Avances ¨ªnfimos en la tercera jornada de di¨¢logo entre Gobierno y oposici¨®n

El di¨¢logo iniciado hace un mes en Venezuela entre Gobierno y oposici¨®n empieza a perder fuelle. Este martes se celebr¨® la tercera sesi¨®n de conversaciones, con la presencia como testigos de los cancilleres de Brasil y Colombia, as¨ª como del Nuncio Apost¨®lico. El lugar de la reuni¨®n ya daba pistas sobre qui¨¦n va perdiendo la cita, puesto que el encuentro tuvo lugar por la tarde en la sede de la Vicepresidencia de la Rep¨²blica, en pleno centro de Caracas. Por si el desaire luciera poco, esta vez el presidente Nicol¨¢s Maduro ni siquiera form¨® parte de la reuni¨®n.

M¨¢s all¨¢ de los simbolismos, la credibilidad del di¨¢logo se juega en los resultados que produzca y el plazo en que los rinda. Ram¨®n Guillermo Aveledo, Secretario Ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democr¨¢tica (MUD) y uno de los participantes en la reuni¨®n, se declar¨® a la salida consciente de la urgencia de alcanzar algunos acuerdos que legitimen a tiempo ese c¨®nclave por el que pocos venezolanos apuestan. ¡°En la reuni¨®n de hoy hemos coincidido ambas partes en la necesidad de generar resultados¡±, dijo, tratando de ganar indulgencias para un proceso que, quiz¨¢s, sea la ¨²ltima oportunidad para la paz pol¨ªtica en Venezuela. ¡°Los di¨¢logos, que son caminos leg¨ªtimos y de democracia entre gente que tiene opiniones divergentes, son ¨²tiles en la medida en que se generen resultados¡±.

Sin embargo, tanto Aveledo como Jorge Arreaza, vicepresidente venezolano - quienes hicieron de portavoces de los dos bandos al final de la jornada - apenas pudieron mostrar unos magros resultados. Se convino crear grupos paritarios de trabajo, que se constituir¨¢n el viernes, para tratar la conformaci¨®n de una Comisi¨®n de la Verdad que investigue los hechos de violencia de los ¨²ltimos dos meses. Tambi¨¦n ser¨¢n encargados de estudiar la posible promulgaci¨®n de una Ley de Amnist¨ªa que beneficie a los presos pol¨ªticos. Los representantes opositores reclaman su liberaci¨®n mientras el Gobierno juega con las palabras, aclarando que en Venezuela no hay presos pol¨ªticos sino ¡°pol¨ªticos presos¡± bajo cargos distintos a los de conciencia.

En la reuni¨®n de hoy hemos coincidido ambas partes en la necesidad de generar resultados¡± Ram¨®n Guillermo Aveledo

Otro acuerdo anunciado como producto de la reuni¨®n de este jueves pone de relieve, adem¨¢s, los niveles de desconfianza y polarizaci¨®n que reinan en Venezuela. Ambas partes pactaron la creaci¨®n de una comisi¨®n m¨¦dica que constate el estado de salud del comisario Iv¨¢n Simonovis, preso desde hace casi diez a?os. Simonovis era la principal autoridad de la Polic¨ªa Metropolitana de Caracas en abril de 2002, cuando le toc¨® atender los des¨®rdenes p¨²blicos que produjeron la muerte de 19 personas cerca del Palacio presidencial de Miraflores. Entonces tuvo lugar el pronunciamiento militar que desaloj¨® por 47 horas del poder al entonces presidente Hugo Ch¨¢vez. La justicia venezolana carg¨® a Simonovis y algunos agentes policiales con la responsabilidad de esos hechos. Al final de un juicio largo y accidentado, el comisario recibi¨® una condena de 30 a?os de prisi¨®n, la m¨¢xima pena en Venezuela.

El deterioro de la salud de Simonovis y la certeza de que sirvi¨® de chivo expiatorio para el ajuste de cuentas oficialista tras los hechos de abril de 2002 lo convirtieron en una causa c¨¦lebre de la oposici¨®n. Ahora, los representantes del Gobierno y de la MUD han aceptado crear una comisi¨®n que verifique las condiciones del prisionero pero, eso s¨ª, integrada por dos doctores que las partes designar¨¢n y un tercer experto ¡°neutral¡±.

A¨²n si los anuncios apenas pueden satisfacer las expectativas generadas por el di¨¢logo, estos acuerdos m¨ªnimos corren el riesgo de no poder implementarse. Por ejemplo, los medios de informaci¨®n y propaganda del Estado dieron amplia cobertura a las declaraciones que ofrecieron los representantes de las asociaciones chavistas de v¨ªctimas de abril de 2002, a la salida de la reuni¨®n. Estos grupos participan en los di¨¢logos con la venia de los delegados opositores y a solicitud del Gobierno, que no ceja en su empe?o por imponer una versi¨®n ¨²nica de esos sucesos.

Los voceros de esas agrupaciones de v¨ªctimas fueron tajantes en su negativa a permitir una liberaci¨®n de Simonovis y a tolerar una Ley de Amnist¨ªa. ¡°Nosotros no somos Dios y no damos perd¨®n¡±, dijo Edgar Tortosa en nombre de la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002. ¡°No creemos en ninguna Ley de Amnist¨ªa y se lo dijimos a todos¡±.

En un evento posterior, se pronunci¨® el presidente Nicol¨¢s Maduro: ¡°La oposici¨®n pretende que se libere, no se sabe por qu¨¦ v¨ªa, al que dirigi¨® la matanza del 11 de abril de 2002¡±. Frente a tales posiciones, Arreaza y Aveledo se contentaron en consignar que las dos partes coinciden en el deseo de evitar la repetici¨®n de eventos como los de abril de 2002.

Mientras la mesa de di¨¢logo registra avances ¨ªnfimos y el Gobierno se esmera en ganar tiempo para extinguir las protestas, la situaci¨®n en las calles generaba simult¨¢neamente otras se?ales poco auspiciosas para el proceso.

En M¨¦rida - importante ciudad universitaria de los Andes venezolanos - se registraron fuertes enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y colectivos armados del oficialismo contra manifestantes de oposici¨®n. Contingentes militares de refuerzo segu¨ªan llegando a esa capital del suroeste del pa¨ªs. En Caracas se reportaron disturbios y cierres de calles en las zonas de El Cafetal y Prados del Este, ambas en el municipio Baruta del ¨¢rea metropolitana.

Quiz¨¢s el frente de combate m¨¢s importante de la jornada fue, sin embargo, el judicial. En una decisi¨®n sin precedentes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determin¨® que el derecho de manifestaci¨®n pac¨ªfica no es absoluto. El fallo corresponde a una interpretaci¨®n del art¨ªculo 68 de la Constituci¨®n vigente. Sus implicaciones ponen en entredicho el ejercicio real de ese derecho y, en los hechos, suponen una herramienta eficaz para que el Gobierno impida a discreci¨®n las concentraciones p¨²blicas. De acuerdo al veredicto, toda manifestaci¨®n debe contar con el permiso expl¨ªcito y previo de las autoridades locales.

La decisi¨®n se da a conocer justo en la v¨ªspera de la en¨¦sima ocasi¨®n en la que el movimiento estudiantil intentar¨¢ marchar por territorio del municipio Libertador de Caracas, cant¨®n en el que se concentran los sitios hist¨®ricos y edificios gubernamentales de la capital venezolana. Tanto el presidente Maduro como el alcalde local, Jorge Rodr¨ªguez ¨C antiguo vicepresidente de la Rep¨²blica con Hugo Ch¨¢vez- han jurado que ninguna manifestaci¨®n opositora alcanzar¨¢ el municipio, y han mantenido la promesa con cargas de perdigones y gases lacrim¨®genos. El movimiento estudiantil ha anunciado que este viernes al mediod¨ªa marchar¨¢ desde la sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para tratar de alcanzar el centro de Caracas.