La pol¨ªtica de la provocaci¨®n en M¨¦xico

En septiembre del a?o pasado 43 estudiantes de un colegio de maestros, presuntamente fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero en M¨¦xico, a manos de un alcalde y una fuerza policial corrupta en connivencia con una organizaci¨®n local de narcotraficantes. Adem¨¢s de los estudiantes desaparecidos, otras seis personas murieron y 25 resultaron heridas en enfrentamientos con la polic¨ªa y otros grupos armados. A la fecha el paradero de los estudiantes es desconocido. La investigaci¨®n oficial afirma que las v¨ªctimas fueron asesinadas y sus cuerpos incinerados en un basurero de la ciudad.

El desastre de Iguala no es menos escalofriante que la masacre de 72 inmigrantes indocumentados, ejecutados por una facci¨®n del narcotr¨¢fico en agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas. Pero la cruel verdad, es que desde la perspectiva pol¨ªtica el asesinato de decenas de migrantes, en su mayor¨ªa provenientes de Am¨¦rica Central, ha importado menos que la desaparici¨®n de 43 j¨®venes normalistas mexicanos. Lo ocurrido en Iguala ha complicado la gobernabilidad en M¨¦xico, siendo un gatillo que ha disparado la inconformidad e indignaci¨®n de diversos sectores con un sistema pol¨ªtico que es calificado como inepto y corrupto.

Algunas de estas manifestaciones han apelado a la violencia, confrontando a las instituciones abiertamente. Bajo este marco, la desobediencia civil - una forma de expresi¨®n pol¨ªtica en contra de leyes o acciones que se consideran injustas - viene traspasando l¨ªneas rojas y usando la fuerza de manera premeditada en contra del Estado. Estos eventos pueden llevar a una escalada provocando la represi¨®n oficial o en el caso espec¨ªfico de Iguala estas manifestaciones podr¨ªan ser absorbidas de alguna manera por un sistema pol¨ªtico que est¨¢ atrapado en un ciclo de desobediencia.

El estado de Guerrero tiene una larga tradici¨®n de movimientos antisistema radicales, incluyendo el movimiento guerrillero de la d¨¦cada del setenta, liderado por Lucio Caba?as ¨C tambi¨¦n un normalista. No hay entonces que sorprenderse con la emergencia de formas poderosas y agresivas de desobediencia en este territorio. Para dar una idea de las dimensiones de este fen¨®meno, en semanas recientes algunos grupos de disidentes han instalado retenes en las carreteras para recoger ¡°contribuciones¡±. Tambi¨¦n, ellos han robado mercanc¨ªa para distribuir a los pobres, atacado edificios oficiales, as¨ª como sedes de partidos pol¨ªticos. Adem¨¢s, a principios de enero, grupos no identificados atacaron una guarnici¨®n militar en Guerrero, alegando la responsabilidad del Ej¨¦rcito en la cremaci¨®n de los estudiantes. Con estas acciones, es apenas l¨®gico pensar que buscan una respuesta dura del gobierno.

?Qui¨¦nes son los grupos disidentes y cu¨¢les son sus intereses? Algunos son conocidos pero otros operan de manera clandestina y violenta. Los Padres de Familias de los estudiantes desaparecidos, juntos sus asesores y voceros, son la organizaci¨®n civil con mayor visibilidad. Ellos insisten en que los estudiantes permanecen con vida y est¨¢n en manos de alguna organizaci¨®n. Adem¨¢s, sospechan del Ej¨¦rcito que ¨C seg¨²n su versi¨®n - habr¨ªa participado en la desaparici¨®n de algunas de las v¨ªctimas, eliminando los restos de los estudiantes asesinados. Otro grupo es un sindicato de maestros disidentes que se oponen a las reformas federales recientes, las cuales impondr¨ªan normas m¨¢s estrictas sobre la certificaci¨®n de los maestros y amenazar¨ªan el control sindical sobre la contrataci¨®n, la promoci¨®n y las n¨®minas. Adem¨¢s de estas organizaciones se podr¨ªa especular sobre la participaci¨®n de otros grupos.

?Qui¨¦nes se benefician con la insurrecci¨®n? En primer lugar, la organizaciones criminales que ven c¨®mo se deslegitiman las fuerzas armadas y la polic¨ªa federal. En segundo lugar, los diversos intereses pol¨ªticos que pueden sacar ventaja de los problemas de gobernabilidad y cuestionamientos al Estado. Algunos por ejemplo, podr¨ªan beneficiarse si las elecciones programadas para junio se posponen o cancelan. En tercer lugar, los grupos insurgentes de izquierda como el Ej¨¦rcito Popular Revolucionario, que podr¨ªan encontrar en la represi¨®n estatal el momento propici¨® para posicionarse y expandirse.

Mientras tanto, el gobierno del estado de Guerrero permanece impotente y en manos de un partido pol¨ªtico divido y debilitado por la connivencia del ex gobernador con el alcalde de Iguala. El gobierno federal tambi¨¦n es d¨¦bil. El presidente Enrique Pe?a Nieto se encuentra atrapado en esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que involucran un contrato para la construcci¨®n de un tren de alta velocidad y la compra de una mansi¨®n por su esposa, supuestamente financiada por una empresa constructora con intereses en los proyectos del gobierno. Ninguno de los partidos de la oposici¨®n tiene la capacidad de reivindicar la superioridad ¨¦tica, ya que todos tienen esc¨¢ndalos de uno u otro tipo.

Adicionalmente, las fuerzas armadas sufren una serie de acusaciones sobre violaciones a los derechos Humanos, la ¨²ltima de las cuales est¨¢ relacionada con la masacre de 22 personas en el Estado de M¨¦xico en 2014. La polic¨ªa federal, aunque ha mejorado, sigue siendo un instrumento sin mucha potencia y el sistema de justicia contin¨²a careciendo de legitimidad y confianza. Bajo estas circunstancias, nada indica que el gobierno tenga la capacidad de resolver el desastre de Iguala, ni tampoco para usar la coerci¨®n leg¨ªtima contra las formas m¨¢s agresivas de desobediencia civil en Guerrero.

Esto nos lleva a dos escenarios probables. El esc¨¢ndalo de Iguala puede ser absorbido por el sistema pol¨ªtico. Esto implicar¨ªa negociar con algunos disidentes reduciendo la presi¨®n, mientras que las facciones m¨¢s radicales son aisladas. De otro lado, los disidentes pueden provocar una reacci¨®n violenta del gobierno, lo que podr¨ªa movilizar a grupos de oposici¨®n en otras partes del pa¨ªs y una intensificaci¨®n de la crisis actual. En la barrera, los grupos de oposici¨®n esperan el resultado, mientras que el Gobierno se encuentra en una encrucijada.

* John Bailey y Juan Carlos Garz¨®n coordinan el proyecto ¡°Crimen Organizado y Econom¨ªas Criminales en Am¨¦rica Latina y el Caribe¡± en la Universidad de Georgetown. Twitter:?@JCGarzonVergara