Tambi¨¦n hay violencia en Costa Rica

A los costarricenses no les ha quedado m¨¢s remedio que mirarse en el mismo espejo de sus vecinos centroamericanos. El triste reflejo de la violencia y la inseguridad ha llegado tarde, pero contundente, a esta sociedad que acepta con algo de incredulidad lo que dicen sus ojos y los diarios cada ma?ana: un asesinato por d¨ªa, un joven que mat¨® a otro tras salir libre de 78 detenciones, un asalto cada dos horas frente al principal hospital del pa¨ªs y el relato del ministro de Hacienda sobre la noche en que lo enca?onaron para robarle el auto nuevo. "El problema es real", ha debido admitir el presidente, ?scar Arias.

Hasta tal punto, que el Gobierno se vio obligado a convocar una reuni¨®n de emergencia con las m¨¢s altas autoridades policiales y del Poder Judicial para buscar soluciones inmediatas contra la delincuencia o, al menos, respuestas para una sociedad que teme seguir el camino que han tomado Honduras, Guatemala y El Salvador, con el impulso de violencia heredada por las guerras de los a?os ochenta. Costa Rica, en contraste, recibe la ola de violencia como por generaci¨®n espont¨¢nea, despu¨¦s de d¨¦cadas de creerse la Suiza centroamericana y pensar que sus 51.000 kil¨®metros cuadrados eran una burbuja impermeable.

La tasa de delitos por cada 100.000 habitantes pas¨® de 135 en 1990 a 300 en la actualidad, mientras las agresiones se duplicaron y los asesinatos subieron un 50%, seg¨²n las cifras oficiales, que coinciden con la creciente sensaci¨®n de inseguridad reflejada en cada sondeo popular. Como promedio, cada d¨ªa tiene su propio homicidio entre una poblaci¨®n de menos de cinco millones, cada vez menos preocupada por el costo de la vida y m¨¢s por su seguridad. Las casas enrejadas, los barrios cerrados y los r¨®tulos de empresas de seguridad son ahora parte del paisaje urbano costarricense.

El martes 8 de enero tuvo su muerto: Douglas Dixon Lombardi. El joven, de 23 a?os, caminaba a media tarde por un barrio capitalino cuando se top¨® con otro que sac¨® un pu?al, lo mat¨® y huy¨® en bicicleta. Minutos despu¨¦s, el asesino se col¨® entre los curiosos y se expuso a que la polic¨ªa lo detuviera por 79? ocasi¨®n, debido a diversos delitos, desde que cumpli¨® nueve a?os de edad. Las 78 veces anteriores hab¨ªa logrado salir en libertad, por garant¨ªas legales del sistema o porque simplemente logr¨® escapar. Cuatro horas antes, un guardia muri¨® tiroteado por dos asaltantes en una ferreter¨ªa en Escaz¨², el cant¨®n m¨¢s rico del pa¨ªs.

Las autoridades no dudan en cargar parte de la culpa sobre los inmigrantes, especialmente los colombianos, tras detectar que al menos 1.000 de ellos act¨²an como cabecillas de bandas delictivas, en muchas ocasiones aprovechando la experiencia que les dej¨® su participaci¨®n en la narcoguerrilla de Colombia.

El estilo de algunos asesinatos parece confirmarlo, como la forma en que muri¨® un adolescente el pasado jueves en Lim¨®n, una ciudad portuaria del Caribe. Una motocicleta pas¨® por delante de su casa y el pasajero de la parte posterior acribill¨® con toda frialdad al menor, de 16 a?os, por un aparente conflicto entre bandas de narcotraficantes. Nadie en la zona sabe qui¨¦n fue el asesino. Y si lo sabe, guarda silencio.

Aunque ajena a las pandillas llamadas maras que campean en el norte de Centroam¨¦rica, Costa Rica no est¨¢ exenta de asociaciones juveniles y grupos con una organizaci¨®n m¨¢s compleja que no siempre est¨¢n en el negocio de la droga. Los asaltos violentos contra casas y veh¨ªculos son el pan de cada d¨ªa.

El hampa atac¨® en 2007 a 17.000 familias y se apropi¨® de casi 1.000 coches mediante el m¨¦todo del bajonazo (bloqueo de un veh¨ªculo con otro para robar a sus ocupantes), como el que sufri¨® el propio ministro de Hacienda, Guillermo Z¨²?iga, que la pasada semana autoriz¨® un presupuesto extra del 26% para la polic¨ªa judicial. Z¨²?iga perdi¨® su nuevo Toyota todoterreno. Pero le importa poco, porque pudo ser peor si el asaltante encapuchado hubiera disparado el rev¨®lver contra ¨¦l o su esposa mientras los manten¨ªa tumbados en el suelo, con la cara contra el asfalto. "Confieso que antes casi no le¨ªa las noticias de las p¨¢ginas de sucesos, ve¨ªa como lejanos estos hechos", confes¨® el ministro al diario La Naci¨®n, que public¨® un reportaje sobre otros seis miembros del Gabinete que han sufrido en sus carnes alg¨²n hecho delictivo y que ahora saben lo que antes s¨®lo supon¨ªan. La lectura que se hace en las calles es simple: el crimen organizado s¨®lo ten¨ªa que llegar a los pol¨ªticos para que se dieran cuenta de que exist¨ªa.

El Gobierno acaba de prometer m¨¢s dinero para que la polic¨ªa de investigaci¨®n judicial duplique su n¨²mero de agentes, para abrir tribunales que juzguen delitos menores (robos de objetos valorados en menos de 500 d¨®lares carecen de pena) y para reforzar la llamada Fuerza P¨²blica, el cuerpo policial que opera en este pa¨ªs, carente de Ej¨¦rcito. Tambi¨¦n impulsan reformas legales cuya aprobaci¨®n podr¨ªa tardar a?os, seg¨²n los ritmos del Congreso. Y discursos. Y promesas. Y quiz¨¢ dilemas ante una parte de la poblaci¨®n que clama por pol¨ªticas de mano dura, frente a otra que mira las chabolas y siente que ah¨ª es donde realmente ha empezado Costa Rica a andar el camino que llevan adelantado sus vecinos centroamericanos.