El veto de Costa Rica a la fecundaci¨®n in vitro llega a la Corte Interamericana

Sin ej¨¦rcito ni presos pol¨ªticos, sin desaparecidos ni pena de muerte, con un historial casi impecable en la protecci¨®n de garant¨ªas ciudadanas, Costa Rica ha construido desde hace d¨¦cadas un palmar¨¦s de lujo para tratar de consolidarse como un campe¨®n de los derechos humanos en Latinoam¨¦rica. Pero esa trayectoria interna y externa en derechos individuales se ha visto alterada por un elemento controvertido: este mi¨¦rcoles el Estado costarricense ha comenzado a ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), m¨¢ximo tribunal de justicia de Am¨¦rica Latina, por ser el ¨²nico pa¨ªs del continente que proh¨ªbe la fecundaci¨®n in vitro.

Costa Rica, que precisamente es sede de la CIDH desde 1979 por su pasado en defensa de las libertades civiles -y porque en 1969 alberg¨® los debates para establecer un pacto americano de derechos humanos-, es ahora acusada por familias costarricenses por impedir que ciudadanos est¨¦riles y sin otras f¨®rmulas asistidas para procrear recurran en este pa¨ªs a la fertilizaci¨®n como alternativa para tener hijos.

¡°Creemos que la Corte fallar¨¢ a favor de levantar la prohibici¨®n¡±, asegur¨® la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Ofelia Taitelbaum, en v¨ªspera del inicio de los dos d¨ªas de audiencia en la CIDH. ¡°Esto se trata de derechos¡±, agreg¨®, al demandar que los legisladores costarricenses acepten promulgar una ley ¡°acorde a nuestros tiempos¡±.

Una resoluci¨®n que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de este pa¨ªs emiti¨® en 2000 prohibi¨® la fecundaci¨®n in vitro, tras considerar que es un mecanismo que violenta los derechos b¨¢sicos de los no-nacidos. En 2010, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, dict¨® una recomendaci¨®n al Estado costarricense para que modificara dicha resoluci¨®n.

Pero tras m¨²ltiples negociaciones legislativas sin ¨¦xito, la presidente de esta naci¨®n, Laura Chinchilla, desisti¨® de la v¨ªa parlamentaria y dej¨® abierto el camino para que la Comisi¨®n y los demandantes costarricenses acudieran a la Corte. Ante el incumplimiento de Costa Rica, la Comisi¨®n elev¨® el caso a la Corte a principios de 2011.

Como m¨¢xima instancia jur¨ªdica de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA), la Corte ha juzgado, desde su entrada en funciones en 1979, a gobiernos famosos por su abultado expediente de represi¨®n pol¨ªtica, atrocidades, matanzas y violaciones a los derechos humanos, como Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia o Venezuela. Costa Rica nunca ha sido parte de ese club.

Muralla religiosa

El caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica fue planteado por varias familias costarricenses en la CIDH para tratar de derribar un muro sostenido por la presi¨®n de facciones religiosas cat¨®licas, influyentes generadores de opini¨®n en medios de prensa, algunos sectores pol¨ªticos y peque?as agrupaciones conservadoras.

Sobre las suposiciones de que entre las fuerzas opuestas al mecanismo in vitro hay organizaciones afines al Opus Dei, uno de los abogados representantes de la parte acusadora, el costarricense Boris Molina, dijo este mi¨¦rcoles a EL PA?S que ¡°no podr¨ªa precisarle claramente quienes son. Lo importante es que quienes sean, ya van a dejar de hacerlo porque en la audiencia tanto los testimonios como los peritajes fueron contundentes¡±.

¡°Ya es intrascendente [decir] quienes son, porque definitivamente se comprob¨® que ellos han construido mitos durante 12 a?os que no se sostuvieron en cuatro horas [de audiencia]. En diciembre van a tener que conformarse con la imposici¨®n de una sentencia que va a ser fulminante¡±, a?adi¨®.

Los opositores al levantamiento de la prohibici¨®n han aducido que el proceso in vitro es un atentado contra la vida humana y los derechos de los-no nacidos, ya que se pierden gran cantidad de ¨®vulos fecundados. El Estado fue representado por la Procuradur¨ªa General.

Taitelbaum, quien se involucr¨® en el juicio sin ser parte pero bajo la figura jur¨ªdica de amiga de la Corte, replic¨® que las nuevas t¨¦cnicas cient¨ªficas permiten fecundar solo uno o dos ¨®vulos y colocarlos en el vientre. El magistrado peruano Diego Garc¨ªa-Say¨¢n, presidente del tribunal, explic¨® que los jueces escuchar¨¢n primero a los demandantes y al Estado costarricense y que ambas partes, en un plazo m¨¢ximo de 30 d¨ªas, deber¨¢n presentar por escrito sus alegatos y aclaraciones finales, por lo que el fallo se espera a m¨¢s tardar para el 6 de diciembre de este a?o.

Para este jueves est¨¢ prevista la fase de conclusiones de los abogados de los demandantes, de la Procuradur¨ªa y de la Comisi¨®n.