Ch¨¢vez prepara una 'ley mordaza' para castigar a la prensa cr¨ªtica
La fiscal general presenta la ley Especial de Delitos Medi¨¢ticos, que Ch¨¢vez quiere aprobar antes de fin de a?o.- Las conductas o informaciones susceptibles de acaerrar sanci¨®n de hasta tres a?os de c¨¢rcel son numerosas y poco definidas, seg¨²n el texto de la norma
El Gobierno que preside Hugo Ch¨¢vez prepara una nueva ley mordaza contra la prensa cr¨ªtica. El proyecto, llamado Ley Especial de Delitos Medi¨¢ticos, prev¨¦ penas de c¨¢rcel para aquellos medios que atenten contra la "estabilidad" de las instituciones, la "paz social" o la "moral p¨²blica".
Durante su programa de radio, el 3 de julio pasado, la fiscal general de Venezuela se jur¨® a s¨ª misma y a la audiencia que redactar¨ªa un proyecto de Ley Especial de Delitos Medi¨¢ticos para sancionar a aquellas emisoras, televisiones, diarios y p¨¢ginas web que con sus informaciones generaran zozobra y p¨¢nico entre los ciudadanos. Y cumpli¨® su palabra: la fiscal venezolana, Luisa Ortega D¨ªaz, present¨® el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitir¨¢ al Gobierno de Hugo Ch¨¢vez sancionar, con penas de seis meses a cuatro a?os de c¨¢rcel, a todo el que a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n divulgue informaciones que puedan atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado", "la paz social, la seguridad e independencia de la naci¨®n", la "salud mental o moral p¨²blica" y el "orden p¨²blico", o que "generen sensaci¨®n de impunidad o de inseguridad" entre la poblaci¨®n.
Casi todos los ciudadanos, incluyendo a la fiscal, son susceptibles de ser penados con esta futura ley: los periodistas, los locutores, los conferenciantes, los productores nacionales independientes, los artistas o "cualquier otra persona que se exprese a trav¨¦s de cualquier medio de comunicaci¨®n impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza", dice el art¨ªculo s¨¦ptimo del proyecto de ley. Tambi¨¦n se incluyen en este art¨ªculo los propietarios y directivos de medios de comunicaci¨®n.
El art¨ªculo 5 es particularmente severo al castigar el delito que define como "divulgaci¨®n de noticias falsas" que ocasionen "una gran alteraci¨®n a la tranquilidad p¨²blica" o "hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado". Para las personas y los due?os de medios que publiquen este tipo de informaci¨®n, la justicia podr¨¢ aplicar penas de dos a cuatro a?os de prisi¨®n. El mismo castigo est¨¢ reservado para los que "manipulen" o "tergiversen" una noticia, "generando una falsa percepci¨®n de los hechos o creando una matriz de opini¨®n en la sociedad",
La propuesta presentada por la fiscal no establece qu¨¦ organismo ser¨¢ el responsable de determinar la falsedad o veracidad, o el grado de manipulaci¨®n o tergiversaci¨®n de una noticia. Pero s¨®lo en el ¨²ltimo a?o el Ministerio de Comunicaci¨®n e Informaci¨®n, responsable de vigilar y reglamentar el funcionamiento de los medios, ha se?alado de "falsas", "interesadas" o "manipuladas" noticias como el aumento de la inseguridad ciudadana, del narcotr¨¢fico y de la corrupci¨®n en Venezuela, el desabastecimiento de alimentos o la existencia de armas venezolanas en manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; informaciones que los medios independientes, nacionales e internacionales, han dado por ciertas.
Para los directores, gerentes o editores de medios la ley contempla dos nuevos tipos de delito. Los que se nieguen a revelar la identidad del autor de una emisi¨®n o art¨ªculo que utilice como nombre un seud¨®nimo o se ampare en el anonimato podr¨ªan ser castigados con penas de seis meses a tres a?os de prisi¨®n, seg¨²n el art¨ªculo 7 del proyecto de ley. Y aquellos que omitan de manera voluntaria o injustificada si podr¨ªan ir a la c¨¢rcel, por espacio de dos a cuatro a?os, seg¨²n el art¨ªculo 10.
"?Qu¨¦ entiende la Fiscal¨ªa por delito medi¨¢tico?", se pregunt¨® el Colegio Nacional de Periodistas a trav¨¦s de un comunicado difundido el jueves. "?El uso deliberado de un adjetivo? ?La parodia pol¨ªtica de un humorista? ?La publicaci¨®n de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ?La cifra sobre los ¨ªndices de criminalidad? ?Las cr¨ªticas ante los excesos de un poderoso". Para el gremio, dice el documento, este proyecto est¨¢ enmarcado "dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la poblaci¨®n e instarla a que haga silencio". El cerco contra 285 emisoras de radio y televisi¨®n que, a finales de junio, fueron amenazadas por el Gobierno con el cierre; el anuncio de reformas a la Ley de Ejercicio del Periodismo; y la criminalizaci¨®n de la disidencia pol¨ªtica, sostiene el CNP, son acciones que forman parte de ese ataque. La organizaci¨®n francesa Reporteros Sin Fronteras tambi¨¦n ha denunciado que modificaciones legislativas como ¨¦sta que hoy se promueven en Venezuela constituyen una "cruzada" del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez contra los medios de comunicaci¨®n privados.
Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela -varios de ellos periodistas, que proyectaron su carrera pol¨ªtica a trav¨¦s de encendidas denuncias- no comparten la opini¨®n del gremio. Este jueves, varios de ellos gritaron "vivas" y aplaudieron al escuchar la propuesta de la fiscal, en se?al inequ¨ªvoca de su disposici¨®n a aprobar la ley antes de fin de a?o. Hace una semana, el presidente Hugo Ch¨¢vez orden¨® a la Asamblea Nacional que antes de diciembre -y antes de que, en 2010, termine la legislatura en la que el oficialismo tiene mayor¨ªa- deb¨ªa aprobar un conjunto de leyes "revolucionarias" y derogar las "contrarrevolucionarias" que impiden que el socialismo del siglo XXI avance. "?Leyes revolucionarias, inexorables!", pidi¨® Ch¨¢vez, para "terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgu¨¦s y crear las nuevas estructuras del Estado del proletariado, bolivariano". La Ley Especial de Delitos Medi¨¢ticos es una de ellas.
La principal asociaci¨®n de periodistas americana condena "el golpe a la democracia en Venezuela"
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado el proyecto de ley sobre "delitos medi¨¢ticos" en Venezuela, al calificarlo como un "devastador golpe contra lo que queda de democracia". La SIP considera que es "un duro mecanismo de atropello contra los ciudadanos al quitarles su derecho a recibir informaci¨®n diversa y plural".
"El gobierno debe comprender que en una democracia no pueden existir delitos de prensa, sino delitos que se comenten a trav¨¦s de la prensa", para lo cual, ¨¦stos ya est¨¢n regulados por las leyes vigentes que aplican a todos los ciudadanos por igual, ha dicho Robert Rivard, presidente de la Comisi¨®n de Libertad de Prensa e Informaci¨®n de la SIP.
El cierre en mayo de 2007 de RCTV, el "hostigamiento" contra Globovisi¨®n y 240 radioemisoras que son amenazadas con su cierre definitivo; y la apertura de numerosos medios electr¨®nicos y escritos y agencias de noticias estatales utilizadas para divulgar material propagand¨ªstico, se incluyen en las acciones oficialistas, seg¨²n la SIP.
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