Cuando la modernizaci¨®n se top¨® con la bestialidad en M¨¦xico

Hace solo un par de semanas, la escena pol¨ªtica mexicana era ocupada por las grandes reformas y el anuncio de importantes proyectos de infraestructura por parte del presidente Enrique Pe?a Nieto (EPN). El silencio sobre la violencia y el narcotr¨¢fico, como estrategia comunicacional, parec¨ªa arrojar resultados. Funcionarios del gobierno hab¨ªan aprendido el libreto de que la guerra contra las drogas y los m¨¢s de 60.000 muertes eran parte del pasado. Se hablaba del narco solo para mostrar importantes capturas, mientras que la tr¨¢gica penetraci¨®n del crimen organizado en los territorios segu¨ªa su curso silenciosamente.

Pero dos hechos le estallaron de frente al gobierno y al pa¨ªs. Primero fue Tlatlaya (Estado de M¨¦xico), donde 22 personas murieron en un enfrentamiento con el Ej¨¦rcito mexicano. Las investigaciones posteriores revelaron que la escena del crimen hab¨ªa sido alterada y que casi todos los muertos hab¨ªan sido ejecutados por la fuerzas militares. Luego fue Iguala (Guerrero), donde una macabra alianza entre la autoridad local, la polic¨ªa municipal y grupos criminales fue la responsable del homicidio de seis personas y la desaparici¨®n de 43 estudiantes de magisterio que se dispon¨ªan a protestar contra el Alcalde de esta localidad.

La bestialidad puso al gobierno de EPN en una dif¨ªcil situaci¨®n, con una compleja crisis de corrupci¨®n, impunidad, violencia y barbarie. Desde entonces la incertidumbre ha sido la regla. La pregunta que surge es si la impunidad y las evasivas ser¨¢n otra vez las respuestas del Estado, o si habr¨¢ algo nuevo que permita superar una situaci¨®n que ha horrorizado a los mexicanos.

La respuesta inicial del gobierno a lo ocurrido de Tlatlaya despert¨® los fantasmas del pasado. En un principio la administraci¨®n de EPN trat¨® de ignorar y encubrir el incidente; para algunos, el PRI volv¨ªa a los simulacros. Sin embargo, luego de que una revista public¨® lo ocurrido, el Ej¨¦rcito investig¨® y detuvo a un oficial y siete soldados. Este avance contra la impunidad trajo un poco de calma. Algo nuevo sucedi¨®: tres de los detenidos ser¨¢n juzgados por homicidio en un tribunal civil como resultado de una sentencia del Tribunal Supremo.

M¨¦xico ha entrado en una fase avanzada de penetraci¨®n y cooptaci¨®n de los gobiernos estatales y locales por parte del crimen organizado

Iguala en cambio ha sido una historia de terror que se desarrolla en c¨¢mara lenta. La b¨²squeda de los estudiantes desaparecidos revel¨® varias fosas clandestinas y decenas de cad¨¢veres, pero las autoridades federales y estales no se han puesto de acuerdo sobre la identificaci¨®n de los cuerpos. Aparentemente hubo un mal manejo de la exhumaci¨®n y de la evidencia; una torpeza intolerable en medio de la tragedia.

Luego de retrasar por cuatro d¨ªas la respuesta al caso de Iguala, el presidente Pe?a Nieto apareci¨® trasladando la responsabilidad al gobierno del estado de Guerrero. En medio de movilizaciones ciudadanas y la indignaci¨®n nacional su respuesta pareci¨® insuficiente. El presidente EPN entonces prometi¨® que ir¨ªa ¡°tope donde tope¡± para llegar a los responsables de esta barbarie. Si bien pocos dudan que el mandatario tiene la mejor intenci¨®n de continuar con la investigaci¨®n hasta las ¨²ltimas consecuencias, la pregunta es si puede hacerlo.

EPN no la tiene f¨¢cil. Primero, porque necesitar¨ªa de un pacto pol¨ªtico para avanzar contra la delincuencia organizada de manera firme y contundente. Segundo, por que se necesitar¨ªa un sistema de procuraci¨®n de justicia con suficiente capacidad para investigar a los grupos criminales y su relaci¨®n con los gobiernos locales. Para decirlo claramente, las buenas intenciones del presidente no corresponden a lo que realmente puede hacer.

Por el momento no parecen estar dadas las condiciones para un pacto pol¨ªtico que involucre a los principales partidos y que le permita al PRI investigar a los gobiernos estatales y locales, de manera independiente. Bajo estas condiciones, la salida del gobernador ?ngel Aguirre, antes que aliviar la tensi¨®n en Guerrero, podr¨ªa aumentar las presiones al gobierno federal. Los procesos de cambio y transformaci¨®n de las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y el sistema de justicia est¨¢n a medio camino ¨C esto siendo optimistas¡­

El crimen organizado es como un ¨¢rbol, ya que usualmente vemos la parte m¨¢s visible en la superficie, pero tiene ondas ra¨ªces bajo tierra. Esas ra¨ªces son los v¨ªnculos pol¨ªticos, econ¨®micos y sociales que genera el crimen para procurar impunidad y protecci¨®n para sus actividades y sus miembros. No es un secreto que M¨¦xico ha entrado en una fase avanzada de penetraci¨®n y cooptaci¨®n de los gobiernos estatales y locales por parte del crimen organizado, de la cual no le ser¨¢ f¨¢cil salir.

Las reformas en el campo de la seguridad y la justicia suelen emerger de situaciones de crisis. Las tragedias de Tlatalya e Iguala exigen el liderazgo del presidente Pe?a Nieto, para promover una pol¨ªtica de Estado que acelere los cambios necesarios. El crimen, la falta de gobernabilidad a nivel local y la impunidad pueden echar al traste el proyecto de modernizaci¨®n econ¨®mica. No hay duda que la modernizaci¨®n de M¨¦xico, esa que EPN ha prometido, hoy pasa por poner fin al horror, la violencia y la impunidad.