As¨ª vet¨® el PP de Ayuso que MAR diera la cara en la Asamblea por sus presiones a periodistas: ¡°[Es] una reprobaci¨®n encubierta con juicio de valor¡±
EL PA?S reconstruye la reuni¨®n en la que el PP evit¨® las comparecencias del alto cargo, una decisi¨®n que la oposici¨®n est¨¢ dispuesta a llevar hasta el Constitucional
¡ª?No me est¨¢s dejando hablar!
Son las 9.39 del viernes 22 de marzo. Cuatro pol¨ªticos del PP, uno de M¨¢s Madrid, otro del PSOE y uno m¨¢s de Vox debaten ¡°acaloradamente¡± sobre una derivada del caso de presunto fraude fiscal que afecta a Alberto Gonz¨¢lez Amador, la pareja de la presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso. Como miembros de la Mesa, el ¨®rgano que dirige el Parlamento regional, en sus manos est¨¢ que comparezca en la Asamblea el jefe de gabinete de la l¨ªder, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, por reaccionar a la investigaci¨®n de la pol¨¦mica distribuyendo un bulo contra dos periodistas de EL PA?S; acusando de intentar entrar en la vivienda de la presidenta a dos redactores de elDiario.es, lo que este medio ha negado; y amenazando a otra informadora (¡±Os vamos a triturar¡±). Pero el PP emplea su mayor¨ªa absoluta para vetar las iniciativas de la oposici¨®n: una treintena de comparecencias de MAR, como se conoce a este alto cargo, y dos debates en el pleno para intentar que sea destituido. Una decisi¨®n a la que se llega tras una serie de encontronazos en la Mesa que EL PA?S reconstruye ahora con fuentes directas presentes en la cita y documentos parlamentarios.
¡°?No me est¨¢s dejando hablar!¡±, insiste en su protesta Ana Mill¨¢n (PP), la vicepresidenta primera de la Asamblea, que es quien lleva la voz cantante en un punto clave, seg¨²n dos fuentes presentes en la discusi¨®n, y que declin¨® dar su versi¨®n a este diario: los conservadores sostienen que no procede tramitar las dos propuestas de debate con forma de proposici¨®n no de ley que patrocina M¨¢s Madrid porque son sendos intentos encubiertos de reprobar a Rodr¨ªguez, cuando el reglamento de la C¨¢mara no recoge esa posibilidad. Un argumento que enciende los ¨¢nimos de la oposici¨®n.
¡°?Pero si lo que se pide expl¨ªcitamente es su destituci¨®n!¡±, se queja Esther Rodr¨ªguez, de M¨¢s Madrid, asombrada con el razonamiento que escucha. ¡°?Lo que se est¨¢ pidiendo claramente es el cese de un alto cargo! ?No es lo mismo una reprobaci¨®n que un cese!¡±, le secunda Diego Cruz, del PSOE.
Pero el PP no da su brazo a torcer en tres asuntos clave. Primero, en la consideraci¨®n de que ah¨ª hay una reprobaci¨®n encubierta que no tiene cabida en el reglamento de la C¨¢mara... pese a que negro sobre blanco se puede leer la palabra ¡°destituir¡±.
Segundo, en que Rodr¨ªguez no puede comparecer porque no es un alto cargo, ya que no tiene responsabilidades de gesti¨®n... pese a que MAR figura como alto cargo en el portal de transparencia, que refleja oficialmente el organigrama gubernamental; cumple por iniciativa propia en su perfil p¨²blico de esa web con las obligaciones propias de un alto cargo (publicar su patrimonio, renta, gastos...); y tiene rango de director general. Si el PP encuentra argumentos para su posici¨®n en el art¨ªculo 11.1 de la ley del Gobierno y Administraci¨®n de la Comunidad de Madrid (¡±funcionar¨¢, como ¨®rgano de asistencia y asesoramiento, el Gabinete del Presidente¡±), la izquierda los encuentra en el 11.3 de la misma norma (¡±El Jefe del Gabinete del Presidente, con nivel org¨¢nico de Director general, ser¨¢ nombrado y, en su caso, cesado por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de su Presidente [como los altos cargos]¡±).
Y tercero, en que no procede el contenido de algunas iniciativas, pues tienen ¡°juicios de valor¡±, seg¨²n su criterio... pese a que la misi¨®n de la Mesa es velar ¨²nicamente por la procedencia t¨¦cnica de las propuestas.
¡°Peleamos tanto que la junta de portavoces se tuvo que retrasar media hora¡±, describe una fuente conocedora de lo ocurrido. ¡°Aunque los miembros de la Mesa son muy educados, hubo episodios normales [de encontronazos] en ese contexto de acaloramiento¡±, a?ade. Y subraya: ¡°La tensi¨®n existi¨®. Y el enfado¡±.
¡°Lo que hizo el PP fue peligroso, porque partieron de la barbaridad de que MAR no es alto cargo¡±, explica otra fuente conocedora de lo que pas¨® en la Mesa. ¡°?Pero c¨®mo no va a serlo! ?Si aparece en la relaci¨®n de altos cargos que publica la Comunidad en su web! ?Si lo ha nombrado el Consejo de Gobierno!¡±, a?ade. ¡°Hubo momentos alucinantes¡±, sigue.
Hay un asunto que enciende especialmente los ¨¢nimos de la oposici¨®n de izquierdas, que emplea argumentos tan convincentes como para que el representante de Vox, Ignacio Arias, no apoye al PP (¡°tras la deliberaci¨®n me han surgido dudas respecto de los dos posicionamientos¡±, reconoci¨®). As¨ª, el vicepresidente del PSOE reclama que se pida un informe jur¨ªdico a los servicios de la C¨¢mara para dilucidar la procedencia del veto a todas las iniciativas. De nuevo, saltan las chispas: el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que fuera el n¨²mero dos de D¨ªaz Ayuso en el Gobierno la pasada legislatura, pone pie en pared.
¡°El Excmo. Sr. Presidente se?ala que el informe a los servicios jur¨ªdicos lo solicita la Mesa y que en este caso se considera que no procede¡±, resume su intervenci¨®n el acta del encuentro. Ante la negativa a hacer ese informe, Cruz, del PSOE, protesta. Y advierte a la secretaria general de la C¨¢mara: ¡°Usted nos tiene que informar a todos, tiene que asesorar a toda la Mesa, advertirnos de si cualquier decisi¨®n es contraria al reglamento. Si no lo hace, ser¨¢ c¨®mplice, y ser¨¢ responsable¡±.
Tribunal Constitucional
Es una ma?ana negra para la oposici¨®n. Cuando acaba, Manuela Bergerot, de M¨¢s Madrid, describe la reuni¨®n de la Mesa como ¡°infame¡±. Sus quejas, como las del PSOE, son abundantes. Tampoco han salido adelante las comparecencias solicitadas por el mismo asunto para el consejero de Presidencia, Miguel ?ngel Garc¨ªa Mart¨ªn; el titular de Interior, Carlos Novillo; la directora general de Medios, Cristina Gil, y el director general de Seguridad, Luis Miguel Gonz¨¢lez Morato. Lo mismo ocurre con las peticiones para la consejera de Sanidad, F¨¢tima Matute, y los directivos del grupo Quir¨®n para explicar la relaci¨®n de contratos entre la Administraci¨®n y el grupo empresarial, a su vez principal cliente de la empresa de la pareja de Ayuso.
¡°La Asamblea de Madrid no est¨¢ para eso¡±, justifica Carlos D¨ªaz-Pache, del PP, que abronca a la oposici¨®n: ¡°Deber¨ªa trabajar m¨¢s y mejor, conocer los temas, y, por lo tanto, dejar de mentir¡±.
Los rescoldos del choque a¨²n chisporrotean semanas despu¨¦s. La oposici¨®n no se da por vencida. Por ello, prepara escritos de reconsideraci¨®n para las iniciativas rechazadas. El calado pol¨ªtico de la pol¨¦mica a la que se refieren sus propuestas, y que afecta directamente tanto a la pareja de la presidenta como a su mano derecha en el Ejecutivo, dificultar¨¢ que sean aprobadas, seg¨²n opina una fuente conocedora de los trabajos de la Asamblea. Pero un nuevo rechazo abrir¨ªa otros caminos: por ejemplo, el de pedir amparo al Tribunal Constitucional, donde la oposici¨®n de izquierdas tiene ya ocho recursos pendientes contra leyes del Gobierno del PP o decisiones del Parlamento.
¡°No hay duda. Esto acabar¨¢ all¨ª¡±, zanja un diputado con muchos trienios a sus espaldas.
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