas para autorregularse. Su presidente, Miguel V¨¢zquez, considera que los inspectores en Madrid son c¨®mplices de las empresas. ¡°Trabajadores de residencias nos han revelado que en ocasiones saben con antelaci¨®n que van a recibir la visita de un inspector¡±.

La Consejer¨ªa, dirigida por Ana D¨¢vila, niega que exista connivencia por parte de sus servicios de inspecci¨®n. ¡°Todas las residencias en la Comunidad de Madrid cumplen o est¨¢n por encima de las ratios establecidas por normativa vigente¡±, dice un portavoz de D¨¢vila que admite que la orden de 1990 es el nivel m¨ªnimo aplicable.

A pesar de esto, dice V¨¢zquez, la Comunidad ha defendido en ocasiones de forma falsa que sus est¨¢ndares son m¨¢s elevados. Pone de ejemplo a un antecesor de D¨¢vila, Carlos Izquierdo (2015-2018), que dos a?os despu¨¦s de dejar el cargo afirm¨® en la Asamblea que ¡°desde 2008 se aplican los ratios de 2008¡å. La verdad, sin embargo, es otra.

Escribe al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

Suscr¨ªbete aqu¨ª a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.