El Supremo de EE UU ampara la pol¨ªtica de secretismo de Bush con los detenidos tras el 11-S

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha amparado hoy uno de los episodios m¨¢s oscuros de la guerra sin cuartel emprendida por George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las redadas y operaciones policiales a ra¨ªz de los ataques llevaron a prisi¨®n a m¨¢s de 700 personas, en su mayor¨ªa extranjeros (y de origen musulm¨¢n) que en muchos casos han sido ya deportados. Todo este proceso se ha mantenido en el m¨¢s absoluto de los secretos, hasta el punto de que los nombres de los detenidos no se conocen y sus historiales se han mantenido al margen de la luz p¨²blica.

Apenas tres meses despu¨¦s de los ataques, un organismo con sede en Washington, el Centro para Estudios de Seguridad Nacional, interpuso una demanda contra el departamento de Justicia para poner bajo el escrutinio p¨²blico esta pol¨ªtica de la Casa Blanca. A lo largo del proceso judicial, se unieron al litigio los principales medios de comunicaci¨®n del pa¨ªs (la cadena de noticias CNN, los peri¨®dicos The New York Times y The Washington Post, las televisiones ABC y CBS, y el grupo Time Warner, entre otras), que apelaron al mandato constitucional en favor de la libertad de prensa para pedir a los jueces que obligaran al Gobierno a hacer p¨²blica la identidad de los detenidos.

Pero su petici¨®n ha muerto hoy en las orillas del m¨¢ximo ¨®rgano judicial estadounidense, que ha renunciado a revisar la pol¨ªtica de Bush. La mayor¨ªa de los detenidos ya han sido deportados; otros han sido procesados o siguen en prisi¨®n como testigos materiales, pero tan s¨®lo una persona, Zacarias Moussaoui, ha sido juzgado por su participaci¨®n en los atentados del 11-S, seg¨²n informa el diario The New York Times.

Las huellas borradas

El Centro para Estudios de Seguridad Nacional de Washington, muy cr¨ªtico con la pol¨ªtica de Bush, present¨® una demanda ante el Supremo para averiguar la identidad de estos detenidos, basada en el derecho constitucional a la libertad de prensa, y que fue respaldad por 23 organizaciones y medios de comunicaci¨®n. "Es responsabilidad de los tribunales, y en especial del Supremo, someter a revisi¨®n judicial la decisi¨®n del Gobierno de mantener un secretismo sin precedentes a la hora de detener a cientos de personas, con la coartada de la seguridad nacional", manten¨ªan los abogados de la organizaci¨®n.

Los demandantes son de la opini¨®n de que el Estado detuvo a esas personas bas¨¢ndose en sospechas con poco fundamento, y deport¨® a muchas de ellas sin haber probado su posible relaci¨®n con los terroristas. Luego, seg¨²n denuncian, sell¨® los expedientes y borr¨® sus nombres de todos los papeles para mantener su identidad en secreto.

Un camarero de Miami

Como ejemplo de esta pol¨ªtica, los demandantes se?alan el caso paradigm¨¢tico del argelino Mohamed Kamel Bellahouel, detenido tras los atentados en Miami y que ha sido procesado en el m¨¢s absoluto de los secretos. Este hombre era camarero en un restaurante frecuentado por Mohamed Atta (l¨ªder de uno de los comandos terroristas que estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York), y de su detenci¨®n y posterior paso ante los jueces de varios tribunales no queda rastro alguno. Sin embargo, durante unas horas un funcionario dej¨® a la vista su expediente, que fue descubierto por un periodista del diario Miami Daily Business Review.

Al parecer Mohamed Kamel Bellahouel no est¨¢ acusado de terrorismo, pero el hecho es que los cargos contra ¨¦l, si los hubiera, son un misterio. Su caso ejemplifica as¨ª como "se han incumplido normas de transparencia judicial" en este proceso policial y judicial, seg¨²n los argumentos de los demandantes ahora rechazados por el Supremo.

La decisi¨®n de no someter a revisi¨®n esta pol¨ªtica supone un triunfo para el Gobierno de George W. Bush, pero queda a¨²n pendiente el asunto de los presos de Guant¨¢namo. El Supremo ha aceptado que los abogados de 16 detenidos testifiquen contra el limbo jur¨ªdico en el que son mantenidos las 660 personas en la base militar cubana, para luego tomar una decisi¨®n al respecto.