Golpe o fraude: Bolivia, m¨¢s polarizada

Las elecciones bolivianas de octubre pasado saldaron muchas cosas. Sobre todo, refutaron la extendida idea entre los analistas pol¨ªticos y medi¨¢ticos de que un 70% de los bolivianos no quer¨ªa ¡°ni en figuritas¡± el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder. En un contexto de polarizaci¨®n pol¨ªtica feroz, la v¨ªa electoral permiti¨® pacificar el pa¨ªs y reponer la normalidad constitucional. Sin embargo, como se pudo ver con la reciente detenci¨®n de la expresidenta Jeanine ??ez, el pa¨ªs sigue dividido en torno a los dos lemas que circularon durante las violentas jornadas de 2019: ¡°Fue golpe, no fue fraude¡± / ¡°Fue fraude, no fue golpe¡±.

Para el MAS, su contundente victoria el 18 de octubre de 2020, con m¨¢s del 55% de los votos, fue la prueba de que en 2019 no hubo ning¨²n fraude para que Evo Morales siguiera al frente del poder ejecutivo. Para la oposici¨®n, que el Gobierno de ??ez transfiriera el mando al MAS es la evidencia de que lo que hubo fue un Gobierno que solo se propuso llamar a elecciones limpias. Pero detr¨¢s de esas ¡°simplezas¡± hay un trasfondo mucho m¨¢s enredado.

La idea de que hubo golpe, al MAS le impide a menudo reconocer el error pol¨ªtico de haber avanzado con la reelecci¨®n de Morales pese al resultado en contra del refer¨¦ndum de 2016 (un 51 vot¨® ¡°no¡±) a la reelecci¨®n con la consiguiente repolarizaci¨®n del pa¨ªs (incluido el renacimiento de una derecha dura). Del lado de los pititas ¡ª?como se conoce a quienes se movilizaron por la renuncia de Evo Morales en 2019¡ª, la idea de que el Gobierno de ??ez fue meramente ¡°transitorio¡± ocluye que este tuvo abiertas veleidades refundacionales y busc¨® deshacer la herencia del MAS, junto con una vocaci¨®n revanchista corporizada en el ministro de Gobierno Arturo Murillo, encargado personalmente de perseguir a militantes y funcionarios del anterior Ejecutivo.

Una cosa son las verdades pol¨ªticas y otra las jur¨ªdicas. Si el Gobierno de ??ez no logr¨® probar judicialmente el ¡°fraude monumental¡± del MAS, pese a contar con una justicia ciertamente d¨®cil, posiblemente le ocurra lo mismo al Gobierno de Luis Arce, al menos de manera incuestionable, con la megacausa golpe de Estado.

La denuncia de golpe ten¨ªa su sustento y fue efectiva tanto en el plano nacional como internacional para denunciar a un Gobierno con una agenda conservadora y que no dud¨® en usar la fuerza contra las protestas, con las represiones de Sacaba y Senkata [con 11 muertos civiles en cada una] como particularmente mort¨ªferas. Pero hoy la causa judicial se enfrenta a problemas jur¨ªdicos y pol¨ªticos no menores.

Problemas jur¨ªdicos, porque ??ez fue encarcelada por su supuesta participaci¨®n en el golpe ¡ªacusada de delitos de terrorismo, conspiraci¨®n y sedici¨®n¡ª, pero su presencia en la asonada fue menor o incluso nula (tan menor que para desprestigiarla lleg¨® a difundirse la versi¨®n de que los conspiradores le habr¨ªan pagado para que asumiera la presidencia). Y pol¨ªticos, porque resulta dif¨ªcil detener a los art¨ªfices m¨¢s sonados del golpe, como el cruce?o Luis Fernando Camacho, quien lider¨® las protestas y a los grupos m¨¢s radicales, recientemente elegido gobernador de Santa Cruz. O el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien supuestamente ¡°dio ¨®rdenes¡± a los militares para que dejaran abandonar el pa¨ªs a Evo Morales y poder as¨ª destrabar la ¡°sucesi¨®n constitucional¡± y nombrar a ??ez. El problema es que para juzgar a esta por sus decisiones como presidenta, dos tercios del Parlamento deben aprobar el proceso y no dan los n¨²meros.

A ello se suman las complejas reuniones de noviembre de 2019 para intentar destrabar la sucesi¨®n, en las que particip¨® el MAS, y la renuncia de la l¨ªnea de sucesi¨®n completa (renunciaron Morales, el vicepresidente ?lvaro Garc¨ªa Linera, la presidenta del Senado y el de Diputados). Fue en ese vac¨ªo de poder que la oposici¨®n decidi¨® activar el plan B: que asumiera ??ez de manera autom¨¢tica (la exsenadora era vicepresidenta segunda del cuerpo y no estaba en la l¨ªnea de sucesi¨®n) apelando a una jurisprudencia previa, con una Constituci¨®n anterior. Si Adriana Salvatierra dijo haber renunciado a la presidencia del Senado en coordinaci¨®n con Morales y Garc¨ªa Linera, el jefe de los diputados V¨ªctor Borda lo hizo presionado por los ataques f¨ªsicos a su casa y sus familiares. A estas complejidades se suma que el Parlamento, con dos tercios en manos del MAS, termin¨® por aceptar la renuncia de Morales y reconocer de hecho a ??ez, a quien denunciaba como presidenta ileg¨ªtima, pero le enviaba las leyes para su promulgaci¨®n. Fue una suerte de empate catastr¨®fico: ??ez no pod¨ªa disolver el Congreso y el MAS no pod¨ªa desconocer a la presidenta.

Al fin de cuentas, ¡°fraude¡± y ¡°golpe¡± posiblemente pervivan como ¡°verdades¡± pol¨ªticas, que seguir¨¢n movilizando a diferentes sectores de la agrietada sociedad boliviana, pero dif¨ªcilmente encuentren ya una respuesta jur¨ªdica con legitimidad m¨¢s all¨¢ de los convencidos de cada lado.

El MAS tuvo, con su victoria en las urnas, un triunfo pol¨ªtico-moral que la desprolijidad de las actuales acciones, en un pa¨ªs con una justicia especialmente desprestigiada, puede erosionar seriamente. Aunque la oposici¨®n est¨¢ de momento debilitada, al menos a escala nacional, los demonios que las elecciones de octubre y la nitidez de los resultados hab¨ªan encerrado en la botella podr¨ªan volver a hacer de las suyas.

Pablo Stefanoni es un historiador argentino y jefe de redacci¨®n de ¡®Nueva Sociedad¡¯, una revista latinoamericana de ciencias sociales.