Juicios en el limbo de Guant¨¢namo

Todo en la prisi¨®n militar de Guant¨¢namo tiene, 10 a?os despu¨¦s de su apertura, un enga?oso aire provisional. Camp Delta, donde se llegaron a alojar 779 presos en la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, sigue pareciendo un recinto improvisado, con sus barracones de madera y metal, abrasados bajo el sol, como si estuvieran a punto de ser barridos por un bulldozer. La misma sensaci¨®n transmite el lugar en el que la Administraci¨®n de Barack Obama ha reanudado, por primera vez desde 2008, las comisiones militares en las que tiene previsto juzgar a dos docenas de los 171 presos de la guerra contra el terrorismo que permanecen aqu¨ª de forma indefinida desde 2002.

El punto reservado para los juicios militares es un hangar abandonado en un antiguo aeropuerto dentro de esta base naval en Cuba, a escasos metros del mar Caribe. Se trata de un lugar totalmente camuflado en la normalidad de un recinto militar. Nadie dir¨ªa que aqu¨ª, en este edificio destartalado, comenz¨® la semana pasada el proceso contra uno de los peores enemigos de Estados Unidos, el saud¨ª Abd al-Rahim al-Nashiri, de 46 a?os, acusado de perpetrar un atentado en 2000 contra el destructor de la Marina USS Cole, anclado en la costa yemen¨ª de Ad¨¦n, causando la muerte de 17 soldados.

Pero precisamente ¨¦se es el esp¨ªritu de toda esta prisi¨®n, en un territorio bajo control estadounidense en el sureste de la isla de Cuba. Bajo un acuerdo firmado en 1903, Washington paga a La Habana 3.000 euros anuales por el uso de la base. La soberan¨ªa es cubana y el uso es estadounidense, en un pacto temporal que es en realidad eterno.

Washington paga a La Habana 3.000 euros anuales por el uso de la base. La soberan¨ªa es cubana y el uso es estadounidense, en un pacto temporal que es en realidad eterno"

Aunque quiso hacerlo, el presidente Barack Obama se ha dado cuenta de que es imposible cerrar a corto o medio plazo la prisi¨®n, por la falta de cooperaci¨®n por parte del Congreso. As¨ª que ha reanudado de forma callada unas comisiones militares que trat¨® de evitar a toda costa cuando lleg¨® al Gobierno en enero de 2009. Su idea era juzgar a los 171 presos en tribunales civiles federales. Aquello qued¨® en un intento.

Este recinto seguir¨¢ habilitado hasta que al-Nashiri, que se ha declarado inocente, vuelva a presentarse ante el juez, en un a?o. Por aqu¨ª seguir¨¢n pasando otros detenidos. Unos 600 presos han sido ya liberados y transferidos a otros pa¨ªses. Cuatro de ellos prestan condena en la c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad en este recinto, despu¨¦s de haber sido declarados culpables en esas comisiones militares. Entre ellos se encuentran Ali al-Bahlul, portavoz de Osama bin Laden, y Salim Handam, su conductor.

Un limbo legal

La c¨¢rcel de m¨¢xima seguridad, de reciente construcci¨®n, recibe el nombre de Camp 5. ¡°Habitualmente Camp 5 se emplea con los detenidos que no cumplen las normas¡±, explica el coronel Donnie Thomas, comandante al cargo de la prisi¨®n. ¡°Se les env¨ªa all¨ª como castigo. Hay otros detenidos que est¨¢n en Camp 5 por decisi¨®n propia, que no quieren compartir su espacio con otros presos. El campo cuenta con celdas individuales, aunque sus ocupantes pueden entrar en contacto con otros detenidos por espacios de entre dos y ocho horas diarias¡±.

Fue la Administraci¨®n de George W. Bush la que cre¨® las comisiones militares. Las ide¨® como un modo de juzgar a presos a los que no consideraba combatientes l¨ªcitos, porque no representaban a un pa¨ªs en guerra. Tampoco los tratar¨ªa como civiles, por su asociaci¨®n con grupos terroristas. No estaban protegidos, ni siquiera, por los Convenios de Ginebra, que amparan el trato digno a los prisioneros de guerra. Eran, seg¨²n la terminolog¨ªa del gobierno de Bush, ¡°combatientes il¨ªcitos¡±. Y como tal se los juzgar¨ªa.

Seg¨²n la Casa Blanca las present¨® en 2001, estas comisiones militares no garantizaban la presunci¨®n de inocencia o la transparencia en el proceso judicial. El Tribunal Supremo oblig¨® pronto a Bush a dar marcha atr¨¢s. La m¨¢xima instancia judicial de EE UU dijo en 2006 que el presidente carec¨ªa de la potestad de crear su propio sistema judicial en miniatura, dise?ado casi exclusivamente para juzgar a aquellos presos que manten¨ªa en Guant¨¢namo. Bush hizo serias modificaciones en el proceso, y Obama ahond¨® m¨¢s en ellas recientemente, d¨¢ndole m¨¢s derechos a los detenidos.

EE UU ha anunciado que quiere juzgar aqu¨ª a unos 25 detenidos. Entre los pr¨®ximos en la lista de las comisiones militares se hallan los cinco acusados de planificar los atentados del 11 de septiembre de 2001, incluido su supuesto ide¨®logo principal, Khaled Sheikh Mohammed. En este momento, el gobierno est¨¢ investigando a los abogados civiles que han solicitado defenderles. Es probable que ¨¦stos le pregunten al juez, cuando llegue la hora, algo que ya dijo aqu¨ª la semana pasada el abogado de al-Nashiri, Richard Kammen: ¡°?Cree, se?or¨ªa, que, si al se?or al-Nashiri se le tortur¨® durante el tiempo que ha estado bajo custodia, eso podr¨ªa ser un mitigante que justifique una pena menor que la de muerte?¡±.

El juez se neg¨® a contestar. ¡°?No cree que al haber torturado al se?or al-Nashiri, EE UU ha prescindido de la autoridad moral para intentar ajusticiarle?¡±, insisti¨® Kammen. Silencio de nuevo. Aqu¨ª, en esta prisi¨®n, la palabra ¡°tortura¡± siempre se recibe con el mismo silencio inc¨®modo.