La presidenta argentina afronta la inseguridad ciudadana

In¨¦s Duarte, porte?a de 31 a?os y trabajadora social, estuvo de vacaciones hace unas semanas en Santa Mar¨ªa, provincia de Catamarca (noroeste de Argentina), una peque?a ciudad donde los vecinos aparcan los coches con las ventanas bajadas y duermen en sus casas sin cerrar la puerta con llave. Un d¨ªa, cuando fue al supermercado, el cajero le pregunt¨®: ¡°?Usted es de Buenos Aires?¡±. Y a?adi¨®: ¡°Ah¨ª viven como en la guerra¡±. El empleado se refer¨ªa a las noticias de inseguridad ciudadana de la capital argentina que se suceden en los canales de televisi¨®n.

La inseguridad es la principal preocupaci¨®n de los ciudadanos argentinos, que el pr¨®ximo domingo ir¨¢n a votar su futuro presidente. De ah¨ª, la decisi¨®n del Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner de emprender desde finales del a?o pasado una nueva pol¨ªtica para afrontar el delito, de modo de que las autoridades civiles controlen a las fuerzas policiales, peri¨®dicamente involucradas en las noticias sobre cr¨ªmenes. Adem¨¢s, el Gobierno ha aumentado la presencia de uniformados en las calles y se empe?a en combatir la delincuencia organizada. Hasta 2010, los Kirchner hab¨ªan dejado el asunto de la seguridad en manos de los polic¨ªas y hab¨ªan impulsado un endurecimiento de las penas, pero no hab¨ªan obtenido resultados satisfactorios en siete a?os.

El delincuencia se ha instalado en la agenda p¨²blica argentina desde 1997, seg¨²n Nicol¨¢s Dallorso, investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dallorso identifica tres motivos que explican este fen¨®meno. Por un lado, ¡°Argentina dej¨® de ser segura en muchos aspectos¡±. Eran tiempos en que crec¨ªa el paro y las pol¨ªticas neoliberales acotaban el tama?o del Estado. Por otro lado, aumentaron los arrebatos y los robos a mano armada, y la tasa de homicidio se elev¨®.

¡°En general se asocia el delito con la pobreza, pero no hay estudios que vinculen una cosa con otra. Ha habido cambios culturales, en el mundo del trabajo, el tejido social, en la protecci¨®n social, pero no se puede hacer una relaci¨®n directa de esto con el delito¡±, aclara Dallorso. En cambio, la creciente desigualdad social puede explicar por qu¨¦ el ¨ªndice de asesinatos cada 100.000 habitantes bati¨® una marca hist¨®rica en la crisis argentina de 2002, cuando lleg¨® a 9,2, una cifra superior a la actual de Uganda.

Un tercio de los hogares argentinos afirma haber sido v¨ªctima de alg¨²n delito en el ¨²ltimo a?o

Por ¨²ltimo, el investigador de la UBA observa que los medios de comunicaci¨®n tambi¨¦n contribuyeron a instalar la inseguridad en la agenda p¨²blica. Sin embargo, advierte que se habla poco sobre ¡°las redes complejas de delitos, que necesariamente tienen complicidad policial, y que roban camiones, trafican drogas y personas¡± o de los delitos econ¨®micos, ecol¨®gicos o la violencia machista.

A medida que la crisis argentina de 2002 se disip¨® y los llamados secuestros express pasaron de moda, la tasa de homicidios cay¨® r¨¢pidamente a 5,9 en 2004. Desde entonces ha bajado poco, hasta 5,5 en 2009, una cifra algo mayor que la de Estados Unidos (4,8 en 2010) y bastante mayor que en Espa?a (0,87).

Argentina es el cuarto pa¨ªs m¨¢s seguro de la insegura Latinoam¨¦rica, por detr¨¢s de Chile, Cuba y Per¨². Sin embargo, los argentinos est¨¢n preocupados por la delincuencia y es habitual que se movilicen por las calles cada vez que ocurre alg¨²n asesinato, como ocurri¨® recientemente tras el secuestro de la ni?a Candela Rodr¨ªguez, que permaneci¨® desaparecida nueve d¨ªas y fue hallada violada y ahorcada en un saco de residuos en el Gran Buenos Aires.

La tasa de homicidios casi no ha variado desde 2004. Es de 5,5 por 100.000 habitantes, algo m¨¢s que la de EE UU (4,8 en 2010) y muy superior a la de Espa?a (0,87).

Un tercio de los hogares argentinos afirma haber sido v¨ªctima de alg¨²n delito en el ¨²ltimo a?o, ya sea contra la propiedad, el coche o contra las personas que los integran, seg¨²n un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella. Un 22% padeci¨® alg¨²n robo con violencia. El consumo de paco (pasta de base coca¨ªna) se ha difundido entre los j¨®venes pobres de Buenos Aires y aquellos que delinquen suelen ponerse m¨¢s violentos cuando lo fuman. A su vez, existe una ¡°pr¨¢ctica sistem¨¢tica de hostigamiento de j¨®venes pobres por parte de polic¨ªas¡±, advierte Dallorso.

Con el fin de recuperar popularidad tras la derrota en las elecciones legislativas de 2009, la peronista Fern¨¢ndez adopt¨® diversas medidas y una de ellas fue atender m¨¢s la seguridad, aunque a¨²n no hay datos que demuestren los resultados. Pero el poder de la jefa de Estado se limita a la lucha contra los delitos federales complejos y a los que se cometen en la capital, dado que cada provincia tiene su polic¨ªa.

¡°En 2010, se tom¨® la decisi¨®n pol¨ªtica de que el autogobierno de la Polic¨ªa Federal no garantizaba el control de la situaci¨®n¡±, comenta Dallorso. Ese a?o, la fuerza de seguridad no impidi¨® que sindicalistas peronistas asesinaran a otro de izquierdas en una gresca callejera y particip¨® en un desalojo de miles de familias que hab¨ªan ocupado un parque para pedir viviendas, episodio que acab¨® con tres okupas muertos.

La polic¨ªa "hostiga de forma sistem¨¢tica a los j¨®venes pobres", afirma un investigador

A partir de entonces, Fern¨¢ndez orden¨® que la seguridad dejara de estar encomendada a un dirigente peronista tradicional y la puso en una pol¨ªtica progresista, Nilda Garr¨¦, que inici¨® su gesti¨®n removiendo a toda la c¨²pula de la Polic¨ªa Federal. Desplaz¨® a esta fuerza del sur de Buenos Aires, zona de barrios de chabolas, donde los narcotraficantes operan con normalidad, y puso en su lugar a la Gendarmer¨ªa Nacional, encargada de custodiar las fronteras, y la Prefectura Naval, dedicada a la seguridad en mares y r¨ªos. Continu¨® con la pol¨ªtica de quitar tareas administrativas a los polic¨ªas para que patrullen m¨¢s las calles. Tambi¨¦n cre¨® mesas en los barrios para que sean los ciudadanos, y no s¨®lo los polic¨ªas, los que establezcan qu¨¦ zonas hay que vigilar m¨¢s.

El Gobierno estudia tambi¨¦n la creaci¨®n de un grupo especial para combatir el crimen organizado. Las provincias aguardan los resultados de esta nueva pol¨ªtica policial para abordarla. Mendoza y Santa Fe ya han emprendido la reforma de sus cuerpos de seguridad.