La Asamblea Nacional de Ecuador cambia su ley penal en un proceso cuestionado

Ecuador ha dado un paso importante para cambiar su C¨®digo Penal, vigente desde 1938 y que manten¨ªa penas de prisi¨®n para mendigos, vagabundos y hasta para las personas que ofendieran a un cad¨¢ver. El nuevo texto legal, que tiene 730 art¨ªculos y m¨¢s de 130 disposiciones conexas, ha pasado este viernes al Ejecutivo para su veto parcial o total. Detr¨¢s queda una de las tareas legislativas m¨¢s cuestionadas y complejas que ha tenido la Asamblea Nacional, empezando por el tiempo que el proyecto repos¨® en el ¨®rgano legislativo, m¨¢s de dos a?os, y terminando por la injerencia del Ejecutivo en la discusi¨®n.

El tiempo de espera por la ley se atribuye a que hab¨ªa demasiada oposici¨®n en la anterior legislatura. ¡°No exist¨ªan condiciones pol¨ªticas para la aprobaci¨®n, no ten¨ªamos mayor¨ªa y eso hac¨ªa que fuese imposible. A pesar de que los distintos sectores coincid¨ªan en la necesidad de la reforma penal, no facilitaban la posibilidad de debatir y aprobar la reforma¡±, dice el asamble¨ªsta del partido oficialista, Virgilio Hern¨¢ndez, que est¨¢ repitiendo la legislatura. El debate del llamado C¨®digo Integral Penal (COIP) se retom¨® el 10 de octubre pasado, con un feriado en ciernes. Como era de esperar, una jornada no fue suficiente y la discusi¨®n se extendi¨® durante los tres d¨ªas de asueto. Al final de esta maratoniana sesi¨®n, la mayor¨ªa gubernamental aprob¨® el Libro Preliminar, el Libro I (Infracci¨®n Penal) y el Libro II (Procedimiento), y dej¨® para una pr¨®xima sesi¨®n el Libro III (Ejecuci¨®n); y las reformatorias al C¨®digo Org¨¢nico de la Ni?ez y Adolescencia, C¨®digo Org¨¢nico de la Funci¨®n Judicial y dem¨¢s disposiciones generales, modificatorias, reformatorias y transitorias.

Las razones que esgrimieron los asamble¨ªstas del oficialismo para sacrificar sus d¨ªas libres fue que quer¨ªan cumplir con el calendario legislativo, pero realmente ten¨ªan una exigencia marcada por la reuni¨®n plenaria del Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI) que califica a Ecuador como un pa¨ªs no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La cita con el GAFI fue entre el 14 y el 18 de octubre y la delegaci¨®n ecuatoriana, integrada por el Procurador del Estado, el Fiscal General, y la superintedente de Compa?¨ªas, llev¨® hasta Par¨ªs la aprobaci¨®n preliminar de su C¨®digo Penal, pero esto no fue suficiente para el organismo internacional que mantiene a Ecuador en su lista negra.

Ramiro Aguilar, asamble¨ªsta por el partido de oposici¨®n SUMA, reproch¨® en ese momento la presi¨®n que tuvo la Asamblea Nacional para aprobar parte del COIP. ¡°Todo se hizo a marchas forzadas, la comisi¨®n de justicia sac¨® un proyecto que estaba totalmente crudo, mal escrito y forz¨® al pleno de la asamblea a tratarlo en un fin de semana¡±. Virgilio Hern¨¢ndez, legislador del oficialismo, acept¨® las cr¨ªticas y admiti¨® la posibilidad de reconsideraci¨®n que tiene el ¨®rgano legislativo. ¡°No nos sometemos a ninguna presi¨®n internacional, pero al mismo tiempo s¨ª demostramos nuestro compromiso con el combate al crimen organizado, el blanqueo de recurso. Esto no significa que la Asamblea no tenga posibilidad de reconsiderar todos los temas en materia penal¡±.

Los pronunciamientos a favor de la reconsideraci¨®n del COIP sonaron entre octubre y noviembre, al mismo tiempo que se escuchaba la inconformidad de ciertos sectores de las sociedad civil por el excesivo car¨¢cter punitivo de la norma. El gremio de m¨¦dicos fue el que m¨¢s levant¨® la voz por la penalizaci¨®n de la mala pr¨¢ctica profesional que estipulaba penas de c¨¢rcel de entre tres y cinco a?os. El centenar de asamble¨ªstas de Alianza Pa¨ªs llev¨® la discusi¨®n fuera de la Asamblea y durante ocho semanas discuti¨® el texto penal en talleres partidistas a puerta cerrada. Esto tambi¨¦n fue blanco de las cr¨ªticas de la oposici¨®n, que se sinti¨® marginada y cuestion¨® la injerencia del presidente Rafael Correa.

Quiz¨¢s el ejemplo m¨¢s claro de la intromisi¨®n del Ejecutivo fue cuando Correa anunci¨® que por convicci¨®n ¨¦l no apoyaba el aborto y enseguida se vio la reticencia de los asamble¨ªstas de su bloque legislativo a incluir la despenalizaci¨®n del aborto por violaci¨®n, que se hab¨ªa barajado en los primeros debates. Incluso se sancion¨® a dos legisladoras con un mes de suspensi¨®n por haber intentado discutir este tema en el pleno. Por esto Ramiro Aguilar opina que el c¨®digo m¨¢s que un producto t¨¦cnico es "demag¨®gico" y se ha modificado para complacer a diversos sectores, como los m¨¦dicos que consiguieron una reducci¨®n de la pena por la mala pr¨¢ctica profesional, que ir¨ªa de uno a tres a?os. De cualquier manera el texto final, que el Ejecutivo debe analizar durante los pr¨®ximos 30 d¨ªas, incluye nuevas conductas penalmente relevantes como los delitos contra la humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos, y el femicidio, y tiene un ¨¦nfasis punitivo con acumulaci¨®n de penas de hasta 40 a?os de c¨¢rcel.