La politizaci¨®n de la justicia toca fondo: reflexiones de una juez en activo

Es creciente la sensaci¨®n de progresiva injerencia de intereses pol¨ªticos y econ¨®micos en la justicia. El ejemplo de Estados Unidos y su reciente sentencia derogando la doctrina Roe contra Wade (1973) sobre el aborto solo es una muestra m¨¢s de la crisis global de muchas de las democracias occidentales en materia de justicia. Espa?a no es una excepci¨®n: si consultamos The 2022 EU Justice Scoreboard de la Comisi¨®n Europea, encontramos que ha bajado la percepci¨®n que los espa?oles tienen de independencia de nuestra justicia, solo mejor que la de Italia, Bulgaria, Eslovaquia, Polonia y Croacia. Aunque no haya un pol¨ªtico que no repita como un mantra la necesidad de defender la independencia judicial, ?realmente se la protege o se contribuye desde los distintos sectores pol¨ªticos y sociales a su creciente politizaci¨®n? ?Somos todos los jueces independientes o algunos de nosotros favorecemos de forma eficiente nuestra instrumentalizaci¨®n?

No es f¨¢cil establecer los l¨ªmites del papel constitucional que los jueces deben asumir en el control de los excesos de los otros poderes p¨²blicos, ya que el propio ordenamiento jur¨ªdico permite el uso homeop¨¢tico de la ley para destruir la separaci¨®n de poderes.

Fue en Am¨¦rica Latina donde se acu?¨® el t¨¦rmino lawfare, entendido como ¡°golpe blando¡± contra gobiernos progresistas por parte de sus opositores. En palabras de los autores del blog El Orden Mundial, el lawfare se diferencia del tradicional golpe de Estado en que este ¨²ltimo persigue ¡°tomar el poder de forma ilegal, mientras que en una guerra jur¨ªdica se pretende deponer a la persona precisamente con procesos legales¡±. M¨¢s elocuente es, en mi opini¨®n, la expresi¨®n ¡°golpe por goteo¡± con la que titul¨® Valeria ?Vegh Weis, docente de la Universidad de Buenos Aires, un art¨ªculo de junio del a?o pasado en la Revista Pensamiento Penal de Argentina. Vegh Weis tambi¨¦n considera que el lawfare es propio de la guerra blanda de los sectores conservadores frente a gobiernos progresistas. Sin embargo, no creo que pueda extrapolarse dicho t¨¦rmino a lo que sucede en Espa?a, ya que no podemos concluir que ¨²nicamente la derecha utilice al Poder Judicial para tratar de deslegitimar al oponente pol¨ªtico. Si bien es cierto que es conocida la tendencia de partidos ultraconservadores de presentar obstacu?lizadores recursos de inconstitucionalidad contra leyes y querellas contra contrincantes pol¨ªticos, no podemos soslayar la idea de que desde determinadas facciones progresistas tambi¨¦n se utiliza pol¨ªticamente al Poder Judicial y se busca la desacreditaci¨®n de cualquier resoluci¨®n que vaya en contra de sus intereses.

El aprovechamiento de la justicia con fines pol¨ªticos ha tocado fondo con la grav¨ªsima irregularidad democr¨¢tica que constituye el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial, un ¨®rgano constitucional, lleve en situaci¨®n de interinidad tres a?os y medio y que se le est¨¦ asfixiando jur¨ªdicamente para que no pueda ni nombrar cargos discrecionales ni renovarse. Cuando se jubil¨® el vocal Rafael Fern¨¢ndez Valverde a comienzos de este a?o, los letrados del Congreso informaron en contra de su sustituci¨®n por considerar que la vacante no era consecuencia de un cese anticipado. Con el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto hace unos d¨ªas, el Consejo ha rehusado directamente pedir su sustituci¨®n. Tenemos un CGPJ, por tanto, camino de duplicar el mandato para el que fue nombrado, imposibilitado para la designaci¨®n de cargos discrecionales y mermado en cuanto a sus integrantes. Un Consejo in¨²til, decorativo y cuya decadencia ahonda en el desprestigio institucional y en la falta de confianza de los ciudadanos en la justicia. La propuesta del Gobierno de modificar otra vez la ley, ahora en sentido contrario, con el exclusivo fin de que el CGPJ pueda designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional es incalificable por bochornosa.

Pese a que en el bar¨®metro del CIS de julio de 2019 ¡ª¨²nico en el que se ha preguntado directamente sobre este tema¡ª los entrevistados manifestaran confiar m¨¢s en el Poder Judicial que en el Gobierno o en el Parlamento, el creciente descr¨¦dito del primero es evidente. Este desdoro se alimenta de m¨²ltiples factores, algunos ya mencionados. Junto con la politizaci¨®n del sistema de elecci¨®n de los vocales del CGPJ y su bloqueo y la utilizaci¨®n de la justicia para menoscabar al adversario pol¨ªtico se encuentran su lentitud y su end¨¦mica falta de medios. En la Administraci¨®n de justicia se procura un deficitario servicio p¨²blico a los ciudadanos, a quienes no les sirve de excusa que Espa?a tenga menos jueces y fiscales que la media europea, pero asuman m¨¢s carga de trabajo, o que los medios materiales y personales no dependan del Poder Judicial.

Adem¨¢s, me resulta especialmente doloroso que sea un secreto a voces cu¨¢l va a ser la postura de un determinado ¨®rgano judicial cuando resuelva un asunto de trascendencia pol¨ªtica con solo conocer la adscripci¨®n ideol¨®gica de quienes han sido elegidos con criterios pol¨ªticos por el CGPJ. La politizaci¨®n de determinadas designaciones acaba salpicando injustamente a la inmensa mayor¨ªa de la judicatura, que ocupa su cargo por mero concurso de m¨¦rito y antig¨¹edad.

Finalmente, tambi¨¦n se utiliza al Poder Judicial cuando, desde las instituciones, algunos pol¨ªticos de izquierda vilipendian a los jueces si estos dirigen una investigaci¨®n criminal o condenan a un miembro de su partido. Acusar a los togados de ser ¡°siervos de la derecha¡± y de ser instrumentos del lawfare impulsados por adversarios pol¨ªticos es la excusa perfecta para ocultar comportamientos que deben ser castigados. Podr¨ªamos decir que de forma no principal se busca la impunidad, pero la finalidad ¨²ltima es atacar a todas las instituciones ¡ªincluyendo el Poder Judicial¡ª como parte de un plan superior que busca la sustituci¨®n de estas mediante el desapego popular al sistema preexistente.

Lo peor de esta ¡°gota china¡± que erosiona de forma indefectible la confianza en los jueces es que con ello se producen dos efectos indeseados. El primero, la huida de los ciudadanos desde el Estado hacia estructuras y corporaciones privadas para la resoluci¨®n de sus conflictos y la protecci¨®n de sus derechos. Cada vez se asume con mayor naturalidad que las plataformas digitales decidan qu¨¦ se puede y qu¨¦ no se puede decir, o que se encomiende a empresas privadas el desalojo de supuestos okupas, banalizando estas tendencias como si no fueran una sustituci¨®n de los poderes p¨²blicos en la garant¨ªa de derechos fundamentales. En la misma l¨ªnea, las grandes empresas se salen del sistema judicial para resolver sus conflictos a trav¨¦s de otros medios m¨¢s ¨¢giles, aunque con ello se puedan producir desviaciones. La tecnolog¨ªa blockchain permite resolver conflictos de forma segura sin la intervenci¨®n del Estado, lo cual genera superestructuras que superan este concepto tradicional y constituyen espacios alternativos, en una tendencia que no puede ser positiva si no va acompa?ada de un control p¨²blico.

El segundo efecto lo compone el hartazgo de ciudadanos que muestran su desafecci¨®n por los poderes p¨²blicos, en una deriva que genera un caldo de cultivo ¨®ptimo para populismos y l¨ªderes mesi¨¢nicos. Aunque a primeros de a?o se public¨® el resultado de la encuesta realizada en m¨¢s de 109 pa¨ªses por el Instituto Bennett de Pol¨ªticas P¨²blicas de la Universidad de Cambridge y en ¨¦l se reconoc¨ªa el descenso de los apoyos electorales a los partidos populistas, el estudio tambi¨¦n afirmaba que Espa?a era uno de los pa¨ªses en los que m¨¢s hab¨ªa subido el apoyo a que el Gobierno sea dirigido por un l¨ªder fuerte que no tenga que preocuparse por elecciones o Parlamentos. Se advert¨ªa de que, junto con Grecia, Alemania y Jap¨®n, ¨¦ramos de los pa¨ªses donde m¨¢s desapego a la democracia exist¨ªa. La a?oranza de un l¨ªder fuerte que tampoco sea controlado por un Poder Judicial ¡°politizado¡± en el que no se conf¨ªa deber¨ªa preocuparnos a todos.

Lamentablemente, veo poca soluci¨®n al problema, que, por otra parte, no es exclusivo de Espa?a. Los excesos de un Poder Judicial politizado han dado como resultado el paso atr¨¢s dado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejando en manos de los gobernantes de los respectivos Estados federados la capacidad de regular la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, derogando una doctrina que llevaba en vigor casi 50 a?os. Esto solo ha sido posible tras los nombramientos efectuados en la era de la presidencia de Donald Trump de magistrados ultraconservadores para la Corte Suprema. Aunque no es comparable el sistema judicial americano con el europeo, la confusi¨®n de funciones de unos y otros poderes y el desembarco de motivaciones no jur¨ªdicas en las decisiones que se adoptan no puede traer nada bueno. Urge la reforma de la forma de elecci¨®n de los vocales judiciales del CGPJ seg¨²n las insistentes recomendaciones de la Comisi¨®n Europea. El sistema actual ha implosionado: ?no habr¨¢ 12 magistrados solventes, independientes y servidores de la Constituci¨®n entre los 51 jueces que se han presentado como para que no se haya podido alcanzar un acuerdo hasta ahora? Me temo que a ninguno de los dos partidos mayoritarios les interesa este perfil.

Quiz¨¢ haya que asumir que la grandeza de la democracia tambi¨¦n estribe en ser el ¨²nico sistema pol¨ªtico que se autodestruye con sus propios mecanismos legales. Pero no podemos olvidar que la alternativa siempre ser¨¢ peor.

Ap¨²ntate aqu¨ª a la newsletter semanal de Ideas.