Los estudiantes chilenos vuelven a las calles

Los profesores y estudiantes chilenos iniciar¨¢n esta semana nuevas jornadas de protesta para lograr que el Senado rechace la Ley General de Educaci¨®n (LGE), cuya discusi¨®n comenzar¨¢ en julio, despu¨¦s de su aprobaci¨®n en la C¨¢mara de Diputados por una amplia mayor¨ªa. De ser ratificada, la LGE reemplazar¨¢ a la Ley Org¨¢nica Constitucional de Educaci¨®n (LOCE), promulgada durante la dictadura. Sin embargo, maestros y alumnos aducen que la reforma no protege a la ense?anza p¨²blica y piden m¨¢s recursos.

Las marchas estudiantiles en Chile siempre culminan con decenas e incluso cientos de detenidos por la polic¨ªa militarizada de Carabineros, que se emplea a fondo con gases y agua para impedirlas. Son tambi¨¦n frecuentes los desalojos policiales de los liceos y sedes universitarias tomados por los estudiantes, pero a los pocos d¨ªas ¨¦stos vuelven a ocuparlos.

El Ministerio de Educaci¨®n ha anunciado que habr¨¢ sanciones econ¨®micas para aquellos establecimientos que reciben recursos del Estado y apoyan las manifestaciones. Adem¨¢s, advierte que los estudiantes se arriesgan a tener que recuperar las clases perdidas en periodo de vacaciones.

El Colegio de Profesores, que re¨²ne a los docentes de ense?anza b¨¢sica y media, uno de los m¨¢s poderosos del pa¨ªs, acord¨® el viernes pasado convocar un paro nacional en julio, sin fijar fecha todav¨ªa, al que invitar¨¢n a participar a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal uni¨®n sindical del pa¨ªs, y pidieron la dimisi¨®n de la ministra de Educaci¨®n, M¨®nica Jim¨¦nez, en rechazo a la tramitaci¨®n en el Senado de la LGE.

Para ma?ana, d¨ªa en que la LGE llega al Senado, los profesores han convocado una jornada de reflexi¨®n y marchas en las principales plazas del pa¨ªs.

En una carta a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el Colegio de Profesores pide el "fin del Estado subsidiario para que se retorne a un Estado responsable en la educaci¨®n". Seg¨²n ellos, mientras se mantenga el lucro como "motor del sistema" y los establecimientos reciban recursos de las municipalidades, se "mantiene la segregaci¨®n de escuelas pobres y ricas, y tambi¨¦n entre comunas pobres y ricas".

El movimiento estudiantil, aunque intermitente, con d¨ªas de paralizaci¨®n y otros de calma, y no generalizado en todos los establecimientos, comenz¨® en mayo y se ha extendido a muchos liceos financiados por el Estado en Santiago y otras provincias, y a varias de las mayores universidades estatales chilenas, donde los estudiantes demandan mayores recursos.

Pero el Gobierno no est¨¢ dispuesto a ceder ni tiene demasiado margen para negociar frente a las peticiones. Si la LGE no fuera aprobada, ser¨ªa necesario mantener la legislaci¨®n de la dictadura, advierte La Moneda. La nueva ley apunta m¨¢s a la calidad del sistema, con una fiscalizaci¨®n m¨¢s rigurosa, la creaci¨®n de una Agencia de Calidad y una Superintendencia y mayores requisitos para quienes reciben recursos estatales para administrar un colegio, llamados "sostenedores".

Una comisi¨®n con participaci¨®n de todos los sectores, incluidos los profesores y estudiantes, estudi¨® las posibles reformas educativas, pero ¨¦stas debieron ser negociadas en un acuerdo que incluy¨® a la derecha y fue ratificado por la presidenta y todos los partidos con presencia parlamentaria. Sin contar con las mayor¨ªas que exige el qu¨®rum para reformar una ley org¨¢nica constitucional en ambas C¨¢maras, La Moneda ha debido aferrarse a este acuerdo como el ¨²nico posible para terminar con la LOCE.

La principal oposici¨®n a la nueva LGE provino del ala izquierda de la coalici¨®n gobernante en la C¨¢mara de Diputados, que exigi¨® m¨²ltiples modificaciones orientadas a fortalecer la educaci¨®n p¨²blica. Como la derecha no se avino a aceptarlas, Bachelet se comprometi¨® a enviar un nuevo proyecto para el fortalecimiento del papel de la educaci¨®n p¨²blica, logrando as¨ª su aprobaci¨®n.

El Senado tendr¨¢ un mes para debatir la LGE, pero sometido a la presi¨®n social. La lucha se anticipa ardua, porque varios senadores han anticipado que la rechazar¨¢n o pedir¨¢n modificaciones, con el argumento que la C¨¢mara Alta no puede desatender a la ciudadan¨ªa.