Batalla en el Constitucional para frenar las normas de Ayuso: el Defensor del Pueblo recurre la ¡®ley trans¡¯ y el PSOE la ¡®¨®mnibus¡¯

El Defensor del Pueblo, ?ngel Gabilondo, ha anunciado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra un inciso de un art¨ªculo de la ley trans aprobada por el Gobierno madrile?o de Isabel D¨ªaz Ayuso en diciembre. En paralelo, fuentes del PSOE avanzan a EL PA?S que el l¨ªder de los socialistas madrile?os, Juan Lobato, anunciar¨¢ este martes la impugnaci¨®n de la ley ¨®mnibus, que ha permitido al PP controlar la C¨¢mara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y la radio y televisi¨®n p¨²blicas de la regi¨®n. Esas dos decisiones, que no est¨¢n coordinadas, elevan a ocho los recursos contra normas o decisiones de Ayuso y la Asamblea pendientes de resoluci¨®n o admisi¨®n por el alto tribunal, un balance que constata que la oposici¨®n cree haber encontrado en el Constitucional una v¨ªa para batallar contra las leyes m¨¢s pol¨¦micas de la l¨ªder conservadora.

As¨ª, el PSOE une el recurso de la ley ¨®mnibus a otros dos ya registrados contra la reforma de la norma que regula Telemadrid y contra la aprobaci¨®n de la ley del suelo cuando, a su juicio, no hab¨ªa los diputados suficientes, seg¨²n detalla el departamento de prensa del propio tribunal. M¨¢s Madrid patrocina otros tres recursos, dos de amparo contra la inadmisi¨®n de preguntas y la falta de quorum en la votaci¨®n de la ley del suelo; y el de la ley trans impulsado por el Defensor del Pueblo. Y Podemos tiene registrados dos, uno contra la ley Uber y otro de amparo por la del suelo.

Este lunes, ¨²ltimo d¨ªa de plazo para pronunciarse, Gabilondo ha decidido recurrir por inconstitucional un inciso de la ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y no Discriminaci¨®n de la Comunidad de Madrid que establece la obligatoriedad de que los menores trans que quieren recibir tratamiento hormonal tengan apoyo de profesionales de salud mental infanto-juvenil, y lo mantengan durante todo el proceso. Adem¨¢s, en el caso de que existiera comorbilidad ¨Dpresencia de dos o m¨¢s enfermedades al mismo tiempo en una persona¨D ser¨¢ imprescindible un informe favorable del profesional que est¨¦ tratando al menor en dichas patolog¨ªas.

Ambos requisitos resultan, a juicio del Defensor del Pueblo, ¡°patologizantes y desproporcionados con respecto al bien que se quiere proteger¡±. Se tratar¨ªa de un caso de ¡°sobreprotecci¨®n¡± que supera las competencias del legislador, seg¨²n Gabilondo, pues ya es requisito previo al inicio del tratamiento que un pediatra examine al menor y que el proceso sea autorizado por quienes tengan su tutela, o por un juez.

¡°Presumir que es bueno para todos los menores recibir el apoyo de profesionales de la salud-mental, as¨ª como exigir un informe favorable del m¨¦dico que trate al menor en caso de padecer alguna enfermedad, lejos de protegerles les estigmatiza, y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros, y a desarrollarse de la manera deseada¡±, argumenta la oficina del Defensor, que ha actuado a instancias de M¨¢s Madrid (que no cumple con los requisitos para plantear el recurso por s¨ª mismo) y de una asociaci¨®n.

Adem¨¢s, el PSOE registr¨® el 26 de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ¨®mnibus, seg¨²n documentaci¨®n a la que accedi¨® EL PA?S. ¡°Una ley que modifica 10 leyes y que transforma sustancialmente el r¨¦gimen jur¨ªdico de la C¨¢mara de Cuentas, de Radio Televisi¨®n Madrid y del Consejo de Trasparencia y Participaci¨®n, dificulta el ejercicio de sus funciones representativas a los Grupos Parlamentarios y a los Diputados de la Asamblea, funciones que les reconoce el art¨ªculo 22.3 de la Constituci¨®n¡±, argumentan los socialistas, que plantean reabrir el debate sobre estas normas de contenido heterog¨¦neo, que ya fueron avaladas en 2011 por el Constitucional, adem¨¢s de cuestionar el procedimiento por el que se aprob¨®, y art¨ªculos concretos que consideran inconstitucionales.

Con la reforma aprobada por el PP, el n¨²mero de miembros de la C¨¢mara de Cuentas pasa de tres a siete y se modifica el sistema de elecci¨®n de presidente y consejeros para que sea similar al de elecci¨®n de la Mesa de la Asamblea. Es decir, el partido mayoritario controlar¨¢ la C¨¢mara, como ocurre con el Parlamento, sin tener que alcanzar acuerdos con la oposici¨®n. Dicho de otra forma: el Gobierno del PP tendr¨¢ las riendas del organismo que debe fiscalizar al Gobierno del PP, para lo que ha seleccionado a un grupo de cinco consejeros entre los que se encuentra el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaqu¨ªn Leguina, que cobrar¨¢ 100.556,52 euros al a?o.

Adem¨¢s, el consejo que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo ser¨¢ presidido por una persona designada por ese mismo Gobierno, su ¨²nico integrante, pues el n¨²mero de consejeros ha pasado de tres a uno. ¡°Se elimina su dependencia de la Asamblea¡±, explicaron la reforma los conservadores, resumiendo en una sola frase la queja que ahora eleva el PSOE al Constitucional. ¡°Esta ley ¨®mnibus desapodera a la Asamblea de Madrid de atribuciones de control y de direcci¨®n pol¨ªtica que le hab¨ªan conferido Leyes anteriores¡±, denuncian Lobato y el resto de senadores socialistas que firman el recurso.

Finalmente, la aprobaci¨®n de la ley ¨®mnibus permitir¨¢ al partido mayoritario en la Asamblea (el PP, en este caso) controlar el nombramiento del nuevo director general de Telemadrid. El PSOE, precisamente, ya hab¨ªa registrado en 2022 un recurso contra la anterior reforma de la ley de Telemadrid, que permiti¨® al PP y a Vox controlar la radio y la televisi¨®n p¨²blicas de la regi¨®n, echando a la anterior direcci¨®n y fichando como administrador provisional al pol¨¦mico Jos¨¦ Antonio S¨¢nchez.

Pulso por la ¡®ley trans¡¯ y contra la LGTBIfobia

Pero el campo de batalla en el que se ha convertido el Constitucional es mucho m¨¢s amplio. En ¨¦l se enfrenta el Gobierno de Ayuso con el Ejecutivo central y con otros partidos de la oposici¨®n. As¨ª, Podemos ya pidi¨® amparo en 2021 contra la aprobaci¨®n de la ley del suelo, al estimar que no hab¨ªa quorum en la votaci¨®n en la que sali¨® adelante, y recurri¨® en 2022 la ley ?ber, que permiti¨® seguir operando en la regi¨®n a las empresas de VTC (Uber, Cabify o Bolt).

Por su parte, M¨¢s Madrid est¨¢ pendiente de la resoluci¨®n de un recurso de amparo contra la decisi¨®n de inadmitir a partir de las elecciones de 2021 preguntas, comparecencias y peticiones de informaci¨®n relacionadas, entre otros asuntos, con la gesti¨®n de la pandemia, o con la comisi¨®n de 234.000 euros cobrada por el hermano de la presidenta por facilitar las mascarillas que necesitaba una empresa para cumplir el contrato de 1,5 millones firmado con la administraci¨®n que preside su hermana. ?El argumento para negarse a la fiscalizaci¨®n? Que esas decisiones adoptadas en 2020 y 2021 correspondieron a un gobierno anterior, pese a que contin¨²an al frente de la Comunidad el mismo partido (PP) y la misma presidenta (D¨ªaz Ayuso).

Adem¨¢s, el partido de Manuela Bergerot reclam¨® al Defensor del Pueblo que recurriera la ¡°derogaci¨®n encubierta¡± de la ley trans y contra la LGTBIfobia, al no cumplir el partido con los requisitos necesarios para registrar la impugnaci¨®n por s¨ª mismo. Finalmente, el exministro socialista ha decidido este lunes recurrir un punto de la primera de esas dos normas, que seguir¨¢n en el ojo del hurac¨¢n durante los pr¨®ximos meses.

?La raz¨®n? Que las leyes trans y contra la LGTBIfobia, precisamente, enfrentan tambi¨¦n al Gobierno regional con el central. De esta manera, el Estado ha convocado a la Comunidad a una mesa bilateral de negociaci¨®n para intentar resolver los puntos de esas reformas que considera inconstitucionales. Si no se logra un acuerdo en seis meses, el Gobierno de Espa?a tambi¨¦n llevar¨¢ sus discrepancias con el Ejecutivo regional al Tribunal Constitucional. Un camino de doble direcci¨®n: el alto tribunal ya ha admitido a tr¨¢mite el recurso que plante¨® Madrid contra un contrato del Estado para formar a familias de acogida, al considerar que invade sus competencias.

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