La pol¨¦mica 'refundaci¨®n' del sistema judicial boliviano

La refundaci¨®n del sistema judicial, parte fundamental de la revoluci¨®n emprendida por el presidente boliviano, Evo Morales, ha hecho sonar las alarmas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que afirman que el nuevo paquete legislativo que prepara el Gobierno vulnera los tratados internacionales y no garantiza el derecho fundamental a un juicio justo.

El Gobierno boliviano ha restado importancia a la petici¨®n de la organizaci¨®n internacional Human Rights Watch (HRW), que ha reclamado que se modifique la nueva legislaci¨®n que prepara el Parlamento para enmarcarla en el contexto de los tratados internacionales vinculantes suscritos por el Estado, con el fin de proteger los derechos b¨¢sicos del ciudadano y la independencia del Poder Judicial.

"Aqu¨ª no se est¨¢ aprobando una ley contra ning¨²n ex presidente; lo que s¨ª est¨¢ en debate es una nueva ley de juicio de responsabilidades", afirm¨® Morales en una conferencia de prensa en La Paz y, asegur¨® que HRW es un "instrumento gran defensor del imperio norteamericano, que va a acusar de cualquier tema a los Gobiernos que buscan transformaciones en Bolivia". Morales explic¨® que la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en la modificaci¨®n de una ley del siglo XIX que regula los juicios pol¨ªticos a funcionarios de alto rango, que ya fue revisada en dos oportunidades en los ¨²ltimos 10 a?os.

La organizaci¨®n HRW ha solicitado al Gobierno que modifique dos nuevas leyes y un proyecto que vulneran normas reconocidas por el derecho internacional, entre ellas, el estar presente durante el juicio, el derecho de apelar cualquier fallo y la aplicaci¨®n de la ley a partir de su promulgaci¨®n, sin retroactividad.

La preocupaci¨®n de HRW est¨¢ centrada en el anunciado juicio contra los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodr¨ªguez Veltz¨¦ (2005-2006) y el vicepresidente V¨ªctor Hugo C¨¢rdenas (1993-1997) por presuntos delitos de corrupci¨®n en el ejercicio de sus funciones y el uso supuestamente injustificado de "gastos reservados" con que todos los anteriores Gobiernos bolivianos contaron como respaldo econ¨®mico.

El proceso judicial contra los ex gobernantes est¨¢ pendiente ahora de la autorizaci¨®n que la Asamblea Legislativa debe aprobar, por dos tercios de los votos del Congreso, para que el Ministerio P¨²blico formule la imputaci¨®n ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El ex presidente Rodr¨ªguez Veltz¨¦, que entreg¨® el mando a Morales en enero de 2006, se?al¨® que el documento de HRW se suma a varios otros pronunciamientos, tanto del exterior como locales, "que alertan sobre un paquete de legislaci¨®n penal aprobado a t¨ªtulo de 'emergencias' judiciales, que es regresivo en materia de respeto a los derechos humanos, particularmente en materia de las garant¨ªas universales al debido proceso y parece estar orientado m¨¢s bien a fortalecer la estrategia de judicializar la pol¨ªtica".

El documento de HRW recuerda al Gobierno boliviano que el derecho internacional proh¨ªbe la aplicaci¨®n retroactiva de disposiciones penales. Rodr¨ªguez Veltz¨¦, obligado a dejar la presidencia de la Corte Suprema para asumir el mando de la naci¨®n en la peor crisis democr¨¢tica en 2005, afirm¨® que "no se puede sancionar conductas que en el pasado no eran delitos y hoy, a t¨ªtulo de lucha contra la corrupci¨®n, por ejemplo, se pretenda sancionar. Al contrario, en materia penal, el criterio es inverso, m¨¢s bien la ley prev¨¦ que en el juzgamiento se debe aplicar la ley m¨¢s favorable al acusado".

El vicepresidente V¨ªctor Hugo C¨¢rdenas, el primer aimara que lleg¨® a ese cargo acompa?ando a Gonzalo S¨¢nchez de Lozada en su primera gesti¨®n presidencial, afirm¨® que "la legislaci¨®n boliviana confunde procesos pol¨ªticos con procesos penales. Es cierto que todos los ex mandatarios debemos rendir cuentas de nuestros actos ante la ley. Pero una cosa es un tratamiento pol¨ªtico, como el impeachment (imputaci¨®n) norteamericano, y otra cosa es el tratamiento penal de algunas infracciones legales".

C¨¢rdenas destac¨® que los tr¨¢mites realizados hasta ahora, en el proceso que se impulsa desde el Parlamento, "hasta ahora fueron clandestinos, sin comunicarnos ni preguntarnos y supeditados al inter¨¦s pol¨ªtico partidario y al af¨¢n de venganza y represalia del Gobierno actual de Evo Morales", y, con ello, dificultar la presentaci¨®n de descargos y aclaraciones desde las primeras fases del proceso. "Con la presentaci¨®n oportuna de tales documentos e informaciones, se puede ahorrar tiempo y energ¨ªa y afrentas innecesarias a la dignidad de acusados injustamente", afirm¨® C¨¢rdenas.

El mayoritario grupo parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS) ?que ahora trabaja contrarreloj para aprobar otras cinco leyes en un lapso de dos semanas? mantuvo silencio respecto a la petici¨®n p¨²blica de HRW de que se garantice la independencia del Poder Judicial y se adapte la nueva legislaci¨®n a los tratados internacionales que tienen car¨¢cter vinculante para el Estado boliviano.

"La ley anticorrupci¨®n es de vital importancia para los bolivianos para combatir este mal que ha afectado por tanto tiempo" a la sociedad y a la funci¨®n p¨²blica, afirma el constitucionalista Jos¨¦ Antonio Rivera, quien, sin embargo, muestra reparos, porque "sus normas contravienen est¨¢ndares b¨¢sicos" que rompen la armon¨ªa con tratados internacionales como la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos y dejan en el desamparo a los bolivianos.

El Gobierno boliviano ha logrado en un lustro la desarticulaci¨®n de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y otros ¨®rganos del Poder Judicial, y en los ¨²ltimos meses el reemplazo de la mayor parte de los magistrados por vocales designados por el presidente Morales. Morales dijo que aspira a contar con el Poder Judicial para completar su revoluci¨®n en Bolivia.

La Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de aprobar, con la mayor¨ªa de dos tercios del gobernante MAS, leyes transitorias que le permitan ganar tiempo en relaci¨®n con los plazos perentorios fijados en la Constituci¨®n Pol¨ªtica del Estado, en su af¨¢n de apurar los cambios y transformaciones que busca el Gobierno del presidente Morales.

Las nuevas disposiciones han eliminado, por ejemplo, el derecho a juez natural (el magistrado territorial determinado por ley seg¨²n el lugar donde sucedi¨® el hecho o reside el ciudadano) reclamado con vehemencia por los magistrados de Santa Cruz, que vieron escaparse de sus manos los procesos contra l¨ªderes y ciudadanos de la regi¨®n que fueron acusados de presuntos v¨ªnculos con el terrorismo, obligados todos a viajar a La Paz para declarar ante un fiscal de ese distrito. Es el caso tambi¨¦n del ex gobernador de Pando, Leopoldo Fern¨¢ndez, que pronto cumplir¨¢ 20 meses encarcelado y sin juicio en la sede de Gobierno.