EE UU insiste en que los grupos religiosos no pueden negar anticonceptivos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechaz¨® este viernes la decisi¨®n de la juez del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor, que eximi¨® a una organizaci¨®n religiosa de cumplir con su obligaci¨®n de proporcionar un seguro m¨¦dico a sus empleadas que incluya anticonceptivos. La decisi¨®n judicial, anunciada en las ¨²ltimas horas del 31 de diciembre, abre un nuevo frente para la Administraci¨®n Obama y la aplicaci¨®n de la reforma sanitaria.

Decenas de grupos religiosos y empresas afiliadas han demandado al Gobierno federal por lo que consideran una violaci¨®n de sus derechos. La nueva ley de salud exige a todas las compa?¨ªas que proporcionen este tipo de p¨®lizas m¨¦dicas. En el caso de algunas organizaciones religiosas, ¨¦stas pueden delegar esa responsabilidad en la compa?¨ªa aseguradora, una concesi¨®n que realiz¨® la Casa Blanca hace dos a?os para aliviar la tensi¨®n que caus¨® esta medida.

¡°Con una simple firma, los solicitantes pueden asegurarse el alivio que quieren obtener del Tribunal Supremo, quedar exentos de cumplir con el requisito de cubrir el gasto de anticonceptivos¡±, respondi¨® este viernes el abogado general del Estado, Donald Verrilli. El Departamento de Justicia solicit¨® adem¨¢s que se niegue la exenci¨®n aprobada el pasado martes por Sotomayor para la organizaci¨®n Little Sisters of the Poor, el grupo de monjas que dirige una residencia de ancianos en Denver.

La magistrada actu¨® el d¨ªa 31 de diciembre con car¨¢cter de urgencia, ya que el mandato entraba en vigor con la llegada de 2014. El Gobierno contaba con un plazo de tres d¨ªas para presentar su reacci¨®n y, como en todas las ocasiones en las que se ha pronunciado sobre este mandato, ha vuelto a defender que es legal y necesaria para garantizar la salud de las mujeres.

¡°El Gobierno exige a Little Sisters of the Poor que firmen un permiso para obtener medicamentos abortivos y anticonceptivos o pagar millones de d¨®lares en multas¡±, afirm¨® este viernes Mark Rienzi, abogado del Becket Fund for Religious Liberty, que asesora a ¨¦ste y otros grupos que han demandado a la Administraci¨®n Obama. ¡°Las Hermanas creen que hacer esto viola su fe y que no se les deber¨ªa obligar a desviar fondos destinados a los mayores, los pobres y aquellos a los que han dedicado su servicio¡±.

La reforma sanitaria aprobada en 2010 establece el pago de una multa para aquellas empresas que no proporcionen un seguro m¨¦dico a sus empleados de acuerdo con la legislaci¨®n. En el caso de no proveer p¨®lizas a sus empleadas que cubran los costes de anticonceptivos -aunque estos sean recetados por motivos de salud- las empresas se enfrentan a pagos de hasta 100 d¨®lares por empleado y por d¨ªa, seg¨²n la estimaci¨®n del grupo de abogados del Becket Fund.

A la hora de cumplir con este mandato, la legislaci¨®n distingue entre empresas privadas -obligadas a cumplir con ¨¦l-, organizaciones religiosas -que pueden delegar el mandato en las aseguradoras- y ONGs afiliadas a grupos religiosos. La organizaci¨®n de Denver cae en esta tercera categor¨ªa y considera que la posibilidad de delegar tal obligaci¨®n no es suficiente.

¡°Lamentablemente, el Gobierno ha comenzado el a?o de la misma manera que termin¨® el anterior: intentando intimidar a las monjas para que violen sus creencias religiosas¡±, a?adi¨® Rienzi. ¡°Todo esto es triste e innecesario. Nuestro gobierno tiene poder. Obviamente es capaz de encontrar maneras de distribuir anticonceptivos y p¨ªldoras abortivas sin involucrar a las monjas¡±.

El Tribunal Supremo accedi¨® en noviembre a estudiar dos casos similares presentados por dos empresas privadas que consideran que el mandato viola los derechos religiosos de sus propietarios. La Corte escuchar¨¢ los argumentos en la primavera y se pronunciar¨¢ al respecto el pr¨®ximo mes de junio.