Denunciado en Espa?a al ex presidente salvadore?o Cristiani por el asesinato de seis jesuitas en 1989
La querella se apoya en el principio de Justicia Universal, que permiti¨® en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet.- Tambi¨¦n est¨¢n acusados 14 militares
Dos organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado hoy ante la Audiencia Nacional al ex presidente salvadore?o Alfredo Cristiani y a 14 miembros de su Ej¨¦rcito por su presunta implicaci¨®n en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989. La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU), dos asociaciones con amplia experiencia en procesos internacionales, han sido las encargadas de presentar hoy la iniciativa.
La querella se apoya en el principio de Jurisdicci¨®n Universal, que permiti¨® en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garz¨®n.
El juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero seis de la Audiencia Nacional, ser¨¢ el encargado del seguimiento de la querella, que inmediatamente ser¨¢ traslada al ministerio fiscal para que informe sobre si Espa?a tiene jurisdicci¨®n y sobre si los hechos revisten indicios de delitos.
El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el espa?ol Ignacio Ellacur¨ªa; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando L¨®pez, Juan Ram¨®n Moreno, Segundo Montes e Ignacio Mart¨ªn Bar¨®, as¨ª como el salvadore?o Joaqu¨ªn L¨®pez y L¨®pez. Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 a?os.
Al ex presidente Cristiani, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadore?as en 1989, se le acusa de ser "c¨®mplice" por "encubrir" el crimen, y a catorce miembros del Ej¨¦rcito salvadore?o de ser "los responsables" del mismo.
Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero s¨®lo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobaci¨®n de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnist¨ªa.
Una ley que hoy ha sido cuestionada por el presidente de la APDHE, Manuel Oll¨¦, quien dijo que "ning¨²n pa¨ªs, ning¨²n Estado puede dictar leyes de impunidad para auto protegerse, para auto amnistiarse cuando se produce una vulneraci¨®n de la vida, de la libertad y de la integridad f¨ªsica de las personas".
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a los demandados de "cr¨ªmenes contra la humanidad" y de "terrorismo de Estado".
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