Se desata la alarma sobre la ley ind¨ªgena en Bolivia

A falta de un d¨ªa para que el presidente Evo Morales promulgue, seg¨²n las previsiones, una nueva ley que reconoce la validez de la jurisdicci¨®n ind¨ªgena y comunitaria, una serie de linchamientos enciende el debate sobre los riesgos que la reforme supone. El ¨²ltimo episodio conocido es el de un hombre torturado y linchado en el departamento de Potos¨ª, al sur del pa¨ªs. Seg¨²n las autoridades locales, Santiago Flores, de 51 a?os, fue golpeado hasta la muerte por sus vecinos que le hab¨ªan descubierto el lunes violando a una mujer de 35 a?os. El hombre, que seg¨²n la polic¨ªa ten¨ªa antecedentes por robos, hurtos y otras violaciones, fue enterrado por los mismos vecinos en una fosa com¨²n de la localidad, Juruma, a unos 620 kil¨®metros de La Paz. No se trata de un caso aislado. Hace una semana en el mismo departamento de Potos¨ª, un grupo de ind¨ªgenas entreg¨® a las familias los cuerpos de cuatro polic¨ªas. Los pobladores eran los responsables de su linchamiento y entregaron los cad¨¢veres ampar¨¢ndose a las normas de su jurisdicci¨®n y con la condici¨®n de no ser denunciados por el crimen.

Para la oposici¨®n, se trata de la prueba del error que supone el reconocimiento de la justicia comunitaria contenido en la ley aprobada el pasado martes por la C¨¢mara baja y que forma parte de una m¨¢s amplia reforma del sistema judicial. "Uno de los problemas que se incorpor¨® en la nueva ley es que la justicia originaria tiene el mismo rango que la justicia ordinaria, pero sus fallos son inapelables para instancias superiores", dijo la diputada opositora Norma Pi¨¦rola a la AFP. Si un jilakata (autoridad ind¨ªgena) emite un fallo, que es verbal y no escrito, las partes o v¨ªctimas no pueden recurrir a otra instancia mayor como las cortes de distrito regionales, la Corte Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional, explic¨® Pi¨¦rola. Adem¨¢s mencion¨® que tampoco se han delimitado los tipos de delitos que son de competencia ind¨ªgena y ordinaria. "Una autoridad originaria puede creer que tiene potestad para juzgar delitos de narcotr¨¢fico, contra la seguridad del Estado o de contrabando, cuando estos delitos son de competencia exclusiva de la justicia ordinaria", agreg¨®.

El oficialismo defiende la reforma aunque reconoce que hay que poner m¨¢rgenes. "La justicia ordinaria ya tiene normas, pero la comunitaria no. Los hermanos de las comunidades tienen que trabajar una propuesta, convertirla en ley y aprobarla en el Congreso", dijo el diputado del Movimiento al Socialismo Isaac ?valos, citado por el diario Los Tiempos. Seg¨²n los legisladores oficialistas en la justicia ind¨ªgena no estar¨ªan reconocidos los linchamientos, aunque se trata de una pr¨¢ctica muy utilizada por los nativos. No existen cifras precisa, pero en los ¨²ltimos a?os se registraron varios casos en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Seg¨²n datos del Defensor del Pueblo, en 2007 se registraron 57 casos de linchamientos. El polit¨®logo Jorge Lazarte, en declaraciones a Los Tiempos, dijo que es normal que los que defienden la ley aleguen que linchamientos y pena de muerte no son justicia comunitaria. "Lo curioso es que son los propios comunitarios quienes aseguran que es as¨ª c¨®mo aplican su justicia", afirm¨®.