El caricaturista Bonil, primer se?alado por la Ley de Comunicaci¨®n de Ecuador
El dibujante, llamado a rendir cuentas por una caricatura sobre el allanamiento de la vivienda del periodista Villavicencio
La Ley de Comunicaci¨®n en Ecuador, que seg¨²n la organizaci¨®n Human Rights Watch ¡°cercena la libertad de prensa¡±, ha empezado a aplicarse siete meses despu¨¦s de su aprobaci¨®n. El caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) ha sido el primer profesional llamado a rendir cuentas de su trabajo en la Superintendencia de Informaci¨®n y Comunicaci¨®n. Un informe interno de esta entidad se?ala que Bonil tergiversa la verdad y apoya la agitaci¨®n social con la caricatura que public¨® en el diario El Universo el pasado 28 de diciembre, en torno al allanamiento del piso de Fernando Villavicencio, periodista y asesor de un asamble¨ªsta de la oposici¨®n.
La caricatura, junto a la leyenda: ¡°Polic¨ªa y Fiscal¨ªa allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentaci¨®n de denuncias de corrupci¨®n¡±, usaba el gancho de la Navidad para narrar lo que pas¨® la noche del 26 y la madrugada del 27 de diciembre, tal y como lo narraron los afectados y varios medios de comunicaci¨®n.
En los tres meses que lleva operando, la Superintendencia de la Informaci¨®n ha procesado 52 casos, de los que 20 han sido resueltos. El titular de esta entidad, Carlos Ochoa, no ha dado mayor informaci¨®n al respecto, lo poco que se sabe es gracias a una entrevista que dio a la Agencia Estatal de Noticias Andes. ¡°Ning¨²n caso es analizado en p¨²blico, sino que se notifica a las partes y despu¨¦s de un proceso legal se determina si existe violaci¨®n o no a la ley¡±, dice Ochoa a la agencia de noticias.
El caso de Bonil trascendi¨® por la menci¨®n que hiciera el presidente Rafael Correa, en su informe de actividades del pasado 4 de enero. En el espacio La canallada de la semana tach¨® a Xavier Bonilla de "sicario de tinta y enfermo¡± y amenaz¨® con aplicar la Ley de Comunicaci¨®n. ¡°Presentaremos la queja, ahora ya tenemos una Ley de Comunicaci¨®n que nos defiende. Por m¨¢s que se disfracen de caricaturistas jocosos para destilar su odio¡±.
El primer d¨ªa laborable despu¨¦s de que Correa hiciera estas declaraciones, el Superintendente de la Informaci¨®n y Comunicaci¨®n, Carlos Ochoa, solicit¨® al diario El Universo copias de la caricatura y la identidad del autor de la misma y a partir de aquello, el caricaturista y su abogado han hecho p¨²blico todo el proceso. El pasado martes respondieron a la Superintendencia con un escrito de siete p¨¢ginas en las que se explica desde varias ¨®pticas lo que es una caricatura. ¡°Su sustrato y en su esencia radica en la exageraci¨®n y humorizaci¨®n de la realidad (...) es una opini¨®n humor¨ªstica gr¨¢fica, por tanto sujeta a la perspectiva tanto de quien la realiza, como de quien la observa¡±, reza el texto. El caricaturista adem¨¢s cita todos los reportes de prensa de d¨®nde recogi¨® la informaci¨®n para hacer su caricatura.
El abogado de Bonil explica que lo siguiente ser¨¢ una audiencia en la que las partes presentar¨¢n sus pruebas, evidencias y documentos pertinentes al caso. La Superintendencia tiene cinco d¨ªas para hacer esta convocatoria y luego dispone de dos d¨ªas para emitir la sanci¨®n o el archivo de la causa, todo esto est¨¢ explicado en el nov¨ªsimo reglamento de la Ley de Comunicaci¨®n, que el Presidente Rafael Correa expidi¨® al inicio de esta semana y que puntualiza algunos puntos que no estaban claros en la Ley de Comunicaci¨®n que fue aprobada en junio del a?o pasado.
El reglamento, que contiene 89 art¨ªculos y cuatro disposiciones transitorias, va m¨¢s all¨¢ de la Ley de Comunicaci¨®n en su af¨¢n de controlar los contenidos. A C¨¦sar Ricaurte, director de la Fundaci¨®n Andina para la Observaci¨®n y Estudio de Medios (Fundamedios), le preocupa el control de medios de comunicaci¨®n por Internet, que no estaba estipulado en la ley y que ahora aparece en el reglamento. ¡°Hay una especie de esquizofrenia legal porque aparentemente se garantizan los derechos, pero en el art¨ªculo siguiente se limitan. En el art. 2 del reglamento se excluye del control a los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jur¨ªdicas en sus blogs, redes sociales y p¨¢ginas web personales, corporativas o institucionales, pero en el art. 3 se dice que cualquier medio por Internet ser¨¢ sometido a la ley, entonces s¨ª est¨¢n sometiendo a control los contenidos en Internet¡±.
Ricaurte y su equipo de trabajo llevan desde 2008 una bit¨¢cora de las restricciones a la libertad de prensa. Solo en el a?o pasado reportaron 174 agresiones contra periodistas y medios de comunicaci¨®n. ¡°La mayor¨ªa de agresiones son protagonizadas por funcionarios del Estado y por acciones abusivas del poder estatal, el principal agresor es el mismo presidente Rafael Correa. El 13% de todas las agresiones las protagoniz¨® ¨¦l¡±, se?ala Ricaurte. ¡°El presidente mantiene un constante y sistem¨¢tico discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicaci¨®n. Ha calificado con los m¨¢s duros ajdetivos a los periodistas, en su programa sabatino los identifica con sus nombres y apellidos y exhibe sus fotograf¨ªas. Eso lo hace cuando no le ha gustado alguna cr¨ªtica o alguna columna de opini¨®n¡±.
A esto se suman los enjuiciamientos a medios de comunicaci¨®n, periodistas y editorialistas. Fundamedios ha contabilizado 42 juicios desde 2008 y cada vez hay m¨¢s casos que intentan imitar al juicio que llev¨® Rafael Correa contra el diario El Universo y en que pidi¨® 40 millones de d¨®lares por da?os y perjuicios. El a?o pasado, una exjueza denunci¨® por injurias a un medio de la provincia fronteriza de Esmeraldas y pidi¨® 30 millones de d¨®lares como indemnizaci¨®n. ¡°El presidente cuando enjuici¨® a El Universo ped¨ªa a los ciudadanos que enjuiciaran a medios y a periodistas y efectivamente hay un incremento del uso de la justicia para callar a los periodistas¡±, cuenta Ricaurte.
Correa tambi¨¦n ha arremetido contra medios de comunicaci¨®n internacionales. En octubre acus¨® de parcialidad a la revista The Economist, por un art¨ªculo que public¨® sobre las operaciones de Texaco-Chevron e inici¨® una campa?a de desprestigio a trav¨¦s de Twitter. Este a?o ha hecho lo mismo con la revista Newsweek y el diario Miami Herald. La revista cuestion¨® el papel del Estado en la masacre de los pueblos no contactados y el diario se hizo eco del allanamiento a la casa y despacho del asamble¨ªsta de oposici¨®n, Cl¨¦ver Jimenez, y a la casa de su asesor, Fernando Villavicencio. Un tema que se ha vuelto intocable para el Gobierno.
Human Rights Watch, en su informe sobre el continente hecho p¨²blico esta semana, coincide en gran parte con Fundamedios. De la Ley de Comunicaci¨®n, la ONG asegura que ¡°con disposiciones poco precisas, regula los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa¡±. La organizaci¨®n alerta de c¨®mo la norma ¡°abre la puerta a la censura, en tanto otorga al Gobierno o los jueces la potestad de decidir si la informaci¨®n es veraz¡±.
El Diario EL PA?S tambi¨¦n ha sido el blanco de los ataques del Gobierno ecuatoriano. Durante esta jornada se ha descalificado a este medio por publicar una entrevista con Fernando Villavicencio, que ahora se encuentra en Washington barajando la posibilidad de pedir asilo. El argumento principal Gobierno ecuatoriano es que los grandes grupos medi¨¢ticos est¨¢n en contra de los gobiernos progresistas.
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