Desciende el n¨²mero de personas ejecutadas, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional

El n¨²mero de personas ejecutadas en el mundo a lo largo del a?o pasado ha descendido, en una confirmaci¨®n de la tendencia a la abolici¨®n de esta pena, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional. Veintitr¨¦s pa¨ªses aplicaron la pena capital en 2010, cuatro m¨¢s que el a?o anterior. Sin contar con los miles de reos ejecutados en China, que no facilita datos al considerarlos secreto de estado, al menos 527 personas sufrieron esta pena, frente a las 714 de 2009.

Sin embargo, la organizaci¨®n de derechos humanos alerta en su informe anual de que todav¨ªa varios pa¨ªses aplican la pena capital para castigar delitos no violentos, como el tr¨¢fico de drogas, cr¨ªmenes econ¨®micos, relaciones consentidas entre adultos y blasfemia. Esto supone una "violaci¨®n de las leyes internacionales de derechos humanos que proh¨ªben el uso de la pena de muerte excepto para los delitos m¨¢s graves", afirma el secretario general de Amnist¨ªa, Salil Shetty, en un comunicado.

Aunque China ha eliminado este castigo para 13 cr¨ªmenes no violentos, a¨²n se aplica para 55 delitos, seg¨²n anunci¨® la prensa local el mes pasado.

Ir¨¢n encabeza el n¨²mero de ejecuciones registradas en 2010, con al menos 252, seguida por Corea del Norte (60), Yemen (53), Estados Unidos (46), Arabia Saud¨ª (27), Libia (18) y Siria (17), seg¨²n la ONG, que recuerda que estas son las cifras de las que tiene constancia, a trav¨¦s de datos oficiales, activistas de derechos humanos y la prensa, y que los datos reales pueden ser mucho m¨¢s elevados.

Les siguen Bangladesh (9), Somalia (8), Sud¨¢n (6), la Autoridad Nacional Palestina (5), Taiwan (4), Egipto (4), Guinea Ecuatorial (4), Bielorrusia (2, el ¨²nico pa¨ªs europeo en aplicarla en 2010), Jap¨®n (2), Singapur (2), Vietnam (2), Irak (1), Malasia (1), Bahr¨¦in (1) y Botsuana (1).

Los m¨¦todos utilizados var¨ªan entre la decapitaci¨®n, la electrocuci¨®n, el ahorcamiento, la inyecci¨®n letal y el fusilamiento. Hay Estados como Bielorrusia, Botsuana, Egipto y Jap¨®n donde a los condenados no se les informa de su pr¨®xima ejecuci¨®n, mientras que en Bielorrusia, Botsuana y Vietnam no se entrega a las familias el cad¨¢ver del ejecutado para que puedan enterrarlo.

Pese al peque?o repunte en el n¨²mero de pa¨ªses que han aplicado esta pena en 2010, la ONG recalca que hay una clara tendencia hacia la abolici¨®n. Seg¨²n Amnist¨ªa, a mediados de la d¨¦cada de 1990, un total de 40 pa¨ªses llevaban a cabo ejecuciones, frente a los 23 de 2010.

La organizaci¨®n subraya que los Estados que han dejado de aplicar la pena de muerte por ley o por establecer una moratoria "han aumentado considerablemente en el ¨²ltimo decenio, pasando de los 108 de 2001 a los 139 de estos ¨²ltimos a?os", afirma. Gab¨®n elimin¨® la pena de muerte de su legislaci¨®n en 2010, y a finales del a?o pasado, consideraban la abolici¨®n L¨ªbano, Mal¨ª, Mongolia, que ha establecido una suspensi¨®n, y Corea del Sur.

El secretario general de Amnist¨ªa Internacional recuerda que el a?o pasado "por tercera vez, y con m¨¢s apoyo que nunca, la Asamblea General de la ONU pidi¨® una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo". "Los pa¨ªses que siguen llevando a cabo ejecuciones no tienen en cuenta el hecho de que tanto las normas internacionales de derechos humanos como los organismos de derechos humanos de la ONU han sostenido de manera sistem¨¢tica que la abolici¨®n de la pena de muerte debe ser el objetivo ¨²ltimo. Un mundo sin pena de muerte no s¨®lo es posible, sino inevitable. La cuesti¨®n es saber cu¨¢ndo lo conseguiremos", se?ala Salil Shetty.

Durante el a?o pasado, se impusieron al menos 2.024 nuevas sentencias a muerte en 67 pa¨ªses. En total, 17.833 personas en todo el mundo estaban condenadas a la pena capital a finales de 2010.

Todas estas cifras ser¨ªan mucho mayores si se incluyeran estimaciones sobre China, pero Amnist¨ªa Internacional decidi¨® en 2010 no publicar cifras m¨ªnimas de este pa¨ªs. En cambio, ha emplazado a las autoridades a que publiquen las cifras anuales del n¨²mero de personas condenadas a muerte y ejecutadas, y que confirmen as¨ª su afirmaci¨®n de que han disminuido.