Costa Rica reconoce que el narco se ha inflitrado en su sistema judicial

Las autoridades judiciales de Costa Rica han tenido que enfrentarse a un panorama que cre¨ªan que les era ajeno: la sospecha de que una juez de la provincia caribe?a de Lim¨®n cobr¨® casi 40.000 d¨®lares de un narcotraficante para dejarle libre. La implicada ha sido detenida. Y las instituciones judiciales de este pa¨ªs, que hasta ahora se cre¨ªan fuertes ¨C han visto c¨®mo se evidenciaba que el crimen organizado se ha colado en el Poder Judicial y c¨®mo ya ha llegado a gobiernos locales y polic¨ªas.

La Corte Plena del Poder Judicial, el m¨¢ximo ¨®rgano de una estructura que se considera a¨²n sana en t¨¦rminos generales, ha activado la alerta. Para enfrentarse a la situaci¨®n ha convocado una sesi¨®n extraordinaria que tiene como fin abrir una investigaci¨®n que diagnostique si el caso de la juez limonense es un incidente aislado o la prueba de una corrupci¨®n enraizada en el sistema, algo que ahora prefieren descartar.

El narcotr¨¢fico ha empezado a filtrarse, pero no ha tomado al Poder Judicial; son casos aislados¡± Fiscal general de Costa Rica

¡°En una dimensi¨®n que todav¨ªa se puede afrontar, el narcotr¨¢fico est¨¢ penetrando en el Poder Judicial¡±, dijo a la prensa local el magistrado Paul Rueda, uno de los 22 miembros de la Corte Plena. El objetivo es tener en 30 d¨ªas un informe ¨²til para plantear reformas que ahuyenten al crimen organizado, en especial al narcotr¨¢fico que suele cruzar por este pa¨ªs centroamericano en su ruta desde el sur hacia Norteam¨¦rica.

¡°El narcotr¨¢fico ha empezado a filtrarse, pero no ha tomado al Poder Judicial; son casos aislados¡±, ha advertido el fiscal general de la Rep¨²blica, Jorge Chavarr¨ªa. El jurista ha propuesto algunas medidas que podr¨ªan impulsarse seg¨²n los resultados del diagn¨®stico. Supuestamente, el impacto del crimen organizado en Costa Rica es menor que en el resto de pa¨ªses de la regi¨®n.

El presidente de la Rep¨²blica, Luis Guillermo Sol¨ªs, aplaudi¨® la semana pasada la investigaci¨®n que han planteado los magistrados. ¡°No hay ¨¢mbito alguno que est¨¦ exento de la posible intervenci¨®n del crimen organizado y del narcotr¨¢fico. Tenemos la obligaci¨®n de que esos flagelos no terminen degradando las instituciones fundamentales para la conducci¨®n de la Rep¨²blica¡±, ha contestado Sol¨ªs. El reci¨¦n estrenado presidente ha prometido dar continuidad a las pol¨ªticas de seguridad de su antecesora, Laura Chinchilla, que logr¨® atenuar la preocupaci¨®n popular sobre el crimen.

Algunas de las posibles soluciones planteadas por los magistrados pasan por crear jueces especializados en organizaciones criminales, hacer revisiones peri¨®dicas de los funcionarios, aumentar las rotaciones de sus cargos y extremar sus nombramientos. Mientras, en la prensa local circula la fotograf¨ªa de la juez capturada, con la cabeza cubierta por un abrigo que le facilitaron los polic¨ªas judiciales. Para algunas autoridades, su detenci¨®n es la prueba de que funcionan los controles; para otros, el ejemplo de que la mano criminal de las organizaciones super¨® ya esos controles.

En los ¨²ltimos cinco a?os se han conocido varios casos de funcionarios judiciales que alteraban pruebas en juicios contra miembros de bandas narcotraficantes de M¨¦xico y de Colombia. Fueron detectados en San Jos¨¦ y en la zona sur del pa¨ªs, una de las regiones m¨¢s golpeadas por los grupos criminales.

La juez 40.000 d¨®lares a un hombre acusado de traficar con coca¨ªna para que quedara en libertad antes de su juicio

La juez capturada la semana pasada habr¨ªa cobrado 20 millones de colones (40.000 d¨®lares) a un hombre acusado de traficar con coca¨ªna para que quedara en libertad antes de su juicio, pero el sospechoso huy¨® del pa¨ªs. El detenido era uno de los narcotraficantes m¨¢s reconocidos de Lim¨®n, seg¨²n las pesquisas. La juez, de 62 a?os, estaba a punto de jubilarse. La provincia caribe?a es el principal territorio de disputa de bandas criminales ligadas al tr¨¢fico de drogas. La cercan¨ªa con la porosa frontera sur (con Panam¨¢) y con el mar Caribe, adem¨¢s de las condiciones de bajo desarrollo social - a pesar del empuje de la industria tur¨ªstica ¨C convierte la zona en un lugar anhelado por el narco.

La tasa de homicidios en la provincia ronda los 18 por cada 100.000 habitantes, casi el doble del indicador nacional. Muchos de estos asesinatos son producto de venganzas entre grupos que se disputan territorios, rutas o alijos de coca¨ªna. Esos mismos grupos pretenden infiltrase en las polic¨ªas y el aparato judicial, ha explicado a este diario el ministro de Seguridad, Celso Gamboa, quien se ha desempe?ado como fiscal judicial en la provincia. ¡°Hemos dejado espacios sociales que el crimen organizado aprovecha. Una vez que entra, intenta hacerlo tambi¨¦n a las instituciones que le garanticen su permanencia o crecimiento¡±, ha explicado Gamboa sobre la provincia.

¡°No es la primera vez que se detiene a un juez, a un fiscal o a un polic¨ªa. Tenemos la capacidad para detectar estos casos, pero necesitamos sentencias condenatorias que impacten en las redes criminales y que inhiban a cualquier funcionario de ser c¨®mplice de ellas¡±. Las autoridades costarricenses no admiten la posibilidad de que el pa¨ªs pueda caer en los niveles de corrupci¨®n de Honduras u otros pa¨ªses de Centroam¨¦rica.