Si los partidos no se ponen de acuerdo para organizar debates, ?los obligamos por ley?

La campa?a madrile?a se ha quedado sin debates electorales tras la celebraci¨®n de uno y medio ¡ªel de Telemadrid y el de la Cadena SER, que naufrag¨® por el choque entre Unidas Podemos y Vox¡ª por decisi¨®n de la mayor¨ªa de los partidos. La candidata del PP, Isabel D¨ªaz Ayuso, solo quiso participar en uno, y los candidatos de izquierda decidieron no volver a debatir con Vox porque la extrema derecha hab¨ªa puesto en duda la veracidad de las amenazas de muerte recibidas por Pablo Iglesias. La pol¨¦mica sobre los debates ha vuelto as¨ª a primer plano: en Espa?a, los cara a cara no est¨¢n regulados en la Ley Org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral General (LOREG), y los partidos hacen lo que quieren en cada campa?a, a pesar de que son un instrumento esencial que configura la voluntad del electorado. El dilema en torno a si hacerlos obligatorios es una vieja batalla pol¨ªtica, y Espa?a, poco a poco, camina hacia la regulaci¨®n.

En las elecciones de 2015, cuando el entonces presidente y candidato del PP a la reelecci¨®n, Mariano Rajoy, se neg¨® a acudir a un debate organizado por EL PA?S en el que s¨ª participaron Ciudadanos y Podemos ¡ªentonces fuerzas extraparlamentarias¡ª, Iglesias propuso que se obligase por ley al jefe del Gobierno a participar en ellos. Antes del reciente debate de Telemadrid, se mostraba de nuevo a favor de estos formatos: ¡°Cuantos m¨¢s, mejor¡±. Tambi¨¦n el PSOE inclu¨ªa en sus programas electorales de 2015 y 2016 la necesidad de regularlos por ley, una propuesta que desapareci¨® en los comicios de 2019, cuando Pedro S¨¢nchez ya estaba en el poder. Recientemente, la candidata de M¨¢s Madrid, M¨®nica Garc¨ªa, se ha mostrado a favor de que sea obligatorio que quien opte a la presidencia de la comunidad acuda como m¨ªnimo a un debate en la cadena p¨²blica. Ciudadanos tambi¨¦n plantea que los debates sean obligatorios, mientras PP y Vox no han hecho propuestas.

La costumbre pol¨ªtica en Espa?a es celebrar un m¨ªnimo de un debate en cada campa?a. Suele ser tambi¨¦n el m¨¢ximo, porque los partidos ¡ªsobre todo los que est¨¢n en el poder¡ª son reacios a prestarse a m¨¢s. El c¨®mo y con qu¨¦ candidatos ha sido muchas veces motivo de disputa. La mayor¨ªa de los juristas consultados apuestan a obligar por ley a los partidos a debatir y regular los detalles, aunque algunos tambi¨¦n advierten de que estamos en un terreno que expresa la cultura pol¨ªtica y democr¨¢tica del pa¨ªs, y, si no se tiene, no servir¨¢ de mucho imponerlo por ley. ¡°En los pa¨ªses con un m¨ªnimo de tradici¨®n democr¨¢tica estas cosas se autorregulan por los medios y los partidos, y se consolidan unas pautas a las que todo el mundo se siente obligado. Cuando tienes que regularlo por ley, es s¨ªntoma de que el sistema tiene una crisis muy profunda¡±, lamenta Alberto L¨®pez Basaguren, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, que desconf¨ªa de la soluci¨®n legal. ¡°Si las pautas de comportamiento en pol¨ªtica no tienen una base m¨ªnima com¨²nmente aceptada, el remedio que d¨¦ la ley va a fracasar casi con total seguridad¡±, advierte.

Algunas comunidades aut¨®nomas han empezado ya a regular los debates electorales, como Pa¨ªs Vasco, Murcia, Andaluc¨ªa o Castilla y Le¨®n. Para Enoch Albert¨ª, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, ese es el mejor camino, porque sin estas regulaciones ¡°al final quien decide es la Junta Electoral Central, que lo hace como reacci¨®n a problemas concretos, con criterios que pueden ser cambiantes y no ofrecen la seguridad que s¨ª dar¨ªa una previsi¨®n legal espec¨ªfica sobre estas cuestiones¡±.

Desarrollar esta legislaci¨®n, que no tiene precedentes en la mayor¨ªa de los pa¨ªses del entorno europeo, es en todo caso una tarea complicada. Miguel Revenga, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de C¨¢diz, es partidario de regular los debates con el inter¨¦s de favorecer la libre formaci¨®n de la voluntad del elector, que este sepa cu¨¢les son las ofertas y para ello tenga la garant¨ªa de que al menos habr¨¢ un cara a cara, pero cree que se trata de algo dif¨ªcil. ¡°Es complicado decidir los criterios que habr¨ªa que tener en cuenta para establecer una especie de derecho a ser miembro de ese debate: ?qu¨¦ se debe tener en cuenta, la representaci¨®n parlamentaria previa o las expectativas de voto?¡±, reflexiona.

En las elecciones de abril de 2019, la Junta Electoral impidi¨® la participaci¨®n de Vox en el debate presidencial porque a¨²n no ten¨ªa representaci¨®n parlamentaria. Miguel ?ngel Presno Linera, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, opina que, en aras de propiciar el pluralismo pol¨ªtico, deber¨ªan poder participar en los debates candidaturas que, sin haber alcanzado esca?os, ¡°hubieran obtenido un porcentaje o un n¨²mero m¨ªnimo de votos en los anteriores comicios¡±. El umbral ser¨ªa fijado en la ley. El catedr¨¢tico catal¨¢n Enoch Albert¨ª ve posible una normativa que contemple la posibilidad de expulsar del cara a cara a quien trate de boicotearlo o no respete las normas. Y su colega Marc Carrillo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, opina que habr¨ªa que incluir a los medios privados en la regulaci¨®n, ya que tampoco pueden vivir ¡°al margen de los mandatos constitucionales de igualdad y pluralismo¡±.