La justicia se enreda en Ecuador

Con las dictaduras militares camino del olvido en la mayor parte de Am¨¦rica Latina, el final de la primera d¨¦cada del siglo XXI trajo nuevos dirigentes, especialmente en Sudam¨¦rica, que aprobaron constituciones que incorporaban cambios sustanciales en materia de justicia. Ecuador, con Rafael Correa al mando desde 2007, fue uno de esos pa¨ªses que iniciaba las reformas judiciales. La expectativa era m¨¢xima, ya que de ello depender¨ªa la fortaleza de las instituciones judiciales. Los cambios, sin embargo, no han supuesto una mayor independencia.

Al contrario, tal y como advierte un informe de la Fundaci¨®n para el Debido Proceso (DPLF), presentado ayer en Washington, las injerencias del poder ejecutivo sobre el judicial en Ecuador se han sucedido en los ¨²ltimos a?os, lo que podr¨ªa tener ¡°consecuencias negativas para la carrera judicial y para la protecci¨®n de derechos humanos¡±, seg¨²n el texto.

¡°Existe en Ecuador una utilizaci¨®n pol¨ªtica de la justicia que compromete seriamente la independencia judicial en aquellos casos en los que est¨¢ de por medio el inter¨¦s gubernamental¡±, se?ala el informe, elaborado a partir de entrevistas realizadas en Ecuador en septiembre del a?o pasado, y complementado con abundante documentaci¨®n. El texto examina 12 casos de relevancia social y el papel que han jugado tanto los tribunales como las autoridades.

La debilidad del sistema judicial que se encontr¨® Correa en 2007 trat¨® de enmendarse con la Constituci¨®n que implant¨® un a?o despu¨¦s. El nuevo texto conced¨ªa a los magistrados la ¨²ltima palabra sobre la efectividad de los derechos de los ciudadanos, algo que qued¨® eclipsado en buena medida con la consulta popular de mayo de 2011. A trav¨¦s de una modificaci¨®n constitucional, recuerda el informe, remodel¨® el Consejo de la Judicatura ¡°para darle un perfil claramente pol¨ªtico¡±. ¡°El papel de la judicatura empez¨® a seguir un patr¨®n: no ir en sentido contrario a los intereses del poder Ejecutivo¡±, se?ala Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF, una organizaci¨®n colaboradora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lleva 20 a?os trabajando en estudios sobre independencia judicial.

Luis P¨¢sara, autor del informe, asegura que la independencia judicial ¡°no es solo un problema de Ecuador¡±, pero cuenta con un componente que agrava la situaci¨®n: ¡°Hay pruebas que lo han hecho todo mucho m¨¢s evidente y menos disimulado que en otros pa¨ªses. En este caso, estamos hablando de un aparato que funciona para conseguir lo que el Gobierno busca¡±,

Las constantes injerencias de Correa en materia judicial es algo que tambi¨¦n preocupa a Salazar: ¡°No hay m¨¢s ambiente de terror que ver a quien dirige el pa¨ªs opinando de lo que dicen los jueces. Las declaraciones de las autoridades, incluyendo al presidente, sobre sentencias judiciales, supone una interferencia muy fuerte¡±, concluye.