Chile debate sobre la vigencia de su Ley Antiterrorista

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que conden¨® al Estado chileno por aplicar la Ley Antiterrorista contra siete mapuches y una activista, encuentra a Chile en un debate intenso sobre la reforma de esta norma nacida en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El Gobierno de la socialista Michelle Bachelet ha garantizado que cumplir¨¢ la sentencia de la corte, que ordena anular las condenas y una indemnizaci¨®n de 50.000 d¨®lares a cada uno de los implicados. El Ejecutivo ha aprovechado la publicaci¨®n del fallo para reiterar la postura que tiene sobre su aplicaci¨®n y sus eventuales transformaciones para adecuarla a la legislaci¨®n internacional: ¡°La Ley Antiterrorista ha sido totalmente in¨²til desde el punto de vista de lo que se persegu¨ªa con ella. Por eso hemos dicho tan fehaciente y claramente que aplicarla a veces no es la soluci¨®n del problema", ha dicho el ministro de Justicia, Jos¨¦ Antonio G¨®mez.

Los ocho chilenos a los que se refiere la sentencia de la CIDH fueron procesados por hechos ocurridos entre 2001 y 2002 en las regiones del Biob¨ªo y La Araucan¨ªa, en el sur de Chile, donde est¨¢ vivo el conflicto ind¨ªgena por la posesi¨®n de tierras que reclaman los pueblos originarios. Recibieron condenas que van desde los cinco a los 10 a?os de prisi¨®n por delitos como amenaza de incendio terrorista, incendio terrorista y conducta terrorista. De acuerdo al fallo, Chile viol¨® el principio de legalidad y el derecho de presunci¨®n de inocencia, el principio de igualdad y no discriminaci¨®n y, entre otros asuntos, el derecho a igual protecci¨®n de la ley de las v¨ªctimas. La corte, adem¨¢s, se?ala que los tribunales chilenos no pueden basarse en testigos protegidos ¨Cque no revelaron su identidad¨C como pruebas esenciales para una sentencia. Esta situaci¨®n se hab¨ªa producido, seg¨²n la CIDH, en el menos dos de los ocho casos analizados.

La demanda contra el Estado ingres¨® a la CIDH en 2003. Actualmente, cinco e los beneficiados est¨¢n libres con sus condenas cumplidas, uno de ellos falleci¨® y dos permanecen bajo libertad vigilada o condicional, medidas que el Estado deber¨¢ suspender. El ¨®rgano aut¨®nomo de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) tambi¨¦n determin¨® que Chile debe brindar un tratamiento m¨¦dico y psiqui¨¢trico inmediato y gratuito a las v¨ªctimas. Adem¨¢s, conceder becas de estudios a sus hijos. ¡°Lamentablemente la Ley Antiterrorista se sigue ocupando, se sigue haciendo da?o y persiguiendo a los mapuches. Espero que quede un precedente en la historia¡±, se?al¨® a La Tercera Aniceto Nor¨ªn, l¨ªder ¨Clonco- de la comunidad ind¨ªgena de Pantano.

El Gobierno de Bachelet ha encargado a una comisi¨®n de expertos constitucionalistas y penalistas que proponga un conjunto de medidas para modificar la Ley Antiterrorista, una disposici¨®n dictada en 1984 que castiga con penas altas algunos homicidios, secuestros, incendios y detonaci¨®n de artefactos explosivos. Las medidas que ser¨¢n entregadas al Ejecutivo en las pr¨®ximas semanas pretenden actualizar el sistema legislativo chileno y adecuarlo al contexto internacional, como en reiteradas ocasiones lo ha solicitado Nacional Unidas al Estado chileno. El abogado Juan Pablo Hermosilla, que lidera el equipo de trabajo, ha se?alado que ¡°Chile est¨¢ obligado, desde el punto de vista del derecho internacional, a tener legislaci¨®n (antiterrorista)¡±. ¡°Pero no debe ocurrir lo que, con toda raz¨®n, se?al¨® el informe de la ONU en marzo pasado: que la aplicaci¨®n de la Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche no s¨®lo no ayuda, sino que agrava el problema¡±, indic¨® el jurista a CNN Chile.

El conflicto ind¨ªgena en el sur de Chile se remonta a unos 140 a?os atr¨¢s, cuando ¡°el Estado arrebat¨® tierras que empobrecieron a las comunidades¡±, seg¨²n ha explicado el historiador Jorge Pinto Rodr¨ªguez, especialista en el conflicto mapuche y Premio Nacional 2012. En las ¨²ltimas d¨¦cadas, sin embargo, el problema se agudiz¨® por la llegada de terratenientes extranjeros y la instalaci¨®n de trasnacionales que no lograron generar puestos de trabajo en una regi¨®n que, de acuerdo al acad¨¦mico, ¡°no ha podido levantarse¡±. Pese a que desde 1994 el Estado ha entregado cerca de 500 hect¨¢reas a las comunidades, la violencia no ha cesado en la zona: peque?os grupos radicales han incrementado sus acciones para lograr que los actuales due?os de los predios vendan al Estado y, de esa forma, los terrenos se devuelvan a las comunidades ind¨ªgenas.

El intendente de la Araucan¨ªa, Francisco Huenchumilla, est¨¢ abocado a conseguir la paz social en la zona. Pero para ello, ha explicado, es necesario una pol¨ªtica de tierras clara y ¨®ptima y, adem¨¢s, disminuir la pobreza dura que afecta a la regi¨®n. El pasado 12 de marzo, cuando asumi¨® el cargo de jefe del Gobierno en la zona, ley¨® un documento en el que pidi¨® perd¨®n al pueblo mapuche por ¡°el despojo que el Estado de Chile le hizo de sus tierras¡± y a los colonos ¡°venidos de lejos (¡­), porque el Estado los trajo al lugar inadecuado, en un momento inoportuno¡±.