Antonio Rovira, miembro del Consejo de Transparencia que Ayuso quiere controlar: ¡°Fuimos innovadores, aut¨®nomos y molestos¡±

El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Antonio Rovira (Barcelona, 1952) est¨¢ a la espera de que cristalice la reforma aprobada por el PP de Isabel D¨ªaz Ayuso para sustituir un Consejo de Transparencia plenamente independiente y adscrito a la Asamblea de Madrid (donde todos los partidos negocian a sus tres integrantes), por otro vinculado al Ejecutivo (que nombrar¨¢ a su presidente y ¨²nico miembro). Expresidente de la instituci¨®n, su desempe?o como consejero acabar¨¢ cuando se ejecute la reforma y el antiguo organismo madrile?o sea sustituido por el nuevo. ¡°Esperemos que este tr¨¢nsito sea lo m¨¢s corto posible¡±, dice. Destila pasi¨®n por la aplicaci¨®n de la ley de transparencia. Elude las pol¨¦micas contrarias a los intereses de la presidenta, como la decisi¨®n del consejo de mantener viva la posibilidad de que una periodista accediera al expediente acad¨¦mico de Ayuso. Aunque hay veces que las cosas se dicen sin decirlas.

Pregunta. La reforma aprobada por la mayor¨ªa del PP asegura que el consejo que debe controlar al Gobierno pase a estar subordinado al Ejecutivo. ?Han sido molestos para el poder?

Respuesta. Un ¨®rgano de garant¨ªa siempre tiene que ser molesto, porque llama la atenci¨®n a aquellas personas que tienen las competencias para gobernar. En la mayor parte de los casos siempre hemos ido a favor del ciudadano, siempre que hemos visto posibilidades de que se diera una parte o toda la informaci¨®n solicitada. Hemos sido molestos, pero tambi¨¦n por una raz¨®n: la Administraci¨®n no est¨¢ acostumbrada a que la obliguen a dar toda la informaci¨®n p¨²blica que no afecta a derecho de terceros, no est¨¢ acostumbrada a tener la obligaci¨®n. La ley y el consejo lo que hacen es obligarla a ello. El trabajo que eso supone para las propias administraciones no es poco.

P. ?Qu¨¦ pierden los madrile?os al dejar de estar vinculado el consejo a la Asamblea y pasar a ser controlado por el Gobierno?

R. Defiendo que la vinculaci¨®n a la Asamblea le da a este ¨®rgano de garant¨ªa una fuerza, una legitimidad y una autoridad que posiblemente aquellos consejos vinculados a los gobiernos no tienen. Una cosa es la potestad, el poder: el nuevo consejo va a resolver como nosotros. Otra cosa es la imagen p¨²blica, el reconocimiento, incluso por aquellas instituciones que controlas, de la autoridad de aquellos que lo hacen. La auctoritas y la potestas. Potestad la tiene todo consejo de garant¨ªas. La autoridad se ha de ganar. Es un reconocimiento exterior del trabajo que uno hace. Y posiblemente es m¨¢s f¨¢cil que la instituci¨®n consiga autoridad estando vinculada a la Asamblea que al Ejecutivo. Me atrevo a decir que el futuro va a ir por ah¨ª.

P. ?Y qu¨¦ gana el Gobierno de D¨ªaz Ayuso al tener un Consejo de Transparencia dependiente de s¨ª mismo, del ejecutivo, y no de la Asamblea, del legislativo?

R. Me cuesta mucho entrar en cu¨¢les son las motivaciones, en este caso pol¨ªticas, por parte del Gobierno en modificar una ley, para lo que tiene toda la legitimidad. Lo que digo claramente es que nuestra experiencia ha sido muy innovadora. En la Asamblea se cre¨® un organismo muy singular, muy avanzado, siguiendo los criterios que marcaba la Uni¨®n Europea, mediante un reglamento, y tambi¨¦n el Consejo de Europa, mediante decisiones. La modificaci¨®n que se ha hecho se corresponde con otra serie de consejos, nombrados por el Gobierno con un visto bueno del legislativo. El nuestro era un paso adelante. Un paso adelante que ha demostrado que funciona. Y ha funcionado con un presupuesto que es un tercio del consejo m¨¢s barato que existe en Espa?a, y con un n¨²mero de atribuciones que duplica o triplica el de muchos. Hemos sido muy aut¨®nomos. ?Por qu¨¦ lo han hecho [el cambio]? Ah¨ª no puedo entrar. Alguna raz¨®n tendr¨¢n. Es leg¨ªtimo. Mi criterio es al rev¨¦s. Vincular este ¨®rgano a la Asamblea ha demostrado su independencia y efectividad.

P. ?La Administraci¨®n ha sido obstruccionista en Madrid?

R. Hay administraciones que cuesta m¨¢s que respondan, y administraciones que no est¨¢n de acuerdo con nuestras resoluciones. Hab¨ªa un procedimiento sancionador un poco intimidatorio, y no ten¨ªan m¨¢s remedio que irse al contencioso-administrativo, como una f¨®rmula para que el procedimiento no siguiera adelante y suspender la ejecuci¨®n de la resoluci¨®n. Eso entra dentro de la legitimidad de los sujetos obligados.

P. La Comunidad, por ejemplo, litiga para que no se conozca el expediente acad¨¦mico de la presidenta.

R. Ah¨ª est¨¢ la gran labor del poder judicial, que va a resolver qui¨¦n de los dos tiene raz¨®n. Los tres consejeros firmamos la resoluci¨®n, y despu¨¦s de un debate hemos considerado que la Administraci¨®n no tiene toda la informaci¨®n [que se le solicita], y que para resolver la petici¨®n es necesario que resuelva la instituci¨®n depositaria de la informaci¨®n [la Universidad Complutense].

P. ?Hay relaci¨®n entre las resoluciones del organismo en contra de los intereses del Gobierno y el cambio de la ley?

R. No hay relaci¨®n.

P. ?Y por qu¨¦ los ciudadanos tienen que preocuparse porque funcione bien la transparencia?

R. La transparencia es facilitar el acceso a la informaci¨®n para que uno pueda ser libre, para que las neuronas funcionen. No hay m¨¢s desinformaci¨®n que la falta de informaci¨®n. Una persona, para poder elegir, vivir, tomar decisiones, necesita informarse, que sus neuronas tengan alimento, que es la informaci¨®n. Para que uno sea libre, necesita estar informado. El ignorante no puede ser libre. La Administraci¨®n siempre es opaca, dif¨ªcil de acceder, y tiene que haber instituciones que faciliten el conocimiento de lo que hacen.

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