Colombia rechaza una petici¨®n de asilo de golpistas venezolanos

El Gobierno de Colombia rechaz¨® ayer la petici¨®n de asilo pol¨ªtico formulada por un ex diplom¨¢tico y ocho militares venezolanos que participaron en el golpe de Estado contra Hugo Ch¨¢vez en abril de 2002. Los golpistas hab¨ªan solicitado a las autoridades colombianas que les otorgasen el estatus de refugiados alegando persecuci¨®n pol¨ªtica en su pa¨ªs, ya que en 2004 se reabri¨® un proceso judicial en su contra por rebeli¨®n. "El Gobierno colombiano les ha denegado la condici¨®n de refugiados", inform¨® ayer una fuente gubernamental, aunque sin explicar los motivos del rechazo.Los militares, entre quienes se cuentan un vicealmirante y tres generales, alegan que son perseguidos pol¨ªticos del Gobierno venezolano, toda vez que en diciembre de 2004 se reabri¨® en contra de ellos un proceso judicial por rebeli¨®n, que podr¨ªa llevarlos a prisi¨®n a cumplir largas condenas.

A la cabeza del grupo se encuentra el vicealmirante retirado H¨¦ctor Ram¨ªrez P¨¦rez, quien ejerci¨® el cargo de ministro de Defensa en el fallido Gobierno transitorio del empresario Pedro Carmona Estanga, que derroc¨® a Ch¨¢vez, pero tan s¨®lo se mantuvo en el poder durante 47 horas.

Ram¨ªrez P¨¦rez y otros ocho oficiales, as¨ª como un ex diplom¨¢tico tambi¨¦n acusado de golpista, se encontraban desde hace varios meses en territorio de Colombia, con un permiso de residencia que est¨¢ a punto de expirar. Ya los militares hab¨ªan solicitado en una ocasi¨®n que se les concediera la categor¨ªa de refugiados, pero el Gobierno colombiano se la deneg¨®. Ahora han pedido una reconsideraci¨®n de sus casos.

En Colombia, aunque en condici¨®n de asilado, tambi¨¦n se encuentra desde 2002 Carmona Estanga, quien logr¨® evadir a sus guardianes cuando se encontraba en su casa, bajo arresto domiciliario.

Ram¨ªrez P¨¦rez fue el oficial que ley¨®, en nombre de un grupo de altos mandos, un documento mediante el cual desconoc¨ªan la autoridad de Ch¨¢vez, la tarde del 11 de abril de 2002. Los oficiales justificaron el pronunciamiento alegando que el Gobierno de Ch¨¢vez hab¨ªa asesinado a ocho manifestantes y herido a varias decenas m¨¢s al reprimir una gigantesca marcha de opositores. En la misma situaci¨®n se encuentra el general de la Aviaci¨®n Pedro Pereira. Al resto de los solicitantes de refugio no se les ha identificado en los informes de prensa.

Los generales y almirantes que encabezaron el golpe contra Ch¨¢vez fueron sometidos en 2002 a un proceso conocido como antejuicio de m¨¦rito, un privilegio que contempla la Constituci¨®n venezolana para los altos funcionarios y los oficiales de m¨¢ximo rango de la Fuerza Armada. Antes de iniciar un proceso judicial contra alguna de estas personas, el Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse sobre si hay o no m¨¦ritos para abrir el juicio. En agosto de 2002, la Sala Plena del alto tribunal declar¨®, tras una votaci¨®n muy disputada, que no se deb¨ªa emprender el juicio, pues los militares hab¨ªan actuado "pre?ados de buenas intenciones".

Sin embargo, en diciembre de 2004, la Sala Constitucional del TSJ revis¨® la sentencia y acord¨® ordenar un nuevo proceso. Los oficiales argumentan que se trata de un juicio pol¨ªtico.

Tras ser exculpado en agosto de 2002, un numeroso grupo de militares se declar¨® en desobediencia leg¨ªtima, tomaron la plaza de Altamira, en una barriada de clase alta de Caracas, y all¨ª permanecieron durante varios meses, funcionando como un epicentro de las actividades de la oposici¨®n.

Otro de los oficiales que se rebel¨® contra el Gobierno de Ch¨¢vez el 11 de abril de 2002, el general Carlos Alfonzo Mart¨ªnez, permaneci¨® en Venezuela y fue sometido a un intrincado juicio por el que ha pasado una parte del tiempo en arresto domiciliario y otra, en una c¨¢rcel militar. Alfonzo ha sido propuesto como candidato a la Asamblea Nacional (Parlamento) para las elecciones que se realizar¨¢n el pr¨®ximo 4 de diciembre. De resultar electo, deber¨¢ interrumpirse el proceso judicial en su contra.