Ayuso abre otro frente a S¨¢nchez al recurrir en los tribunales la orden de Sanidad de usar la mascarilla en los centros sanitarios
El Gobierno de Madrid prolonga sus choques jur¨ªdicos con el central y lleva hasta el juzgado su desencuentro con M¨®nica Garc¨ªa


El choque jur¨ªdico continuo que protagoniza la Comunidad de Madrid contra las decisiones del Gobierno de Espa?a no tiene fin, y ya alcanza a las medidas adoptadas para combatir la expansi¨®n de la gripe y otros virus respiratorios: el Ejecutivo que preside Isabel D¨ªaz Ayuso ha recurrido ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Sanidad que hizo obligatoria la mascarilla en los centros sanitarios (hospitales y atenci¨®n primaria) desde el 10 de enero y hasta este mismo mi¨¦rcoles, cuando ha dejado de surtir efecto, seg¨²n una disposici¨®n publicada en el Bolet¨ªn regional. Madrid acumula una quincena de recursos contra las decisiones del Ejecutivo central desde 2019, cuando la actual presidenta lleg¨® al poder, y solo en las ¨²ltimas semanas ha abierto frentes jur¨ªdicos por el Plan Hidrogr¨¢fico del Tajo o un contrato para formar a las familias que acogen a menores tutelados. En todo caso, la tramitaci¨®n de la orden referente a las mascarillas levant¨® ampollas y protestas entre los representantes de regiones de todo signo pol¨ªtico. Desde su misma gestaci¨®n se dio por sentado que acabar¨ªa en los tribunales, aunque, por ahora, solo Madrid la ha recurrido, seg¨²n un portavoz del ministerio.
¡°Nos apoyamos en los informes de los servicios jur¨ªdicos, y por dos motivos principales¡±, ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Miguel ?ngel Garc¨ªa, durante una rueda de prensa. ¡°En primer lugar, en la reuni¨®n del consejo interterritorial del sistema nacional de salud (CISNS) del pasado 8 de enero en la que el Ministerio propuso esta medida no se lleg¨® a un acuerdo con las Comunidades Aut¨®nomas¡±, ha iniciado su enumeraci¨®n. ¡°[En segundo lugar] esa orden no justifica la situaci¨®n de emergencia que avale de manera cient¨ªfica y t¨¦cnica el uso obligatorio de la mascarilla y, por tanto, que se pueda imponer sin ese consenso previo de las Comunidades¡±, ha seguido. ¡°La orden del ministerio adolec¨ªa de todas esas cuestiones¡±, ha insistido. ¡°Fue una cuesti¨®n totalmente improvisada para tratar de ocultar la total inactividad del Ministerio durante diciembre y los primeros d¨ªas de enero¡±.
As¨ª ha contestado la ministra M¨®nica Garc¨ªa a la decisi¨®n de Madrid. ¡°Utilizar medidas que son de consenso, cient¨ªficas, como herramienta arrojadiza pol¨ªtica es err¨®neo¡±, ha dicho en declaraciones a RNE la antigua rival de D¨ªaz Ayuso en la Asamblea, donde hasta finales de 2023 encabez¨® la oposici¨®n de M¨¢s Madrid. ¡°La mascarilla es una herramienta para proteger la salud de una pandemia, despu¨¦s de la pandemia deber¨ªamos haber aprendido que es el m¨ªnimo imprescindible¡±, ha seguido. ¡°Espero que las diferentes Comunidades, y sobre todo la de Madrid, piense bien de qu¨¦ estamos hablando, y si va a utilizar cualquier medida beneficiosa para los ciudadanos como un arma arrojadiza jur¨ªdica. Nosotros vamos a seguir velando por la salud de los ciudadanos en general, y de los madrile?os en particular¡±.
No obstante, las protestas contra la forma en la que se adopt¨® esta medida fueron comunes a todas las regiones, independientemente del partido que las gobierne. El lunes 8 de enero comenz¨® el fuerte crecimiento de los contagios de virus respiratorios (en particular, de gripe) y llev¨® a Sanidad a convocar un pleno extraordinario del CISNS para proponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y los hospitales. Cuatro autonom¨ªas ya estaban aplicando esta medida y al d¨ªa siguiente se sumaron otras dos, pero el resto era partidaria de limitarse a hacer una recomendaci¨®n.
Incluso las comunidades que est¨¢n de acuerdo con el fondo ¨Dobligar a usar el tapabocas en centros sanitarios¨D critican la forma. Aseguran que la propuesta se distribuy¨® comenzada la reuni¨®n, por lo que no se pudo realizar una evaluaci¨®n previa. Y que se salt¨® los procedimientos habituales en estos casos: un estudio de la Ponencia de Alertas ¨Del grupo de t¨¦cnicos de comunidades y ministerio que, por ejemplo, establec¨ªan los niveles de riesgo en la pandemia¨D, seguida de una reuni¨®n de la Comisi¨®n de Salud P¨²blica ¨Dque integran los directores generales de la materia¨D que emita un informe.
El recurso anunciado este mi¨¦rcoles se suma a otros precedentes en el terreno sanitario por un motivo parecido: el uso por parte del ministerio de la declaraci¨®n de actuaciones coordinadas. As¨ª, actualmente se encuentran pendientes de sentencia dos procedimientos judiciales planteados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional contra dos ?rdenes comunicadas del Ministerio de Sanidad durante la pandemia de la covid.
Uno trata sobre la legalidad de la norma que en septiembre de 2020 aprob¨® la Declaraci¨®n de Actuaciones Coordinadas en Salud P¨²blica por la covid. Supon¨ªa restricciones de movilidad en municipios de m¨¢s de 100.000 habitantes de la regi¨®n, entre ellos, la ciudad de Madrid. Con el segundo recurso, la Comunidad de Madrid impugn¨® la Orden Comunicada en marzo de 2021 y que supuso el cierre perimetral en la mayor¨ªa de las autonom¨ªas, entre ellas Madrid, durante el Puente de San Jos¨¦ y Semana Santa
Desde que Ayuso lleg¨® al poder, en agosto de 2019, la Comunidad ha recurrido una quincena de decisiones estatales en los tribunales. Aunque la justicia ha dado la raz¨®n a Madrid en cuestiones como el IVA de diciembre de 2017, lo que procur¨® 300 millones extra a las arcas regionales, tambi¨¦n ha rechazado sus pretensiones con respecto a asuntos clave como el curr¨ªculo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, que aval¨® el Constitucional.
El Gobierno no respondi¨® a la petici¨®n de este diario sobre el n¨²mero exacto de pleitos registrados desde que la actual presidenta gobierna, ni el resultado de esos recursos.
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