?Por qu¨¦ ha costado tanto a los Gobiernos anticiparse a la actual crisis del coronavirus?

La respuesta a la covid-19 ha mostrado la dificultad de los Gobiernos, sorteada con desigual tino, para anticiparse a la crisis. Se ha discutido mucho, entre otras posibles causas de esta dificultad, sobre los costes econ¨®micos y sociales de las medidas m¨¢s dr¨¢sticas, como cerrar fronteras o confinar a la poblaci¨®n. Pero, para explicar por qu¨¦ es tan dif¨ªcil anticiparse a desastres como ¨¦ste y qu¨¦ deberes tienen los Gobiernos pese a esta dificultad, es igualmente importante atender al dilema temporal que plantean tales medidas.

Me explico. Evitar que la epidemia saturara los hospitales, pasada la fase de contenci¨®n, exig¨ªa, seg¨²n muchos expertos, imponer medidas de distanciamiento f¨ªsico con varias semanas de antelaci¨®n. En aquel momento, sin embargo, los resultados de hacerlo eran futuros e inciertos. Hab¨ªa riesgo de actuar con desproporci¨®n, como declararon los ministros europeos de Sanidad el 25 de febrero. Los costes, en cambio, eran tangibles e inmediatos: fronteras cerradas, trabajadores parados, ciudadanos recluidos. Los Gobiernos enfrentaban, en suma, un dilema habitual en preparaci¨®n para desastres: actuar temprano, imponiendo costes con beneficios inciertos, o esperar a cuando, parad¨®jicamente, puede ser tarde para actuar. Dame castidad, Se?or, pero no ahora, seg¨²n rezaba san Agust¨ªn.

Los Gobiernos act¨²an temprano, seg¨²n el polit¨®logo Alan Jacobs, cuando se dan tres condiciones: resultados ciertos, capacidad institucional y seguridad electoral.

La primera condici¨®n se ha visto afectada, especialmente en pa¨ªses sin experiencia con epidemias similares, por la incertidumbre sobre el virus y c¨®mo detenerlo. Desde enero, cuando la OMS declar¨® la emergencia global, no han faltado las advertencias autoritativas. Pero no pocos t¨¦cnicos de salud y epidemi¨®logos han cuestionado, sobre todo al comenzar la crisis, las medidas m¨¢s draconianas. La incertidumbre sobre la cuantificaci¨®n de sus efectos ¡ªesencial para ponderar delicados intereses sanitarios, econ¨®micos y sociales¡ª s¨®lo ha reculado seg¨²n aumentaban los ¡°experimentos naturales¡± de los que aprender, afectando menos all¨ª donde, como en Grecia o Portugal, el virus ha llegado despu¨¦s.

La capacidad institucional, por su parte, se ha visto limitada en muchos pa¨ªses por el recelo de la patronal a cesar la producci¨®n y por un exiguo margen fiscal para poner la econom¨ªa al ralent¨ª y proteger a trabajadores, familias y empresas. Limitaciones muy desigualmente repartidas, en todo caso. Uganda, por ejemplo, tiene menos camas UCI en todo el pa¨ªs que el hospital Vall d¡¯Hebron, lo cual apremia a actuar r¨¢pido, pero con un colch¨®n presupuestario 100 veces menor que el espa?ol para amortiguar el golpe econ¨®mico de hacerlo.

La baja percepci¨®n p¨²blica del riesgo, al comenzar la crisis, hac¨ªa que muchas medidas fueran socialmente inaceptables

Est¨¢, por ¨²ltimo, la seguridad para actuar sin costes electorales. Los votantes juzgar¨¢n a sus Gobiernos por los resultados finales, no s¨®lo los iniciales, de su reacci¨®n. Pero la baja percepci¨®n p¨²blica del riesgo al comenzar la crisis, en parte por un sesgo de normalidad que hac¨ªa subestimar la probabilidad del desastre, hac¨ªa que muchas medidas fueran socialmente inaceptables. La segunda semana de marzo s¨®lo el 30% de los franceses y el 38% de los brit¨¢nicos dec¨ªan estar preocupados o muy preocupados por el virus, seg¨²n YouGov. Quince d¨ªas despu¨¦s eran el 68% y el 61%, respectivamente. Quiz¨¢ por ello, Singapur o Hong Kong, donde la preocupaci¨®n fue siempre amplia por haber padecido el SARS, y los pa¨ªses donde el virus ha avanzado despu¨¦s, cuando la preocupaci¨®n era ya amplia, hayan podido actuar con mayor rapidez.

Ninguna de estas tres trabas exime, no obstante, del deber de actuar temprano. No lo hace, para empezar, que los resultados sean inciertos. Atendiendo al principio de precauci¨®n, los Gobiernos tienen razones no s¨®lo para hacer acopio de camas y respiradores con antelaci¨®n, como aconsej¨® la OMS en febrero, sino para interrumpir actividades, como la escolar, que puedan contribuir a un riesgo serio, como los casos de China e Italia suger¨ªan, aunque la causalidad sea incierta.

Pero incluso si recelamos de este principio, que puede ser paralizante, pues podr¨ªa aconsejar el confinamiento global desde el primer fallecido en Wuhan, existen deberes previos de planificaci¨®n, en especial tras los avisos del SARS o el MERS. Deberes que incluyen dotarse de instrumentos para asegurar la alerta temprana, el intercambio de datos o la r¨¢pida adopci¨®n de buenas pr¨¢cticas y que, seg¨²n un editorial del British Medical Journal, los pa¨ªses europeos ¡ªen particular a trav¨¦s del infradotado Centro Europeo para la Prevenci¨®n y Control de Enfermedades¡ª han desatendido.

Similares deberes aplican a la capacidad para asumir los costes econ¨®micos de las medidas precoces y atenuar su posible rechazo. No es exigible que los Gobiernos anticipen los excepcionales recursos que una pandemia requiere movilizar. Todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer pu?etazo, en el dictum de Mike Tyson. Pero aunque nadie est¨¢ obligado a lo imposible, la inacci¨®n temprana s¨®lo parece excusable cuando los Gobiernos se han dotado previamente de medios de financiaci¨®n y de pol¨ªtica social, as¨ª como de margen fiscal, para poder tomar las primeras medidas sin titubeos y con los menores costes para su poblaci¨®n.

La baja percepci¨®n p¨²blica del riesgo al comenzar la crisis hac¨ªa que muchas medidas fueran socialmente inaceptables

Tampoco la baja aceptabilidad social dispensa del deber de anticiparse. Confinar a 3.000 millones de personas contra su opini¨®n, adem¨¢s de dudosamente democr¨¢tico, augura escaso ¨¦xito. Un intento de hacerlo en 2014 en Liberia, para detener el ¨¦bola, termin¨® en mot¨ªn y con el confinamiento revocado. Pero la opini¨®n p¨²blica no es ajena a la acci¨®n del Gobierno. Como sugieren muchos estudios, los ciudadanos forman sus juicios sobre fen¨®menos nuevos y complejos influidos por los l¨ªderes pol¨ªticos. Y, en especial, por el Gobierno, dada la capacidad del Estado para alterar la percepci¨®n p¨²blica del riesgo y coordinar las expectativas sobre lo que otros har¨¢n, incluso sin coacci¨®n.

Es posible afirmar, pues, que la orden no sancionable pero cre¨ªble de evitar multitudes, y no digamos la preparaci¨®n de hospitales monogr¨¢ficos o la compra masiva de equipos de protecci¨®n, habr¨ªa alterado la apreciaci¨®n del peligro y de la disposici¨®n ajena a estrecharse la mano o asistir a manifestaciones, conciertos y funerales, facilitando que medidas inaceptables dejaran de serlo. Esta capacidad, sin embargo, tiene limitaciones. No excusan la inacci¨®n. Pero vale recordarlas. Una es la desconfianza pol¨ªtica, que roe la credibilidad gubernamental en contextos de incertidumbre. Otra es la polarizaci¨®n, pues sabemos que ante la divisi¨®n la gente sigue a sus partidos. Cuando concurren, y los mecanismos independientes de alerta son precarios, la capacidad estatal para sensibilizar mengua.

El dilema de anticiparse cuando los beneficios son futuros e inciertos es, en suma, endiablado pero no inescapable. Exige resoluci¨®n. Pero exige, sobre todo, instrumentos de planificaci¨®n y prospecci¨®n que faciliten sortearlo. Los pol¨ªticos que piensan en el largo plazo, dec¨ªa Adam Przeworski, escriben sus memorias en un plazo muy corto. Mucho nos va, no s¨®lo en salud p¨²blica, en evitar que as¨ª sea.

I?igo Gonz¨¢lez Ricoy es profesor de Filosof¨ªa Pol¨ªtica en la Universidad de Barcelona y coeditor de ¡®Institutions for Future Generations¡¯ (Oxford University Press).